La Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, Heba Hagrass, sostiene que las cuotas de género deben incluir de manera explícita a las mujeres con discapacidad y que los escaños reservados en los órganos legislativos consideren las diferentes tipologías de discapacidad. Con base en esta consideración, Naciones Unidas ha urgido a los Estados a implementar mecanismos concretos para alcanzar la participación igualitaria de las personas con discapacidad en la vida política. De acuerdo con Europa Press, la organización apuesta por medidas como la reserva de escaños para este colectivo, el establecimiento de normas de accesibilidad obligatorias y la promoción de entornos políticos abiertos e inclusivos, además de instar a eliminar barreras que obstaculizan su intervención efectiva en la toma de decisiones públicas.
Europa Press ha consignado que el informe ‘Participación igualitaria de las personas con discapacidad en la vida política y pública’, elaborado por Heba Hagrass y presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, describe numerosas dificultades que impiden que quienes tienen discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos políticos. Entre esas dificultades se señalan las restricciones legales que afectan la capacidad jurídica, la persistencia del estigma social y el capacitismo, así como la existencia de espacios políticos inaccesibles, carencia de ajustes razonables, barreras económicas y limitaciones en el acceso a la educación política y el liderazgo.
Según publicó Europa Press, el informe recalca que, pese a la protección legal que otorga la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la presencia de personas con discapacidad en cargos públicos y en la toma de decisiones políticas sigue siendo escasa en la mayoría de los países. La relatora precisa que estas restricciones legales y contextuales menoscaban el derecho de este grupo a la igualdad de condiciones en la participación política y pública, haciendo énfasis en la necesidad de una intervención estatal urgente.
Entre las recomendaciones formuladas, Naciones Unidas sugiere la derogación de normativas que discriminen a las personas con discapacidad y la adopción de medidas afirmativas, como la asignación de escaños reservados y cuotas diferenciadas en listas electorales, diseñadas en consulta directa con las propias personas con discapacidad y tras evaluar cuidadosamente los posibles efectos. El medio Europa Press reporta que el informe también aboga por la introducción de normas obligatorias en materia de accesibilidad, financiamiento público para cubrir gastos derivados de la discapacidad, la mejora en la recopilación de datos y una inversión sostenida destinada al empoderamiento y desarrollo del liderazgo de este colectivo.
El documento advierte que acciones aisladas como la reserva de escaños o la exoneración del pago de tasas de candidatura para quienes tengan discapacidad solo producirán resultados limitados si no se integran en reformas de mayor calado y aplicadas de manera sistemática. El texto recomienda, además, la puesta en marcha de campañas de sensibilización para cuestionar nociones preconcebidas acerca de la competencia, liderazgo y capacidad de toma de decisiones de las personas con discapacidad, con particular atención a aquellas con discapacidad intelectual y psicosocial. Europa Press señala que el informe solicita endurecer las sanciones contra los discursos discriminatorios y de odio.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) remitió aportaciones desde España a la Relatora Especial y manifestó una valoración positiva hacia el informe, el cual recibió un total de 79 contribuciones provenientes de Estados y actores de la sociedad civil. Según registró Europa Press, el CERMI interpreta este informe como una referencia clave en el vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al considerar que refuerza el principio de una democracia inclusiva, en la que no solo se garantice el derecho al voto, sino también la participación efectiva en ámbitos legislativos, ejecutivos y órganos representativos a todos los niveles.
El CERMI ha exhortado públicamente a los poderes públicos y partidos políticos en España a analizar detenidamente las conclusiones recogidas por la ONU y a diseñar medidas específicas orientadas a eliminar tanto barreras normativas como económicas y actitudinales, que hoy limitan el derecho de las personas con discapacidad a ser representantes y a participar plenamente en la vida política.
Dentro de las propuestas presentadas en el informe, la ONU también impulsa la elaboración y el cumplimiento de itinerarios formativos en educación política y liderazgo, con el objetivo de facilitar un acceso real y efectivo al ámbito público. Europa Press recoge que el informe insiste en la importancia de consultar estrechamente a personas con discapacidad durante la elaboración de normas y medidas, lo que permitiría diseñar estrategias que se ajusten a la variedad de experiencias y necesidades dentro de este colectivo.
De acuerdo con Europa Press, la Relatora Especial recalca que la promoción de medidas estructurales garantiza una transformación a largo plazo en cuanto a inclusión y representación política. El texto del informe destaca la urgencia de invertir de forma prolongada en el desarrollo de capacidades y en el empoderamiento, así como de reforzar la recopilación de datos para monitorear progresos y ajustar políticas según la evidencia disponible.
El informe también subraya la necesidad de que las reformas incluyan expresamente a las mujeres con discapacidad y representen la diversidad existente en el colectivo, tanto en lo relativo a los diferentes tipos de discapacidad como a otras interseccionalidades que pueden influir en la participación política. La ONU considera prioritario que la asignación de cuotas y escaños reservados se realice bajo análisis detallado de los potenciales impactos para evitar que estas medidas se conviertan en acciones simbólicas sin repercusión real, según reportó Europa Press.
La investigación presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se apoya en las aportaciones de 79 países y organismos de la sociedad civil, que han permitido documentar de modo exhaustivo las barreras, retos y oportunidades ligadas a la integración política de las personas con discapacidad. Europa Press ha recogido que la discusión internacional sobre estas propuestas persigue avanzar en el reconocimiento y aplicación efectiva del principio de igualdad en todos los ámbitos de la vida pública.
