Cuando todo parecía mejorar en el seno del hogar de Laura Moreno, la joven que, durante años, peleó con la justicia para demostrar su inocencia por la muerte de Luis Andrés Colmenares ocurrida en 2010, un nuevo lío legal vuelve a involucrar a uno de los integrantes de la acomodada familia.
Se trata de Jorge Moreno, empresario y padre de Laura Moreno, que ahora enfrentaría una inminente imputación de cargos por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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Según información conocida por la revista Cambio, la Fiscalía General de la Nación lo vincula con el caso La Patrona, considerado uno de los mayores esquemas de defraudación fiscal en Colombia, con un perjuicio para la Dian que ascendió a unos dos billones de pesos.
El caso La Patrona reveló una red de facturación falsa que, entre 2006 y 2009, permitió a decenas de empresas evadir impuestos y dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito. Olga Lucía Díaz Guzmán, identificada como líder de la estructura, fue capturada en su momento. Posteriormente, colaboró con la justicia y detalló el funcionamiento del sistema y la identidad de sus beneficiarios.
Justamente en medio de su confesión, una de las empresas de Moreno resultó presuntamente involucrada en la red ilícita. Montajes JM, fundada por el empresario en Yopal en 1997, figura entre las principales compañías señaladas.
De acuerdo con el expediente conocido y revelado por la revista Cambio, esta firma habría recurrido a nueve empresas fachada que emitieron facturas por servicios inexistentes. El valor total de las operaciones ficticias sumaría 121.076 millones de pesos.
El mecanismo habría consistido en inflar gastos a través de estas empresas de papel, lo que supuestamente reducía la base gravable y facilitaba que los fondos regresaran al sistema financiero con apariencia de legalidad.
La Fiscalía sostiene que la compañía habría gestionado la facturación ficticia de manera reiterada y no por un simple error contable. Los patrones hallados —coincidencia en fechas, montos similares y empresas emisoras recurrentes— serían, según el ente acusador, claves para sustentar la imputación por lavado de activos y patrimonio ilícito.
Los fiscales argumentan que utilizar facturas falsas para ocultar o legitimar recursos de origen ilícito encuadra en el delito de lavado de activos. Si se demuestra un presunto aumento patrimonial sin causa lícita, podría configurarse el enriquecimiento ilícito. Estas tesis enmarcan el proceso como un asunto penal, no solo administrativo.
En la audiencia tentativa del 19 de enero de 2026, Moreno no asistió por problemas médicos y la diligencia derivó en una conversación entre las partes. La defensa, encabezada por el abogado Héctor Escobar, propuso solventar el caso por vía administrativa, evitando el proceso penal y advirtiendo que llevarlo al ámbito judicial pondría en riesgo la estabilidad financiera de la empresa y limitaría la recuperación fiscal para la Dian.
Escobar advirtió que una imputación provocaría consecuencias inmediatas, como el bloqueo bancario y la posible quiebra de Montajes JM, lo que imposibilitaría los acuerdos de pago con la Dian ya vigentes.
“Al final, la Dian se va a quedar sin el pan y sin el queso”, manifestó Escobar, según la grabación obtenida por Cambio. Insistió en que la continuidad de la empresa resulta clave para la devolución de recursos al Estado.
Según la defensa, la compañía cuenta actualmente con acuerdos tributarios y bancarios. El abogado sugirió que el caso debe resolverse mediante multas o acuerdos administrativos, considerando que los hechos investigados corresponden a ejercicios fiscales pasados y no configuran un delito penal. También alertó sobre el posible daño reputacional para su cliente y la empresa debido a la exposición pública del proceso.
Sin embargo, el fiscal jefe del caso rechazó esa alternativa. Explicó que la documentación y hechos presentados no permiten una salida administrativa y que la imputación penal es “un requisito sine qua non”. Enfatizó que la Fiscalía debe actuar formalmente contra delitos graves como el lavado de activos, para los cuales la ley restringe acuerdos anticipados.
Por su parte, Jesús Albeiro Yepes, otro abogado de la defensa, recalcó que el expediente es de carácter reservado y rechazó la difusión mediática. Sostuvo que la divulgación del caso, por tratarse de información protegida, es sancionada por la ley.
El Código de Procedimiento Penal colombiano establece que, cuando existen indicios fundados de delito, la Fiscalía tiene el deber de investigar y formular imputación de cargos. Esta etapa, sin ser una condena, resulta fundamental para formalizar la acusación y abrir el debate judicial.
En hechos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito, las posibilidades de acuerdo anticipado son limitadas y requieren control judicial, según información divulgada por el diario nacional.
