Durante una entrevista en el programa ‘La hora de La 1’, Mónica García expuso que existen diversas modalidades de colaboración entre sectores público y privado en la gestión sanitaria, algunas de las cuales tienen un impacto perjudicial sobre la sanidad pública y los recursos del Estado. Según informó Europa Press, la ministra de Sanidad remarcó la necesidad de exponer y revertir aquellos modelos de gestión que, a su juicio, constituyen mecanismos de “malversación oculta de fondos públicos”, argumentando que solo mediante la transparencia y la investigación se podrá garantizar una administración sanitaria alineada con el bienestar colectivo.
La declaración de García llegó tras la aprobación del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), un texto legislativo que, según publicó Europa Press, aborda precisamente el modo en que se pueden revertir los servicios externalizados en el sistema sanitario. García detalló que la reversión de estos modelos de gestión depende, en muchas ocasiones, de la expiración de los contratos vigentes, aunque existen otras vías legales y administrativas para abordar la recuperación de servicios. La ministra explicó que, además de esperar el vencimiento de acuerdos, las autoridades investigan activamente los procedimientos y mecanismos que han posibilitado el desvío de fondos públicos, con el objetivo de “sacar a la luz” aquellos casos considerados lesivos o perjudiciales.
De acuerdo con la información recogida por Europa Press, García defendió que la futura norma busca frenar la expansión de modelos público-privados que considera “muy lesivos” tanto para la salud pública como para las finanzas estatales. En su evaluación, insistió en que solo gobiernos con determinación y convicción pueden revertir aquellas fórmulas que resultan desfavorables para el sistema sanitario y el interés general. Al referirse a las posibles consecuencias de la nueva ley, la responsable de Sanidad expresó su esperanza de que entre en vigor a la mayor brevedad, con el fin de permitir la derogación de la Ley 15/97, legislación que ha permitido en los últimos años múltiples fórmulas de privatización sanitaria en diversos territorios de España.
Según detalló Europa Press, la ministra enfatizó la existencia de modelos de colaboración entre lo público y lo privado que pueden ser considerados “sanos” siempre que no persigan fines lucrativos. Explicó que, en su opinión, existen distintas fórmulas de conciertos o acuerdos en el país: mientras algunos, como los gestionados por Quirón y Ribera Salud, se consideran “tóxicos” y poco beneficiosos para la ciudadanía, otros pueden mantenerse dentro de la legalidad y el interés colectivo, siempre que no favorezcan resultados empresariales a costa de la sanidad pública. García definió el anteproyecto como una ley orientada al “sentido común”, subrayando la necesidad de acotar las prácticas especuladoras en el sector sanitario.
Europa Press también reportó las reacciones entre los responsables autonómicos, especialmente en Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó su rechazo al anteproyecto y amenazó con recurrirlo ante los tribunales. García consideró que esta reacción refuerza la justificación de la medida, ya que la futura ley aspira a limitar las oportunidades de privatización y de especulación en la sanidad. En palabras publicadas por Europa Press, la ministra afirmó: “Los tribunales se la van a llevar a ella (a Ayuso) más pronto que tarde por todos estos tejemanejes y toda esta malversación que está habiendo de fondos públicos con la sanidad pública en Madrid”.
Al abordar la posibilidad de que la Comunidad de Madrid obstaculice la implementación de la ley mediante procedimientos judiciales, García destacó el volumen de litigios emprendidos por el ejecutivo madrileño contra leyes del Gobierno, ironizando sobre el hecho de que la presidenta “se pasa más tiempo llevando a los tribunales leyes del Gobierno que gobernando realmente y haciendo leyes para que funcionen sus servicios públicos”. Con estas declaraciones, difundidas por Europa Press, la ministra articuló una defensa de la norma en términos de protección del interés público frente a las estrategias judiciales de determinadas administraciones autonómicas.
Durante la entrevista, según recogió Europa Press, la ministra insistió en la importancia de avanzar en reformas legales que impidan la “horadación” del derecho a la protección de la salud y de la existencia de una sanidad pública orientada exclusivamente al bienestar ciudadano. Reiteró que el exceso de fórmulas privatizadoras puede convertir la sanidad en un escenario favorable para intereses económicos particulares, haciendo necesario un marco legal que refuerce la integridad y la transparencia en la gestión de los recursos sanitarios provenientes del Estado.
A lo largo de la conversación, García diferenció explícitamente entre modelos de colaboración público-privada aceptables y aquellos que considera especialmente lesivos. De acuerdo con las informaciones de Europa Press, la ministra precisó que el anteproyecto de ley no pretende eliminar todos los acuerdos entre administraciones públicas y entidades privadas, sino regularlos y garantizar que no se conviertan en fuentes de malversación o beneficio económico injustificado a costa del interés colectivo. La ministra expuso que la diversidad de modelos existentes requiere una evaluación detallada y un marco normativo capaz de diferenciar entre aquellos modelos que contribuyen a la eficiencia en la gestión y aquellos que afectan negativamente a los recursos y derechos ciudadanos.
En este contexto, García apeló tanto a la firmeza institucional como a la valentía política para acometer procesos de reversión de servicios externalizados y defender una sanidad pública íntegra. Según la información reproducida por Europa Press, insistió en la necesidad de que los gobiernos asuman la responsabilidad de revertir prácticas y contratos identificados como perjudiciales para la sanidad y las arcas públicas.
El debate sobre el futuro de los modelos de colaboración entre el sector público y el privado en el sistema de salud español se sitúa así en el centro de la actualidad política y social, impulsado por el nuevo marco legislativo propuesto y por la controversia en torno a su aplicación en comunidades autónomas como Madrid, donde la judicialización de la política sanitaria abre nuevos escenarios de incertidumbre e intervención institucional.