El debate relativo al posible regreso de Juan Carlos I a España y su relación tributaria con el país ha generado diferencias políticas, especialmente a raíz de recientes declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien propuso el retorno del monarca emérito tras la publicación de documentos desclasificados sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Según consignó el medio, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, manifestó que la iniciativa de Feijóo ha reabierto polémicas que perturban tanto a las instituciones como a la opinión pública, en el marco de una controversia centrada en la residencia fiscal de Juan Carlos I.
De acuerdo con la fuente, Montero, en declaraciones a los medios en Sevilla durante un acto sobre el sector agrario junto a Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, expresó su respaldo a la postura oficial de la Casa Real en torno a la normativa fiscal aplicable a Juan Carlos I si decide volver a residir en territorio nacional. Montero afirmó: «Como ministra de Hacienda no puedo estar más de acuerdo» con la premisa de la Casa Real, que establece como requisito la residencia superior a 183 días en España para adquirir la condición de residente fiscal.
La ministra remarcó que esta disposición se ajusta al marco legal vigente y reiteró su conformidad con los criterios planteados por la Casa Real al respecto. A su vez, dirigió críticas al líder del Partido Popular por alentar lo que consideró un debate institucional innecesario. Tal como publicó el medio, Montero señaló su desacuerdo con Feijóo al calificar su postura como «despropósito». Añadió que la propuesta del dirigente popular introduce cuestiones que, en sus palabras, «no tienen ni pies ni cabeza», subrayando que la posibilidad del regreso de Juan Carlos I debe gestionarse únicamente dentro de lo acordado con la propia Casa Real y conforme a la legislación tributaria.
Según detalló la fuente, Montero cuestionó el enfoque del Partido Popular ante la reciente decisión del Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, de desclasificar documentos relacionados con el 23-F con motivo de su 45 aniversario. En su intervención, la ministra recordó que el PP inicialmente desestimó esta medida tildándola de «cortina de humo», para luego impulsar, a su juicio, una polémica sin objeto claro que ha supuesto una tensión innecesaria de cara a la Casa Real.
La también secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta manifestó que la actitud del líder popular genera confusión en torno al debate, al sugerir que el regreso del rey emérito responde a una reclamación gubernamental. Montero subrayó que ni el Ejecutivo ni los partidos que lo apoyan han expresado rechazo a la eventual vuelta de Juan Carlos I, señalando que esa decisión corresponde estrictamente al propio interesado, y que cualquier retorno debe coordinarse con la institución monárquica.
En sus declaraciones, Montero continuó su crítica apuntando que Feijóo, al volver sobre el tema de Juan Carlos I y vincularlo con el contexto de los documentos desclasificados sobre la defensa de la democracia, según el medio, ha ido más allá de lo deseado por la Casa Real, generando lo que catalogó como «mala oportunidad» para establecer un reconocimiento sobre el papel del monarca emérito. Destacó que estas propuestas vuelven a situar en el espacio público debates que, según su criterio, carecen de fundamento y resultan incómodos para las instituciones estatales.
De acuerdo con las informaciones difundidas, Montero concluyó que este tipo de planteamientos por parte de Feijóo denotan desconocimiento sobre el papel que corresponde tanto a los líderes políticos como a las instituciones en el marco democrático, sugiriendo que la polémica deriva de una falta de ubicación respecto a las funciones y deberes institucionales.
A través de sus intervenciones recogidas por el medio, la ministra insistió en que la controversia generada excede el ámbito fiscal o legal, y desplaza el foco hacia la conveniencia institucional y la coordinación que, en última instancia, debe marcar el retorno del monarca emérito. Montero marcó distancia respecto a los enfoques del Partido Popular y reiteró su conformidad con la premisa fijada por la Casa Real, afirmando que cualquier regreso de Juan Carlos I se debe tramitar en consonancia con la institución y según lo dispuesto por la normativa tributaria española.
