A un mes de asumir la Presidencia de la República de Honduras el 27 de enero de 2026, Nasry Asfura ha trazado los ejes de su gobierno con un enfoque en la reorganización estatal y la estabilidad económica.
Su administración ha destinado recursos a la consolidación de equipos profesionales, el aumento de fondos para fiscalización y la concertación de acuerdos con organismos internacionales, buscando sentar las bases de una gestión eficaz que promete reformar la eficiencia y la transparencia.
Entre los puntos más destacados de este primer mes, Asfura confirmó la decisión de duplicar los fondos al Tribunal Superior de Cuentas, con el propósito de robustecer los sistemas de auditoría y fiscalización sobre el gasto público. Además y según informó Casa Presidencial, la nueva administración logró la aprobación de un financiamiento de USD 70 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer el sistema educativo y los servicios básicos, un acuerdo presentado como muestra de la confianza internacional en el gobierno hondureño.
La orientación estratégica se fundamenta en la optimización del aparato estatal. Desde su investidura, Asfura propuso una reestructuración administrativa dirigida a reducir la duplicidad de funciones, fusionar instituciones y racionalizar el gasto. El objetivo, de acuerdo con la Presidencia, es liberar recursos para invertir en proyectos sociales e infraestructura, a la vez que se incrementa la eficiencia en los servicios públicos.
Nombramientos técnicos y equilibrio político en los equipos de gobierno
El fortalecimiento institucional se evidenció en la designación de figuras con perfiles más técnicos que políticos como ha sido costumbre. Entre los nombramientos, Roberto Lagos asumió la presidencia del Banco Central de Honduras, lo que se interpretó como una apuesta del gobierno por la experiencia en política monetaria y análisis macroeconómico. En entrevistas a medios nacionales, Lagos afirmó: “No habrá saltos abruptos en el tipo de cambio”, reafirmando el compromiso con la estabilidad fiscal.
La selección de estos perfiles también alcanzó otras áreas estratégicas. En este primer mes, se juramentaron nuevas autoridades en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola y entidades vinculadas a infraestructura y gestión de riesgos. Casa Presidencial explicó que la prioridad es contar con funcionarios experimentados en administración pública, finanzas y gestión técnica, aunque también se incorporaron figuras políticas relevantes.
Este equilibrio entre profesionales técnicos y políticos generó altas expectativas en distintos sectores, que consideraron que el presidente busca maximizar la eficiencia administrativa y mantener el respaldo legislativo necesario para avanzar en reformas. La combinación, aparece como una vía para asegurar gobernabilidad y, al mismo tiempo, garantizar resultados concretos.
En el área de previsión social, se creo una comisión interventora en el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio. Casa de Gobierno precisó que el objetivo es revisar la situación financiera, garantizar la estabilidad de los fondos y aumentar la transparencia en la gestión, iniciativa que generó tanto respaldo como solicitudes de mayor claridad respecto al alcance de la intervención.
El presidente anunció el inminente envío al Congreso de una Ley Antisoborno, marco legal con el que pretende fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción, ejes constantes en su discurso ante la opinión pública.
En el plano internacional, Asfura sostuvo encuentros con representantes del Fondo Monetario Internacional para fortalecer programas de cooperación y asegurar la estabilidad macroeconómica del país. Los reportes oficiales señalaron que la apuesta en inversión pública, orden fiscal y generación de empleo será central en la estrategia a mediano plazo.
La administración ha ratificado el compromiso con el desarrollo del norte de Honduras, zona estratégica en términos económicos. Se anunciaron acciones coordinadas entre distintos entes de gobierno para impulsar proyectos de infraestructura, salud, turismo y generación de empleo, lo que se interpreta como un avance hacia la descentralización de las políticas estatales.
Para fortalecer el desarrollo local, el gobierno anunció la creación del Programa Presidencial para el Fortalecimiento y Descentralización, el cual trabajará con los 298 municipios para dar cumplimiento a la Ley de Descentralización. Asimismo, se priorizará la rehabilitación del Puerto de Enecán, en el sur del país, y la creación de un sistema anticorrupción para servidores públicos.
El Ejecutivo subrayó que las medidas tomadas buscan frenar el gasto insostenible en planillas, que creció drásticamente en la administración anterior. El ahorro proyectado será redirigido exclusivamente a las prioridades nacionales: salud, educación y seguridad, asegurando que cada lempira sea invertido con eficiencia social.
