Este 5 de abril se cumplieron dos años de uno de los episodios más tensos en la política exterior de México: el asalto de fuerzas policiales ecuatorianas a la Embajada de México en Quito, ordenado por el presidente Daniel Noboa para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo diplomático del gobierno mexicano. El operativo derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, una herida que aún no cierra del todo.
La fecha no pasó desapercibida. A dos años del hecho, el propio Noboa salió a defender públicamente su decisión a través de su cuenta de X.
Noboa responde: “En la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”
Ante las voces que han calificado a Glas como “preso político”, el mandatario ecuatoriano fue directo: “Quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente”, escribió, y enumeró los cargos que pesan sobre el exfuncionario:
- Asociación ilícita en el caso Odebrecht, una red de sobornos transnacional
- Cohecho en el caso Sobornos 2012-2016
- Peculado en el caso Reconstrucción de Manabí
Noboa además advirtió que las presiones externas para cuestionar la detención de Glas constituyen “un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención”, consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA.
El estado de Glas y la presión internacional
Actualmente, Glas cumple una pena de ocho años por cohecho y asociación ilícita, y otra de trece años por malversación de fondos públicos en la Cárcel del Encuentro, un centro de máxima seguridad impulsado por Noboa e inspirado en el modelo carcelario del presidente Nayib Bukele en El Salvador.
El pasado 4 de abril, un juez negó un recurso de habeas corpus correctivo interpuesto a favor de Glas para que se le aumentaran las porciones de comida y se le otorgara atención médica especializada, al considerar que no se han violado sus derechos.
Desde el otro lado, el expresidente Rafael Correa afirmó que Glas es “el preso político de América Latina en peores condiciones”, luego de que el juez negara dicho recurso.
El vínculo con México: una fractura diplomática que persiste
Claro, aquí tienes una versión con tono periodístico y narrativa informativa:
El asalto a la embajada de México en Quito, ocurrido en 2024, marcó un quiebre en la relación bilateral y en la tradición diplomática regional. La irrupción de fuerzas ecuatorianas en la sede diplomática mexicana no solo vulneró la inviolabilidad de las embajadas, principio consagrado en la Convención de Viena, sino que motivó condenas de gobiernos latinoamericanos y organismos multilaterales.
México enfrentó así una de las pruebas más severas a su histórica política de asilo diplomático. La decisión de Ecuador de ingresar a la embajada para detener a Jorge Glas, alegando motivos de justicia penal, puso en entredicho una práctica que ha servido como resguardo para perseguidos políticos en América Latina.
Mientras persiste la discusión sobre la condición de Glas —para unos, un exvicepresidente sentenciado por corrupción; para otros, un preso político—, el hecho irrefutable es el allanamiento a la sede mexicana. El episodio alteró de manera significativa la relación entre México y Ecuador, y dejó una advertencia sobre los límites y desafíos del derecho internacional en la región.
Este 5 de abril se cumplieron dos años de uno de los episodios más tensos en la política exterior de México: el asalto de fuerzas policiales ecuatorianas a la Embajada de México en Quito, ordenado por el presidente Daniel Noboa para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo diplomático del gobierno mexicano. El operativo derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, una herida que aún no cierra del todo.
La fecha no pasó desapercibida. A dos años del hecho, el propio Noboa salió a defender públicamente su decisión a través de su cuenta de X.
Noboa responde: “En la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”
Ante las voces que han calificado a Glas como “preso político”, el mandatario ecuatoriano fue directo: “Quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente”, escribió, y enumeró los cargos que pesan sobre el exfuncionario:
- Asociación ilícita en el caso Odebrecht, una red de sobornos transnacional
- Cohecho en el caso Sobornos 2012-2016
- Peculado en el caso Reconstrucción de Manabí
Noboa además advirtió que las presiones externas para cuestionar la detención de Glas constituyen “un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención”, consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA.
El estado de Glas y la presión internacional
Actualmente, Glas cumple una pena de ocho años por cohecho y asociación ilícita, y otra de trece años por malversación de fondos públicos en la Cárcel del Encuentro, un centro de máxima seguridad impulsado por Noboa e inspirado en el modelo carcelario del presidente Nayib Bukele en El Salvador.
El pasado 4 de abril, un juez negó un recurso de habeas corpus correctivo interpuesto a favor de Glas para que se le aumentaran las porciones de comida y se le otorgara atención médica especializada, al considerar que no se han violado sus derechos.
Desde el otro lado, el expresidente Rafael Correa afirmó que Glas es “el preso político de América Latina en peores condiciones”, luego de que el juez negara dicho recurso.
El vínculo con México: una fractura diplomática que persiste
Claro, aquí tienes una versión con tono periodístico y narrativa informativa:
El asalto a la embajada de México en Quito, ocurrido en 2024, marcó un quiebre en la relación bilateral y en la tradición diplomática regional. La irrupción de fuerzas ecuatorianas en la sede diplomática mexicana no solo vulneró la inviolabilidad de las embajadas, principio consagrado en la Convención de Viena, sino que motivó condenas de gobiernos latinoamericanos y organismos multilaterales.
México enfrentó así una de las pruebas más severas a su histórica política de asilo diplomático. La decisión de Ecuador de ingresar a la embajada para detener a Jorge Glas, alegando motivos de justicia penal, puso en entredicho una práctica que ha servido como resguardo para perseguidos políticos en América Latina.
Mientras persiste la discusión sobre la condición de Glas —para unos, un exvicepresidente sentenciado por corrupción; para otros, un preso político—, el hecho irrefutable es el allanamiento a la sede mexicana. El episodio alteró de manera significativa la relación entre México y Ecuador, y dejó una advertencia sobre los límites y desafíos del derecho internacional en la región.
