El déficit de autonomía presupuestaria y la falta de capacidad para gestionar fondos propios limitan el funcionamiento de la Fiscalía en España, según señalaron responsables del Ministerio Público y expertos en derecho penal. Este obstáculo, sumado al modelo de instrucción penal vigente, genera dificultades para dar respuesta a los retos judiciales contemporáneos y motiva la exigencia de una reforma profunda del sistema. De acuerdo con lo publicado por varios medios, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, expresó en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid que la transformación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal representa una solución para aliviar las presiones que enfrenta el sistema judicial actual y adecuarlo a las complejidades del siglo XXI.
Según detalló el medio Europa Press, Peramato defendió la transferencia de la fase de investigación penal a cargo de los fiscales, dejando en manos de los jueces la tarea exclusiva de juzgar y ejecutar lo juzgado, tal como indica la Constitución. Consideró esta propuesta como una “reivindicación histórica de la Fiscalía”, compartida por la mayoría de los juristas. “El fiscal tiene que investigar y el juez, juzgar”, afirmó Peramato, subrayando la necesidad de un cambio que permita reenfocar los roles de ambas figuras del proceso penal e instaurar un modelo procesal ajustado a las demandas actuales de la sociedad.
La fiscal general del Estado incidió en que el sistema judicial opera bajo una sobrecarga que lo deja al borde del colapso, y consideró que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal constituye un paso fundamental, ya que, afirmó, “las costuras del sistema judicial actual ya no aguantan más”. Según consignó Europa Press, el proyecto para modificar la instrucción penal llegó al Congreso después de sucesivos intentos de gobiernos previos, lo cual, según Peramato, lo convierte en un hito en el debate sobre la modernización de la justicia en España.
Para Peramato, los retos judiciales del siglo XXI exigen mecanismos más dinámicos y una mayor especialización. En sus declaraciones, enfatizó que el actual marco, que proviene del siglo XIX, carece de la flexibilidad necesaria para atender a una sociedad más compleja. Propuso situar a los fiscales como responsables directos de la investigación y limitar a los jueces a labores de enjuiciamiento, ejecución de sentencias o supervisión de garantías, funciones que ya recogen los principios normativos.
Además, subrayó la importancia de que el Ministerio Público preserve el principio de igualdad y no actúe como un órgano de poder. Destacó, además, que el Fiscal General del Estado mantiene total independencia del Gobierno y no puede ser cesado o renovado de forma arbitraria por el Ejecutivo, procurando así evitar influencias políticas directas en la labor fiscalizadora de la institución.
Según reportó Europa Press, Peramato valoró positivamente la estructura interna y la especialización del Ministerio Fiscal, características que permiten abordar investigaciones complejas con mayor agilidad. Describió el trabajo en equipo, tanto en el seno de la propia Fiscalía como con otros organismos implicados, como un factor fundamental para desarrollar investigaciones relativas a manifestaciones delictivas graves y complejas.
No obstante, apuntó las limitaciones derivadas de la ausencia de autonomía en distintos ámbitos: reglamentario, organizativo, formativo, digital y, en particular, presupuestario. Insistió en que disponer de recursos propios y la capacidad real de gestionarlos garantizarían una autonomía institucional genuina. En palabras de Peramato, “las instituciones solo pueden funcionar con verdadera autonomía si tienen su propio presupuesto”.
La jornada sirvió también como espacio para la intervención del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien, desde el público, reafirmó la urgencia de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Citó a Peramato para ilustrar el estado de tensión que vive el sistema judicial: “las costuras del sistema están a punto de reventar”. García Ortiz explicó que la Fiscalía se ve imposibilitada de acometer su labor de instrucción “no por falta de capacidad, ni por desdén”, sino por dificultades físicas y agendas incompatibles con la doble exigencia que el sistema actual impone. Explicó que en España convergen dos sistemas procesales opuestos, ya que la Fiscalía Europea posee capacidad de instrucción que no tiene la Fiscalía española.
En palabras de García Ortiz, la situación resulta insostenible y genera insatisfacción tanto entre los fiscales como entre las víctimas de delitos y en la opinión pública. Relató que la imposibilidad de los fiscales para desempeñar plenamente su rol procesal provoca frustración profesional y supone una fuente de malestar social. Además, hizo referencia a la experiencia personal tras su destitución en noviembre a raíz de una condena del Tribunal Supremo por revelación de secretos.
Durante las intervenciones, se puso en relieve la doble exigencia que supone para la Fiscalía compaginar la investigación con el resto de responsabilidades asignadas en el contexto actual. Según Europa Press, García Ortiz señaló que resulta imposible, por cuestiones de carga de trabajo y organización, cumplir con las demandas que impone el modelo de instrucción compartido. Remarcó también que la percepción pública sobre la falta de implicación de la Fiscalía muchas veces obedece a esta realidad estructural y no a una voluntad de desentenderse.
Los participantes coincidieron en que cualquier modificación futura debe considerar la incorporación de mecanismos que aseguren tanto la independencia funcional como la dotación de recursos suficientes. Según informaciones recogidas por Europa Press, los responsables del Ministerio Público insistieron en la necesidad de que España adopte un sistema procesal más ágil, especializado y autónomo, fundamentado en las mejores prácticas y en la experiencia ya puesta en marcha por organismos como la Fiscalía Europea.
En síntesis, la jornada celebrada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales sirvió de foro para insistir en la urgencia de una reforma estructural y en la importancia de ajustar los mecanismos de investigación penal a la realidad social actual, con los fiscales como principales responsables de la instrucción y los jueces enfocados en la tarea judicial estricta.
El déficit de autonomía presupuestaria y la falta de capacidad para gestionar fondos propios limitan el funcionamiento de la Fiscalía en España, según señalaron responsables del Ministerio Público y expertos en derecho penal. Este obstáculo, sumado al modelo de instrucción penal vigente, genera dificultades para dar respuesta a los retos judiciales contemporáneos y motiva la exigencia de una reforma profunda del sistema. De acuerdo con lo publicado por varios medios, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, expresó en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid que la transformación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal representa una solución para aliviar las presiones que enfrenta el sistema judicial actual y adecuarlo a las complejidades del siglo XXI.
Según detalló el medio Europa Press, Peramato defendió la transferencia de la fase de investigación penal a cargo de los fiscales, dejando en manos de los jueces la tarea exclusiva de juzgar y ejecutar lo juzgado, tal como indica la Constitución. Consideró esta propuesta como una “reivindicación histórica de la Fiscalía”, compartida por la mayoría de los juristas. “El fiscal tiene que investigar y el juez, juzgar”, afirmó Peramato, subrayando la necesidad de un cambio que permita reenfocar los roles de ambas figuras del proceso penal e instaurar un modelo procesal ajustado a las demandas actuales de la sociedad.
La fiscal general del Estado incidió en que el sistema judicial opera bajo una sobrecarga que lo deja al borde del colapso, y consideró que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal constituye un paso fundamental, ya que, afirmó, “las costuras del sistema judicial actual ya no aguantan más”. Según consignó Europa Press, el proyecto para modificar la instrucción penal llegó al Congreso después de sucesivos intentos de gobiernos previos, lo cual, según Peramato, lo convierte en un hito en el debate sobre la modernización de la justicia en España.
Para Peramato, los retos judiciales del siglo XXI exigen mecanismos más dinámicos y una mayor especialización. En sus declaraciones, enfatizó que el actual marco, que proviene del siglo XIX, carece de la flexibilidad necesaria para atender a una sociedad más compleja. Propuso situar a los fiscales como responsables directos de la investigación y limitar a los jueces a labores de enjuiciamiento, ejecución de sentencias o supervisión de garantías, funciones que ya recogen los principios normativos.
Además, subrayó la importancia de que el Ministerio Público preserve el principio de igualdad y no actúe como un órgano de poder. Destacó, además, que el Fiscal General del Estado mantiene total independencia del Gobierno y no puede ser cesado o renovado de forma arbitraria por el Ejecutivo, procurando así evitar influencias políticas directas en la labor fiscalizadora de la institución.
Según reportó Europa Press, Peramato valoró positivamente la estructura interna y la especialización del Ministerio Fiscal, características que permiten abordar investigaciones complejas con mayor agilidad. Describió el trabajo en equipo, tanto en el seno de la propia Fiscalía como con otros organismos implicados, como un factor fundamental para desarrollar investigaciones relativas a manifestaciones delictivas graves y complejas.
No obstante, apuntó las limitaciones derivadas de la ausencia de autonomía en distintos ámbitos: reglamentario, organizativo, formativo, digital y, en particular, presupuestario. Insistió en que disponer de recursos propios y la capacidad real de gestionarlos garantizarían una autonomía institucional genuina. En palabras de Peramato, “las instituciones solo pueden funcionar con verdadera autonomía si tienen su propio presupuesto”.
La jornada sirvió también como espacio para la intervención del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien, desde el público, reafirmó la urgencia de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Citó a Peramato para ilustrar el estado de tensión que vive el sistema judicial: “las costuras del sistema están a punto de reventar”. García Ortiz explicó que la Fiscalía se ve imposibilitada de acometer su labor de instrucción “no por falta de capacidad, ni por desdén”, sino por dificultades físicas y agendas incompatibles con la doble exigencia que el sistema actual impone. Explicó que en España convergen dos sistemas procesales opuestos, ya que la Fiscalía Europea posee capacidad de instrucción que no tiene la Fiscalía española.
En palabras de García Ortiz, la situación resulta insostenible y genera insatisfacción tanto entre los fiscales como entre las víctimas de delitos y en la opinión pública. Relató que la imposibilidad de los fiscales para desempeñar plenamente su rol procesal provoca frustración profesional y supone una fuente de malestar social. Además, hizo referencia a la experiencia personal tras su destitución en noviembre a raíz de una condena del Tribunal Supremo por revelación de secretos.
Durante las intervenciones, se puso en relieve la doble exigencia que supone para la Fiscalía compaginar la investigación con el resto de responsabilidades asignadas en el contexto actual. Según Europa Press, García Ortiz señaló que resulta imposible, por cuestiones de carga de trabajo y organización, cumplir con las demandas que impone el modelo de instrucción compartido. Remarcó también que la percepción pública sobre la falta de implicación de la Fiscalía muchas veces obedece a esta realidad estructural y no a una voluntad de desentenderse.
Los participantes coincidieron en que cualquier modificación futura debe considerar la incorporación de mecanismos que aseguren tanto la independencia funcional como la dotación de recursos suficientes. Según informaciones recogidas por Europa Press, los responsables del Ministerio Público insistieron en la necesidad de que España adopte un sistema procesal más ágil, especializado y autónomo, fundamentado en las mejores prácticas y en la experiencia ya puesta en marcha por organismos como la Fiscalía Europea.
En síntesis, la jornada celebrada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales sirvió de foro para insistir en la urgencia de una reforma estructural y en la importancia de ajustar los mecanismos de investigación penal a la realidad social actual, con los fiscales como principales responsables de la instrucción y los jueces enfocados en la tarea judicial estricta.
