El presidente Gustavo Petro respondió a la solicitud de Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) asegurando que el incremento del salario mínimo no implica necesariamente un alza automática en el precio de estas viviendas.
“No existe una relación directa que obligue a aumentar el valor de la VIS por el salario mínimo”, afirmó el mandatario en su mensaje en la red social X.
La controversia surgió luego de que Camacol —el gremio de los constructores— pidiera explicaciones técnicas al Gobierno sobre la fórmula para calcular el precio tope de la VIS tras el reciente aumento del salario mínimo, que subió un 23,7 % para 2026 y alcanzó los dos millones de pesos.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Según la organización, la ley establece que el precio máximo de las viviendas de interés social está indexado al salario mínimo, lo que genera inquietud en el sector ante la posibilidad de que los costos de construcción y venta se incrementen automáticamente.
En su publicación, Petro recalcó: “El salario vital no eleva sustancialmente el precio de la vivienda”, desestimando la preocupación del gremio y señalando que los topes fijados por ley son límites máximos, no incrementos automáticos. Además, el presidente criticó la práctica de ajustar los precios según el aumento salarial y calificó de “irregular” trasladar ese incremento directamente al consumidor final.
El jefe de Estado también arremetió contra algunos medios de comunicación: “La prensa es incendiaria cuando trata el tema de los precios de la vivienda”, escribió, refiriéndose a lo que considera una interpretación exagerada de sus comentarios y decisiones sobre la política de vivienda.
Camacol argumentó que la mano de obra representa cerca del 25% de los costos directos de construcción y que cualquier aumento salarial impacta directamente en la estructura de costos del sector. Por ello, solicitó al Ejecutivo claridad sobre los criterios técnicos que se emplearán para mantener la sostenibilidad financiera de los proyectos de VIS.
El Gobierno anunció que trabaja en un decreto para desindexar el valor de la VIS del salario mínimo, con el objetivo de evitar alzas desproporcionadas y proteger a los compradores. El decreto, en trámite, busca armonizar el tope máximo general de estas viviendas en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, como lo dispone el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Camacol prende las alarmas por decreto del Gobierno sobre precios de la vivienda social
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) alertó sobre el impacto que podría tener el borrador de decreto del Ministerio de Vivienda, que busca que el valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) solo se fije en pesos colombianos y prohíba su referencia al salario mínimo desde el inicio de la preventa.
Desde la perspectiva de Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, esta decisión representa “un control artificial de precios” que, según advirtió en un comunicado difundido el 15 de enero, “altera reglas clave que dan viabilidad a los proyectos VIS”. Herrera recalcó al medio que el decreto desconoce el marco legal vigente, el cual permite que el precio se exprese en pesos o en salarios mínimos legales mensuales vigentes, y solo se define definitivamente en el momento de la escrituración.
Para el gremio, la propuesta podría reducir la oferta de vivienda social, generar inseguridad jurídica y dificultar el acceso de miles de familias a una vivienda formal. “El control de precios no reduce el valor de la vivienda; por el contrario, se traduce en menos oferta y mayores barreras de acceso para miles de familias”, sostuvo de forma enfática el dirigente.
“La vivienda no puede asimilarse a un bien de consumo inmediato”, explicó Herrera. Describió que los proyectos de VIS requieren planeación, preventa, financiación, construcción y entrega, procesos que pueden extenderse entre cuatro y cinco años.
Durante ese tiempo, los constructores enfrentan fluctuaciones en los costos de materiales, mano de obra, tasas de interés y normativas, por lo que “realizar ajustes razonables en los precios futuros garantiza la sostenibilidad financiera de los proyectos”, puntualizó el presidente del gremio.
La crítica principal de Camacol es que una fijación rígida de precios en pesos, desde la etapa inicial, no contempla la dinámica propia de la vivienda social y puede desincentivar el desarrollo de nuevos proyectos. Para el sector, la iniciativa del Gobierno introduce además “serias dudas sobre las facultades legales del Ejecutivo para intervenir de manera directa el mercado de vivienda social”.
Así, la advertencia de Camacol marca un nuevo episodio en la tensión entre el sector de la construcción y la política de vivienda impulsada desde el Gobierno nacional.
