El acusado explicó durante la vista que en el perfil de la red social de la joven figuraba el año 2000 como fecha de nacimiento, lo que, según su declaración, le llevó a creer que ella era mayor de edad y que residía en una residencia de estudiantes. La defensa calificó el contacto entre ambos como el inicio de una relación sentimental y sostuvo que, durante toda la relación, en ningún momento existió imposición ni violencia. Sobre esta base, la acusación y la defensa mantuvieron posiciones opuestas en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Lugo por supuestos hechos ocurridos en Monforte en el año 2000. Según reportó el medio, la Fiscalía le atribuyó al procesado tres episodios de agresión sexual y lesiones contra una menor de 16 años, solicitando un total de 27 años de prisión.
El hombre, de 35 años en la actualidad y de nacionalidad marroquí, se enfrentó no sólo a acusaciones de abuso sexual en reiteradas ocasiones, sino también a un cargo de violencia de género, tal como consignó el medio. Los hechos investigados se remontan a 2000, cuando el acusado tenía 30 años, estaba casado y era padre. La menor residía en ese momento en un centro de menores en Monforte. La denuncia ante las autoridades surgió después de la supuesta negativa del acusado a terminar su matrimonio y abandonar a su familia, según la versión de la defensa.
En la denuncia, la joven expuso que el acusado mantenía una actitud controladora sobre su vida diaria, fiscalizándola tanto por teléfono como a través de las redes sociales y criticando su vestimenta. Además, narró que fue violada en tres ocasiones y que sufrió agresiones físicas por parte del acusado. Ante esta situación, detalló el medio, la justicia estableció medidas cautelares que impidieron al hombre acercarse a la denunciante.
Por su parte, la defensa argumentó que la relación fue consentida y que la joven habría iniciado el contacto escribiendo en redes sociales para establecer relación y aprender árabe. Describió el vínculo como una relación afectiva, asegurando que la menor conocía la situación marital y familiar del acusado desde un primer momento. Además, la defensa aportó elementos como los intercambios de mensajes de WhatsApp mantenidos durante el vínculo, pretendiendo acreditar que la relación fue de mutuo acuerdo.
El relato del acusado incluyó la afirmación de que tras conocerse en una cafetería de Monforte, donde él trabajaba, se frecuentaron varias veces: una vez en la casa de un amigo y dos en una zona de San Mateo habitual para encuentros de parejas. Además, narró que cuando su esposa supo de la relación, llegó a confrontar a la menor y, pese a ello, el contacto entre acusado y denunciante continuó a través de mensajes que, según la versión del hombre, incluían solicitudes de la joven para que este se separara y emigrara con ella a Alemania, lugar donde residiría su padre.
Según indicó el medio, el acusado manifestó que al negarse a irse a Alemania, comenzaron a producirse insistentes llamadas y mensajes por parte de la menor. «Una vez que dejé de contestarle las llamadas, interpuso la denuncia», sostuvo. Declaró que tras la denuncia siguió recibiendo llamadas de un número oculto, que comprobó posteriormente que pertenecía a la denunciante, según su exposición en la sala.
Sobre la edad de la joven, la defensa alegó que mantenía conductas asociadas a personas adultas, como fumar, beber y salir de fiesta. El acusado subrayó que nunca le solicitaron documentación para comprobar la edad y que, al observar su apariencia, consideró que no era menor. Añadió que vaciló en quedarse junto a sus hijos o irse con la joven, optando finalmente por su familia.
Para sustentar la versión del acusado, la defensa llevó a declarar a testigos que conocían a ambas partes para dar constancia del tipo de relación que mantenían, intentando esclarecer si existió o no un consentimiento real.
La Fiscalía, según informó el medio, solicitó penas de ocho años por cada uno de los dos presuntos episodios de agresión sexual, nueve años por otro episodio adicional de la misma índole y dos años por un delito de violencia, sumando así la petición total de 27 años de prisión. La acusación fiscal se centró en la falta de consentimiento, la existencia de coacciones y el uso de la violencia, según el relato de la joven.
Este caso, reportó el medio, se juzga en la Audiencia Provincial de Lugo y contempla hechos que, según las partes, estarían motivados por circunstancias personales y sentimentales, con versiones que difieren en cuanto al carácter voluntario de la relación y a la existencia o no de violencia física y psicológica.
