El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confía en sacar adelante las ayudas fiscales a caseros que decidan “no especular”, a pesar del choque con sus socios minoritarios y el resto del bloque de la izquierda. La medida está dentro de un paquete que incorpora también un tope al precio de los contratos por habitaciones y condiciones más estrictas en los contratos de temporada, considerados dos coladeros a los intentos por intervenir el mercado.
Pero las ventajas fiscales, critican sus aliados progresistas, es un planteamiento con un enfoque diametralmente opuesto a lo que llevan exigiendo a los socialistas en los últimos meses, que es la congelación de los alquileres firmados durante la pandemia y congelados por el escudo social.
Sumar y PSOE se encuentran enzarzados en una disputa jurídica sobre la prórroga de los contratos, ya que, según el ala socialista, “conlleva riesgos legales”. Desde el socio minoritario le recuerdan que ese mismo decreto ya ha sido prorrogado en varias ocasiones.
“La pregunta que le hago al Presidente es cómo cree él que se siente una persona que cobra 18.000 euros al año, que paga 1.200 euros en alquiler y de repente descubre que su casero va a ingresar más de 14.200 euros y va a aportar cero euros al Estado“, afirmó el diputado de los comunes y portavoz de Sumar, Alberto Ibáñez, en una rueda de prensa este martes.
Desde Compromís también se mostraron totalmente contrarios a las ventas fiscales a aquellas personas que «ya tienen una situación de privilegio”. “Necesitamos que lo tengan difícil para especular”, aseveró la diputada de los nacionalistas valencianos adscrita al Grupo Mixto del Congreso, Àgueda Micó. Para Oskar Matute, diputado de EH Bildu, es una “tomadura de pelo” pretender “regalar dinero público a los caseros para que ganen aún más”.
Podemos critica que la medida conllevará un coste de 3.700 M para las arcas públicas
Se han mostrado muy críticos también los socios de investidura. Desde Podemos han tachado la medida de “insultante” e “inaceptable”. ”Lo que tenemos en este país es una situación apocalíptica y, ante esta situación, el primer anuncio que hace el presidente del Gobierno consiste en hacer aún más regalos fiscales a los rentistas, que viven de no hacer nada […]. Lo que va a acabar con este Gobierno es la crisis de Vivienda, apuntan.
Cabe recordar que el anuncio del líder socialista todavía está en fase de ponencia y se desconocen los detalles del texto, por ejemplo, sobre cómo se producirá la bonificación fiscal. Fuentes de la formación morada ya han adelantado que votarán en contra una vez si ese decreto contiene cualquier ayuda fiscal a los propietarios, independientemente de si finalmente es al 100% en el IRPF, como así planteó Sánchez. Podemos calcula que las ayudas a los caseros podrían conllevar una pérdida de 3.700 millones de euros para las arcas públicas.
Un posible apoyo “si hay correcciones”
No obstante, algunos sectores de Sumar abren la puerta a “optar por el mal menor” para salvar el resto de medidas, que de no salir adelante significaría “el mal mayor”. Así lo dejó caer el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, quien advirtió al PSOE que tendrá que “rectificar y corregirla”. “No estamos de acuerdo con el enfoque de este anuncio porque parte de una premisa equivocada”, señaló.
Esas correcciones, señalan fuentes del partido de Yolanda Díaz, podrían implicar, por ejemplo, un sistema progresivo de bonificaciones fiscales así como, por contraparte, un régimen sancionador para aquellas comunidades autónomas que no apliquen la Ley de Vivienda o aquellos caseros que se dedican a especular.
La OCU ve “positiva” la medida
Desde Sumar se remiten a las declaraciones del portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, Jaime Palomera, quien explicó que el incentivo fiscal a los caseros puede ayudar “en algunos casos” a que no suban los alquileres.
La medida también ha sido vista con buenos ojos por la Organización de Consumidores y Usuarios, que ha calificado como “positiva” la propuesta del Gobierno. La organización ha mantenido que la propuesta, que tomará forma de real decreto ley en las próximas semanas, encaja con el objetivo de “incentivar” a los pequeños arrendadores para destinar sus inmuebles al alquiler de larga duración”.
