Cinco años después de que circuló en redes sociales el video donde un agente del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) dispara contra una madre y su hija durante las protestas en Suba, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá identificó al presunto responsable.
El patrullero Álvaro José Guerra Ríos fue señalado como autor del disparo que en 2021 dejó sin un ojo a Sara Valentina Cárdenas. El funcionario enfrenta actualmente un proceso disciplinario, según confirmó la Procuraduría en un documento oficial citado por Noticias Uno.
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“Recibimos un documento oficial de la Procuraduría, declaración que confirma que el proceso disciplinario contra el investigado, Álvaro José Guerra Ríos”, informó Sandra Pérez, madre de la joven afectada, en declaraciones recogidas por el mismo medio.
La evidencia clave fue un video presentado en audiencia, donde se observa claramente la agresión y que permitió identificar al uniformado, explicó Pérez. El proceso disciplinario también contempla la declaración de varios policías que participaron en el operativo y de un experto en armas de letalidad.
El proceso disciplinario contra Álvaro José Guerra Ríos avanza, aunque las víctimas expresan inquietud por la protección de sus derechos durante las audiencias.
“Durante las audiencias, nuestro apoderado fue silenciado, impidiendo intervenir para garantizar nuestra defensa y protección como víctimas. Desde el exilio pedimos que nos escuchen”, reclamó la madre de la joven ante Noticias Uno.
El caso sigue en una etapa decisiva y la familia espera que la identificación del uniformado tenga consecuencias reales.
El día que todo cambió: relato de los hechos en Suba
El 5 de mayo de 2021, Sara Valentina Cárdenas salió junto a su madre y su hermana en una jornada que parecía rutinaria. Tras un almuerzo familiar, la adolescente regresó a casa y, por la noche, decidió salir con su madre al centro comercial Plaza Imperial.
El establecimiento ya estaba cerrado, y al retornar se detuvieron a observar una manifestación pacífica en la vía pública entre la avenida Ciudad de Cali y la avenida Suba. Así lo narró Sandra Milena Pérez en una entrevista para la Fiscalía, en la que relató que las detonaciones policiales se produjeron de manera sorpresiva.
La intervención del Esmad se intensificó y madre e hija buscaron refugio en un callejón. Allí fueron alcanzadas por tres agentes, que las intimidaron y agredieron verbalmente. “Vi que habían tres de ellos ahí al frente de mi mamá y yo les gritaba que por favor no le hicieran nada, que no estábamos haciendo nada”, relató Sara Valentina.
De pronto, un agente apuntó con un arma larga y realizó un disparo. Sara recibió el impacto de un proyectil en su rostro, mientras su madre resultó herida en varias partes del cuerpo.
El golpe en el ojo izquierdo de la joven provocó una lesión irreversible. “De un momento a otro sentí un ardor horrible en mi ojo izquierdo que yo no podía, que yo me lo tapaba y yo lo traté de abrir y yo decía: ‘no veo nada’”, contó la afectada a Noticias Uno. El diagnóstico médico confirmó la pérdida total de visión y la necesidad de una reconstrucción ocular para fines estéticos.
Los especialistas en Noruega informaron recientemente a Sara Valentina que será necesario retirar su globo ocular izquierdo y colocar una prótesis, debido al riesgo de atrofia y complicaciones adicionales.
El patrón de violencia y las estadísticas del paro nacional
El caso de Sara Valentina Cárdenas se registró en un contexto documentado de violencia policial. Según el informe Tiros a la vista de Amnistía Internacional, la plataforma Grita de la ONG Temblores reportó 103 víctimas de lesiones oculares entre el 28 de abril y el 20 de julio de 2021, lo que implica que, en promedio, cada 0,81 días se registró una lesión de este tipo en el Paro Nacional. El 7,61% de las víctimas de heridas oculares fueron mujeres.
La historia de Sara Valentina ilustra el drama de los afectados por la represión policial. Tras los hechos, su madre inició denuncias en diferentes entidades estatales, lo que desencadenó una serie de amenazas y hostigamientos contra la familia.
“Me llamaron y me dijeron ‘Calladita se ve mejor’, que yo no abriera la boca, que no denunciara, que hiciera una conciliación generosa”, detalló Sandra Pérez en su testimonio ante la Fiscalía.
El acoso persistente obligó a la familia a abandonar Colombia y buscar refugio en Noruega. La salida del país estuvo marcada por obstáculos burocráticos y nuevos episodios de intimidación. Una vez en territorio noruego, la familia accedió a atención psicológica y apoyo institucional, mientras que la menor, Lina, recibió acompañamiento escolar.
