Las plataformas digitales de transporte como Uber, Didi y Cabify encendieron las alarmas por un proyecto de ley que, según su interpretación, amenaza su permanencia en el país.
La iniciativa del Ministerio de Transporte y la Superintendencia fue presentada en el Senado y propone prohibir la operación de estas aplicaciones, actualmente fuera de regulación formal.
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El texto contempla sanciones severas no solo a conductores y usuarios, sino también a propietarios y edificios donde se preste el “servicio ilegal de transporte”.
Se establecen multas que pueden alcanzar hasta 726 millones de pesos y la inmovilización de vehículos, con periodos que aumentan de cinco a sesenta días por la primera infracción.
La propuesta modifica el régimen sancionatorio de la Superintendencia y define como ilegal toda movilidad de personas o carga en vehículos particulares sin autorización oficial. Destaca la obligación de los alcaldes y la Policía de priorizar la persecución de estos servicios, además de facultar el cierre de plataformas sin orden judicial.
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