La información sobre la transferencia de datos de menores andaluces a servidores ubicados fuera de la Unión Europea impulsó a la secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, a exigir que se esclarezca de inmediato la autorización y los mecanismos que lo permitieron. De acuerdo con un comunicado difundido por la representación socialista, la preocupación se centra en la falta de evaluaciones de impacto y la ausencia del consentimiento informado de las familias, ambos requisitos marcados por la normativa de protección de datos del bloque europeo. La cuestión cobró fuerza a raíz de una investigación publicada por el diario El País y confirmada por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que señala posibles vulneraciones de privacidad en el marco de un convenio entre la Junta de Andalucía y Google.
Tal como consignó El País, durante los últimos cinco años el acuerdo firmado entre la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía y Google, que permitía el uso de la plataforma educativa Workplace for Education, habría facilitado el acceso a datos de 738.502 alumnos menores de edad, 43.202 profesores y 2.676 centros escolares. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos Andaluz detectó que parte de esta información sensible llegó a servidores externos a la Unión Europea, lo que contraviene disposiciones comunitarias sobre la custodia y tratamiento de datos personales de menores.
El medio El País detalló que la secretaria de Educación del PSOE-A ha calificado la actuación del gobierno andaluz como “gestión negligente” y solicitó explicaciones detalladas sobre el proceso administrativo que desembocó en la firma del convenio, así como sobre las medidas adoptadas para informar a afectados y tutores legales. Patricia Alba sostuvo que la privacidad de los estudiantes “no puede comprometerse con rectificaciones técnicas” y consideró imprescindible suspender la vigencia del acuerdo, retirar de inmediato su aplicación en todos los centros educativos bajo la órbita de la Junta y asegurar que ninguna entidad privada acceda a datos personales de menores sin un marco efectivo de protección.
En este sentido, la representante del PSOE-A también reclamó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se disculpe públicamente frente a las familias de los menores afectados. Además, pidió la adopción urgente de mecanismos transparentes de control y supervisión en el uso de tecnologías educativas para cumplir íntegramente la legislación sobre protección de datos.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional negaron la existencia de cualquier vulneración de protección de datos dentro de la comunidad educativa andaluza. Según varias declaraciones recogidas por El País, aseguraron que todas las cuentas gestionadas para el acceso a herramientas de Google se crean usando datos anónimos, sin que la empresa tecnológica acceda a contraseñas o utilice la información con fines comerciales. Insistieron en que la gestión y empleo de estas plataformas se circunscribe exclusivamente a fines educativos y que las cuentas están bajo control mediante una consola administrada directamente por la Consejería.
La Junta de Andalucía comunicó, además, que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía detectó la necesidad de implementar medidas más precisas dirigidas a mejorar la formación del profesorado y la información proporcionada a los usuarios sobre la creación de cuentas y el tratamiento de los datos. Estas orientaciones, según la Junta, se atendieron a través de un Plan de Acción que abordó sugerencias del Consejo, consolidando procesos formativos dirigidos a profesorado, equipos directivos y familias sobre protección de datos y el uso correcto de plataformas tecnológicas educativas.
Respecto a la administración documental y las responsabilidades en el manejo de datos, el gobierno andaluz aclaró que el Registro de Actividad de Tratamiento fue actualizado y que actualmente se tramita la firma de un nuevo convenio. Este nuevo acuerdo considera una Evaluación de Impacto y define con mayor precisión los roles y competencias de la Consejería y de Google como responsables del tratamiento.
El País también reportó que Andalucía no es la única comunidad autónoma española con integraciones similares con Google; Cataluña, País Vasco, Navarra, Madrid, Extremadura, Canarias y Baleares mantienen convenios comparables para la gestión de plataformas educativas virtuales. Además, la Junta aclaró que las recomendaciones y exigencias del Consejo de Transparencia en el caso de Microsoft, otro proveedor tecnológico utilizado en la educación pública, son equivalentes a las dictadas para Google, principalmente respecto a la formación del profesorado y a la información suministrada a los usuarios.
En relación con el expediente abierto por el Consejo de Transparencia, la Consejería anunció que en los próximos meses ofrecerá una respuesta oficial y formalizará un convenio renovado donde se precise el tratamiento de los datos y la salvaguarda de la privacidad de los miembros de la comunidad educativa.
