Según información de Europa Press, los investigadores del Grupo de Secuestros y Extorsiones de la UDEV Central de la Policía Nacional reconocen que la mayoría de personas secuestradas evitan comunicar que han sido víctimas debido al clima de silencio impuesto por la rivalidad entre grupos criminales, lo que complica las labores policiales. Este grupo especializado, según detalló el jefe de sección Alberto Olivares a Europa Press, aborda a diario la tarea de localizar y liberar a víctimas bajo una presión temporal concreta, establecida, habitualmente, en un máximo de 72 horas, periodo durante el que las probabilidades de éxito disminuyen a medida que transcurre el tiempo.
Europa Press publicó que la prioridad principal de estas investigaciones es garantizar la seguridad e integridad de los secuestrados, así como la detención de quienes perpetran los crímenes. La problemática adquiere mayor complejidad por el silencio que imponen tanto las víctimas como su entorno, en un contexto dominado por organizaciones criminales nacionales e internacionales, muchas de ellas ligadas al tráfico de drogas. Según explicó Olivares, estos casos suelen relacionarse con los llamados “amarres”, es decir, secuestros de corta duración que a menudo afectan a miembros propios de las organizaciones o a integrantes de bandas rivales, y suelen tener su origen en deudas o robos de criptomonedas.
En uno de los casos recientes reportados por Europa Press, un hombre secuestrado por la organización sueca ‘Dalen’ en Alicante fue liberado tras tres días de cautiverio, en una operación que incluyó la detención de cuatro sospechosos. Los secuestradores iniciaron el chantaje reteniendo a los perros del afectado y exigiendo 800.000 coronas noruegas. Ante la negativa de pago, capturaron al propietario y enviaron imágenes de agresiones a sus familiares, empleando la violencia como mecanismo de presión. En este caso, la infraestructura de colaboración internacional resultó determinante: la denuncia presentada por la familia en Noruega y la comunicación a través de la comisaría general de Policía Judicial facilitaron la intervención.
El medio también consignó otro caso en el municipio andaluz de Mijas, donde la determinación de la pareja de la víctima —quien logró huir de los captores y dar aviso a las autoridades— fue decisiva para desencadenar la investigación. La persona secuestrada era de nacionalidad holandesa y solía exhibir un elevado nivel de vida, desplazándose en un automóvil de lujo. La intención de los secuestradores era acceder a sus criptomonedas mediante coacción. Finalmente, la víctima falleció y cinco sospechosos fueron arrestados. Olivares señaló que la ostentación de riqueza constituye una motivación recurrente detrás de muchos de estos secuestros cortos.
La evolución de los métodos empleados por los secuestradores también figura entre los aspectos destacados en el informe de Europa Press. En palabras de Olivares, en los años noventa la lógica detrás de los secuestros respondía a objetivos económicos o políticos y requería de estructuras logísticas complejas, ya que las víctimas permanecían retenidas por periodos largos. En la actualidad, el patrón dominante corresponde a los “amarres” de breve duración, que pueden dirigirse tanto a individuos de bandas rivales como a miembros de la misma organización, motivados casi siempre por deudas, incumplimientos internos o sustracción de sustancias ilegales. Según el jefe policial, el uso de estos secuestros busca enviar advertencias a otras bandas o a propios miembros; sin embargo, indica que el interés económico suele prevalecer: “Si sólo fuera ejemplarizante, se limitarían a una paliza o al asesinato y abandono de la víctima; en estos escenarios habituales siempre hay alguna deuda pendiente”.
Europa Press detalló el papel determinante de los negociadores policiales en estos procedimientos, quienes actúan como enlace entre las familias y los investigadores. Cuando una denuncia pone en marcha uno de estos operativos, la recolección de cualquier información útil es inmediata, ya que cada minuto marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. El negociador, que forma parte del equipo de secuestros, administra la comunicación con los familiares —nunca directamente con los captores— y su tarea consiste en extraer datos útiles al tiempo que gana tiempo para las pesquisas. Son frecuentes los casos en los que los denunciantes manifiestan incapacidad para pagar deudas reclamadas, lo que refuerza la importancia del papel del negociador, cuya estrategia pivota en manejar la tensión emocional y obtener todo dato relevante en el margen de tiempo dado.
El jefe del grupo de secuestros explicó cómo la participación de negociadores contribuye a optimizar las posibilidades de liberación: “Lo que tenemos para investigar es el tiempo que dura el secuestro, porque a partir de que se resuelve, ya se acabaron las colaboraciones”, indicó Olivares según Europa Press.
A juicio de los especialistas consultados por Europa Press, el denominado “margen de maniobra” resulta sumamente estrecho, ya que, una vez liberada la víctima, el círculo de denuncia o cooperación suele cerrarse rápidamente, especialmente cuando las propias personas afectadas o sus allegados eligen mantener el silencio sobre las circunstancias que rodean el delito. En consecuencia, la Policía intenta maximizar la rapidez y la precisión de sus actuaciones en ese breve espacio temporal, enfocado siempre en la seguridad de la víctima por encima de otros factores del contexto delictivo que puedan hallarse detrás.
Además, Europa Press recoge que muchas de estas organizaciones criminales han extendido sus redes más allá de las fronteras españolas, alimentando un escenario de criminalidad transnacional en el que el flujo de información y la colaboración entre fuerzas de seguridad de varios países aumentan en relevancia para la resolución de estos hechos. El caso de la organización sueca en Alicante y la coordinación con la policía noruega ilustra este fenómeno, exponiendo cómo los asuntos ligados al narcotráfico y al manejo de activos digitales han incorporado nuevos retos para las fuerzas de seguridad.
El clima de silencio y la amenaza constante de represalias desincentivan la colaboración directa tanto de los secuestrados como de su entorno. Esta “ley del silencio”, según se detalla en el informe de Europa Press, se suma a las dificultades inherentes a las investigaciones, por lo que la labor de los equipos policiales depende de la rapidez en la reacción ante cualquier denuncia o reporte. El objetivo esencial de las operaciones permanece en la salvaguardia de las víctimas y el arresto de los responsables, tareas afrontadas bajo la presión de limitar los efectos mortales que puede acarrear un secuestro en manos de organizaciones criminales especializadas.
