El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 desestimó la medida interina solicitada por los herederos de Máximo Terrero y Manuela Rosas, quienes buscaban frenar el inminente traslado del sable corvo de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo. Esta decisión judicial fue firmada por la jueza Macarena Marra Giménez pocos días antes del acto programado para el 7 de febrero en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, quien, sin embargo, habilitó una investigación “de fondo”. El traslado se hará, entonces, según el decreto 81/2026, firmado por el presidente Javier Milei.
La magistrada fundamentó el rechazo a la medida interina en la inexistencia, en principio, de un “cargo” jurídico vinculante que, en la donación, obligara a que la pieza permaneciera exclusivamente en el Museo Histórico Nacional. Y también en la falta de algunos documentos que acrediten el vínculo de los demandantes con Rosas. La resolución, según el fallo, destacó que “en este estado inicial del proceso… no se encuentran reunidos los requisitos legales aptos para hacer lugar a lo requerido”, en referencia al pedido para suspender el traslado.
“La cuestión de fondo sigue”, dijo a Infobae Nicolás Rechanik, abogado de la familia. “Nosotros lo que estábamos pidiendo era que no se realice el traslado. Ahora lo que dice la jueza es que quiere escuchar al Gobierno nacional y que quiere tener por acreditado el vínculo de, de los herederos respecto de Rosas, para después expedirse sobre la cautelar, no sobre la cuestión de fondo incluso, sino sobre la cautelar, que en este caso sería lo mismo”.
Sin embargo, el abogado señala un problema: “No es que solamente se está autorizando un traslado del Regimiento de Granaderos, se está autorizando que suban el sable a un helicóptero, que lo lleven a San Lorenzo a pasear. Yo no sé si la jueza se está haciendo responsable de la seguridad del sable o no”.
Las razones
La jueza Marra Giménez indicó que la donación manifestó el deseo de que el sable estuviera depositado en el museo, pero no impuso una obligación formal que limite al Poder Ejecutivo. Añadió que la reliquia permaneció bajo custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo durante cuarenta y ocho años —de 1967 a 2015— sin objeciones formales de la familia. Además, recordó que los actos del Ejecutivo “se presumen legítimos y su fuerza ejecutoria lo habilita a ponerlos en práctica, salvo que se demuestre su ilegitimidad en sede judicial”. El expediente continúa abierto, a la espera de informes adicionales y nuevas pruebas; el Ejecutivo dispone de cinco días para presentar la documentación requerida por la jueza.
Los herederos argumentan que el traslado impulsado por el Gobierno constituye una transgresión al “destino del bien” y afecta el “derecho colectivo de acceso al patrimonio cultural”. Mercedes Terrero, una de las descendientes, calificó la decisión del presidente Milei como “completamente errada”, en declaraciones a la prensa. Candela Domínguez, también heredera, afirmó en la Revista Anfibia, citada por Infobae, que “trasladar otra vez el sable de San Martín pone en jaque el acceso público a la reliquia e implica una apropiación política del símbolo patrio”.
La familia sostiene que ni las autoridades nacionales ni las del museo consultaron su opinión y alega que la “donación con cargo” implicaba que el sable debía exhibirse de forma permanente en un ámbito civil y cultural, no militar. Entre la documentación presentada por los herederos ante la justicia, se incluyen cartas históricas y escritos que interpretan como respaldo a la preservación y exposición pública de la reliquia en el Museo Histórico Nacional.
El sable corvo de San Martín fue legado a Juan Manuel de Rosas y donado por Máximo Terrero a la Nación Argentina en 1897. Los documentos históricos entre Terrero, el director del museo Adolfo P. Carranza y el entonces presidente José Evaristo Uriburu reflejan el deseo de que la pieza fuera depositada en el Museo Histórico Nacional “para siempre a la Nación”. Desde entonces, el destino del sable estuvo regulado por distintos decretos. El primero, rubricado el 3 de marzo de 1897, ordenó su depósito en el museo. Tras dos robos, en 1967 se transfirió la custodia al Regimiento de Granaderos a Caballo. En 2015, por decreto presidencial, el sable fue restituido al museo y, bajo el reciente decreto 81/2026, se dispuso su retorno al ámbito militar, fundamentando la recuperación del “contexto histórico propio” y motivos de seguridad.
La legislación argentina sobre donaciones patrimoniales prevé mecanismos para acordar la custodia de bienes, aunque, según la resolución judicial, no existe una obligación jurídica ineludible que establezca al museo como el único y perpetuo lugar del sable corvo.
El traslado del sable ha generado alarma entre expertos, académicos y la comunidad cultural. La directora saliente del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia en señal de protesta, recibiendo el aval de historiadores y exdirectores, quienes alertaron sobre la gravedad de la medida. Según el jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero, la devolución al Regimiento representa “un acto de reparación histórica, de orden institucional y de profundo respeto por la voluntad del Libertador y por los símbolos fundacionales de la Nación”. Sin embargo, en el sector académico y cultural existe preocupación por el impacto que este precedente podría tener en futuras donaciones privadas y en el acceso público al patrimonio.
En los días previos al traslado, el Museo Histórico Nacional registró un aumento de visitantes que acudieron a ver el sable, considerado por muchos como una “última oportunidad” para observar la reliquia en ese entorno civil. Al mismo tiempo, el Museo del Regimiento de Granaderos permanecía cerrado por remodelaciones impulsadas por la Fundación Granaderos.
La decisión judicial de la jueza Marra Giménez no resuelve la disputa de fondo. El proceso seguirá con la presentación de informes del Ejecutivo, la recopilación de pruebas sobre el parentesco de los herederos, y la consulta a organismos especializados como la Comisión Nacional de Museos y el Centro TAREA de la Universidad Nacional de San Martín. Sus dictámenes serán claves para la resolución final.
El acto de traslado continúa agendado para el 7 de febrero, salvo que una nueva orden judicial lo impida. El futuro del sable corvo de San Martín, su custodia y la apropiación de los símbolos históricos argentinos se mantienen en el centro de un debate político y cultural que involucra la relación entre el Estado y los donantes de bienes emblemáticos.
