El Sindicato de Enfermería ha indicado que las diferencias en el gasto per cápita en sanidad, que oscilan entre los 1.500 y más de 2.000 euros según la comunidad autónoma, reflejan una atención sanitaria distinta para las personas dependiendo de dónde vivan. Esta realidad, expresada por SATSE y recogida por diversos medios, sitúa en el centro del debate la petición de modificar el sistema actual de financiación autonómica con el objetivo de evitar estos contrastes, garantizar una distribución de recursos más equitativa y asegurar una supervisión efectiva de los fondos.
Según informó el propio sindicato, la organización ha solicitado tanto al Gobierno central como a los gobiernos autonómicos que dejen de lado los “intereses partidistas” y lleguen a un consenso para introducir partidas económicas finalistas en sanidad pública dentro del nuevo modelo de financiación autonómica. El sindicato insiste en que esta medida se encuentra en fase de análisis tras la apertura mostrada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien abordó la opción de incorporar estos fondos en la más reciente reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El SATSE remarca que, bajo el modelo vigente, el reparto económico para los servicios públicos esenciales se efectúa de forma conjunta y sin orientación específica para la sanidad, lo que permite que cada comunidad tome decisiones independientes respecto al destino del presupuesto recibido desde el Estado. De acuerdo con el sindicato, esto genera “desigualdades perjudiciales” en la dotación de recursos sanitarios entre territorios, afectando directamente la cantidad y calidad de la atención que obtiene la ciudadanía según su lugar de residencia.
Al detallar los efectos concretos, el SATSE señala que la financiación finalista ayudaría a paliar los “desequilibrios y debilidades estructurales” que encara actualmente el sistema sanitario. Esta modalidad permitiría, en palabras del sindicato, “un mayor control y seguimiento” de la ejecución de los recursos aprobados, ya que los fondos quedarían ligados a usos muy concretos y a la consecución de objetivos previamente definidos y compartidos entre administraciones.
El sindicato también subraya la importancia de que la eventual financiación finalista tome en consideración las características particulares de cada comunidad autónoma. Cita variables como el número total de habitantes y aquellas ligadas a la composición de la población, incluyendo el envejecimiento o la dispersión geográfica, para asegurar que la atención sanitaria se adapte eficazmente a las realidades de cada territorio y se minimicen diferencias “injustificables”.
SATSE reitera que la equidad en el acceso a los servicios sanitarios y sociosanitarios, tanto en la calidad como en el alcance de las prestaciones, constituye uno de los grandes retos del sistema de salud en España. Según destacó el sindicato recogido por los medios, el nuevo modelo de régimen común sobre financiación, aún pendiente de consenso entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas, debería priorizar mecanismos que subsanen este “talón de Aquiles” del sistema. El sindicato argumenta que la articulación de fondos finalistas contribuiría a cerrar las brechas actuales en materia de atención, consolidando una sanidad pública con estándares más homogéneos en todo el territorio.
