Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, resaltó la preocupación por la situación de unas 60.000 familias cuyos contratos de alquiler están próximos a finalizar, mientras reclamó medidas inmediatas para protegerlas ante el aumento de los precios de bienes básicos y la incertidumbre generada por la escalada de tensiones militares en Oriente Medio. Según informó el medio Europa Press, Ibáñez instó al Gobierno a implementar un nuevo decreto ley que incluya nuevamente el llamado ‘escudo social’, enfocándose en impedir desahucios de personas en situación de vulnerabilidad y garantizando apoyo ante el impacto económico que podría ocasionar el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán.
Tal como publicó Europa Press, la petición de Sumar llega en un contexto marcado por el reciente rechazo parlamentario al anterior decreto de protección social, cuya negativa se debió a los votos en contra de PP, Vox y Junts. Ibáñez llamó al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), socio mayoritario en el Ejecutivo, a “ponerse las pilas”, subrayando la necesidad de no mostrar “complejos” y la urgencia de aprobar cuantas normas sean necesarias para amparar a los sectores más golpeados por la crisis.
Durante una rueda de prensa, Ibáñez sugirió que, en caso de que el contexto lo exija, el Gobierno debería promover hasta “doce decretos” diferentes, reiterando que la magnitud de la emergencia justifica un esfuerzo legislativo extraordinario. Europa Press detalló que el diputado dirigió su solicitud de forma particular al Ministerio de Vivienda, solicitando la presentación del decreto en el próximo Consejo de Ministros para facilitar su entrada en vigor lo antes posible. Mientras tanto, abogó por mantener abiertas las negociaciones entre los diferentes actores políticos y sociales para alcanzar un amplio consenso sobre estas medidas de protección social.
Además de la cuestión de los desalojos, el portavoz adjunto de Sumar remarcó la necesidad de hallar una solución para quienes en breve perderán su contrato de arrendamiento, advirtiendo sobre la presión añadida que esto supone para miles de familias en un contexto de aumento del costo de vida.
El medio Europa Press también recogió declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien expresó el lunes que, de percibirse consecuencias socioeconómicas derivadas del conflicto en Irán, se adoptarán medidas adicionales para respaldar a los trabajadores afectados. Ibáñez apuntó que, de la misma forma que el Gobierno elaboró nuevos marcos jurídicos para políticas sociales durante la pandemia de COVID-19 y a raíz de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, ahora resulta viable adoptar un procedimiento similar para responder al actual escenario internacional. A su juicio, el agravamiento del conflicto en Oriente Medio propiciará un alza en los precios de las materias primas, lo que incrementaría la carga financiera para muchos hogares españoles.
Según consignó Europa Press, Ibáñez recordó las demandas que anteriormente habían planteado otros grupos parlamentarios, en las que se solicitaba declarar la emergencia social para justificar la adopción de medidas extraordinarias. Refiriéndose a la posición de Junts, el diputado señaló: “Existe una situación de emergencia sobrevenida, de urgencia, que es lo que pedía Junts para poder justificar ciertas medidas”.
El llamamiento de Sumar a fortalecer la protección social se produce en un momento de alta incertidumbre, cuando la evolución del conflicto en Oriente Medio amenaza con provocar importantes consecuencias económicas a escala global y nacional. La coalición insiste en que el Gobierno central debe actuar de manera proactiva para contener las posibles repercusiones, principalmente sobre quienes ya afrontan una situación económica precaria. Reportó Europa Press que el enfoque en proteger a los hogares vulnerables mediante la prohibición de los desalojos y el respaldo a los inquilinos forma parte esencial de la estrategia defendida tanto por Sumar como por sus portavoces.
La atención, según la información de Europa Press, se centra no solo en las medidas adoptadas de forma inmediata sino también en la disposición del Ejecutivo a negociar y actualizar el marco legal todas las veces que sea necesario, adaptándolo a las circunstancias cambiantes derivadas de la crisis internacional.
