El juicio por la presunta fabricación de lanchas rápidas ilegales en Vigo y el norte de Portugal se celebrará, en principio, durante varios días de abril, tras haberse vuelto a aplazar la vista oral. El medio El País informó que la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra decidió posponer el inicio del proceso contra once personas y una empresa de transportes de O Porriño, inicialmente previsto para este jueves, después de que uno de los acusados no pudiera asistir debido a un problema de salud.
Según publicó El País, el procedimiento judicial ha enfrentado ya cuatro suspensiones desde que se estableció su primera fecha en noviembre del año pasado. En esa ocasión, el motivo enunciado fue el cambio de abogado de uno de los acusados, lo que obligó a reprogramar el inicio de las sesiones. Posteriormente, detalló el medio, se celebró una vista previa el 2 de febrero para resolver cuestiones iniciales, fijando la apertura de las declaraciones para el 16 de febrero. El lunes anterior a esa fecha, el juicio quedó suspendido al presentar uno de los letrados una indisposición; la vista se reprogramó para el martes, momento en que nuevamente se suspendió por la imposibilidad del mismo abogado de acudir a tiempo.
Durante la última convocatoria, reportó El País, los asistentes aguardaron casi dos horas hasta que la sala informó de la causa de la nueva suspensión: uno de los acusados, a través de su abogado, comunicó que permanecía en cama debido a una ciática y no podía acceder a un lugar con internet para intervenir mediante videoconferencia. Ante esta circunstancia, la Audiencia acordó un nuevo aplazamiento y eligió la semana del 9 al 17 de abril como periodo para la celebración de las audiencias orales, aunque algunos abogados ya han advertido al tribunal sobre la coincidencia de estas fechas con otros compromisos judiciales, por lo que planean solicitar nuevas modificaciones.
De acuerdo con la acusación pública citada por El País, los encausados, junto a la empresa, integraban una organización dotada de medios y recursos que operó entre septiembre de 2020 y junio de 2022 con el propósito de construir embarcaciones neumáticas rápidas. Estas lanchas, consideradas género prohibido en la normativa española, se presuntamente destinaban a actividades de tráfico ilegal de drogas. La fiscalía atribuye a los implicados delitos de contrabando al fabricar y comercializar estas embarcaciones, a través de la colaboración entre personas físicas, entidades y estructuras organizadas.
El Ministerio Público, según recopiló El País, incluye además entre los delitos el de tenencia ilícita de armas y el de atentado contra la salud pública para uno de los procesados: durante un registro en su domicilio, los agentes confiscaron cerca de 300 gramos de hachís, mientras que en su despacho dentro de la empresa hallaron una pistola detonadora semiautomática.
La investigación permitió identificar al menos diecinueve embarcaciones tipo ‘narcolancha’ fabricadas por la presunta red, algunas de las cuales acabaron según los informes oficiales actuando en operativos de transporte de hachís en el sur de la península ibérica. La fiscalía solicita, según El País, penas de entre dos y nueve años de prisión para los once acusados, e impone multas que suman más de 80 millones de euros. En cuanto a la compañía involucrada, la petición fiscal contempla una sanción de 14 millones de euros y la prohibición durante dos años para acceder a ayudas públicas o incentivos fiscales, así como la suspensión por quince meses de toda actividad relacionada con la importación, exportación y comercio de embarcaciones neumáticas y semirrígidas.
El inicio efectivo del juicio permanece condicionado a la disponibilidad de los profesionales y el estado de salud de los enjuiciados, mientras la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra intenta coordinar una fecha definitiva para dar inicio al proceso.
