Tras una noche tensa entre los familiares de presos políticos y uniformados de la Policía Nacional Bolivariana, los seres queridos continúan aguardando por excarcelaciones, a la par que denuncian la paulatina liberación de detenidos ilegalmente. Según la ONG Foro Penal, hay 139 personas aún privadas de su libertad, mientras que la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD) reporta 155.
En paralelo a las manifestaciones pacíficas, Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, informó que los presos políticos recluidos en El Rodeo I iniciaron una huelga de hambre para protestar por sus condiciones de reclusión y “en exigencia de su libertad”.
Delcy Rodríguez, presidenta interina del régimen venezolano, criticó la operación de Estados Unidos que finalizó con la captura del ex dictador Nicolás Maduro y aseguró que la misma afectó a 463 departamentos. En ese sentido, detalló que la mejor respuesta es “la calma” y “la prudencia”.
Desde Washington, le advirtieron al funcionario chavista Diosdado Cabello que no utilice los servicios de seguridad para perseguir a la oposición. Según la agencia Reuters, temen que pueda obstaculizar la transición en Venezuela tras la caída de Maduro.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El Foro Penal informó la identidad de 4 excarcelados extranjeros que fueron detenidos entre 2024 y 2025
La ONG Foro Penal confirmó la liberación de cuatro ciudadanos extranjeros que se encontraban aprehendidos ilegalmente por el régimen en Venezuela: Sergiy Rudavskyy, de nacionalidad ucraniana, arrestado el 7 de enero de 2025; Jan Darmovzal, ciudadano checo, detenido el 5 de septiembre de 2024; y Alireza Akbari, de nacionalidad iraní e irlandesa, arrestado el 22 de junio de 2025.
En otra publicación a través de la red social X añadieron información detallada del cuatro caso: “Confirmamos que fue excarcelado, el ciudadano rumano Cristian Cenuse, arbitrariamente detenido el 27/09/2025, cuando se trasladaba en autobuses de San Cristóbal, estado Táchira a Caracas, ya que se encontraba realizando un viaje turístico para conocer Suramérica. Luego de 10 meses desaparecido, Cristian pudo comunicarse con su esposa indicándole que se encontraba preso en Venezuela”.
La organización que lucha por los derechos humanos de cientos de venezolanos señaló que los cuatro habían sido privados de libertad de manera arbitraria.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció amenazas y hostigamientos a familiares de presos políticos en medio de la vigilia pacífica
Diego Casanova, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció que oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) han amenazado y hostigado a manifestantes pacíficos que mantienen una vigilia frente a El Helicoide.
Según Casanova, los agentes argumentan que la vigilia no puede extenderse durante toda la noche, como planean los familiares, debido al actual Decreto de Estado de Conmoción.
Situaciones similares han sido reportadas por personas concentradas en la Zona 7 de la PNB en Boleíta, quienes aseguran haber recibido hostigamiento por parte de los mismos cuerpos de seguridad.
Los manifestantes insisten en que su derecho a la protesta pacífica y a la libre expresión está protegido por la Constitución venezolana (CRBV) y exigieron a las autoridades que cumplan con las liberaciones de presos políticos previamente anunciadas.
La Policía Nacional impidió la reunión de familiares de presos políticos en Boleíta
El Comando Nacional de Campaña de la líder opositora María Corina Machado denunció que funcionarios de la Policía Nacional impidieron que familiares de presos políticos se reunieran en las cercanías de Zona 7, Boleíta.
Según el comunicado, las autoridades desplegaron un cordón de seguridad, a pesar de que quienes se encontraban en el lugar reclamaban de forma pacífica la liberación de sus allegados.
La organización calificó la acción como un asedio desproporcionado contra ciudadanos que únicamente se manifestaban con velas y oraciones para exigir libertad. El llamado advierte sobre el uso de medidas restrictivas contra protestas no violentas y exige respeto a los derechos de reunión y expresión.
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