UBS ha insistido en que las nuevas reglas de capital impulsadas desde Berna harían que el banco tuviera que mantener un capital CET1 adicional estimado en unos 24.000 millones de dólares proforma (20.620 millones de euros), una carga financiera que, según la entidad, tendría un impacto directo en el actual modelo de negocio y en la presencia internacional del sector financiero suizo. De acuerdo con la información publicada por el medio, la entidad considera que las modificaciones propuestas tanto en la Ley Bancaria como en la Ordenanza de Adecuación de Capital significarían «importantes costes adicionales» para su actividad y amenazarían la viabilidad de su estrategia comercial.
Según consignó la fuente, UBS sostiene que las sugerencias formuladas por el Gobierno suponen un riesgo para la continuidad del modelo de operaciones que caracteriza al mayor banco del país, dado que esas exigencias transformarían radicalmente la base de funcionamiento no solo del banco, sino del conjunto del sector financiero helvético. La entidad alega que los requisitos de capital planteados superarían en al menos un 50% los estándares aplicados a la competencia internacional, razón por la que anticipa repercusiones negativas tanto para las actividades en el ámbito nacional como en los mercados externos.
La entidad financiera argumenta que la disposición actual sobre el tratamiento de filiales extranjeras ya resulta “suficiente” y que una aplicación coherente de la normativa vigente podría haber facilitado una reestructuración temprana de Credit Suisse, garantizando su funcionamiento y viabilidad antes de que la situación de crisis llegara al límite. Según informó el medio, UBS defiende por tanto que el marco regulatorio ya permitiría intervenir de forma oportuna ante escenarios complejos dentro del sistema bancario, sin tener que recurrir a una sobrecarga de obligaciones legales que, a su juicio, no tendrían correspondencia en las normas internacionales.
Tal como reportó la fuente, UBS expresó que «los requisitos de capital extremos generarían costes sustanciales para Suiza», indicando que la exclusión del valor de capital regulatorio a las filiales ubicadas en el extranjero implica una política de «sobreseguro» que carece de equivalencia a nivel global y no es específica para los riesgos reales del sector local. El banco advirtió que la falta de alineación con otras jurisdicciones podría restar atractivo al centro financiero suizo en la competencia global, afectando la captación de inversiones, la prestación de servicios y, con ello, la economía nacional.
El banco añadió que apoya los esfuerzos orientados a fortalecer la estabilidad financiera del país, pero subrayó que se opone rotundamente a las reformas propuestas por considerarlas desproporcionadas, poco individualizadas y carentes de armonización con estándares internacionales. De acuerdo con lo publicado, para la entidad los cambios legislativos propuestos no consiguen abordar de manera efectiva las debilidades reveladas durante la reciente crisis de Credit Suisse, ni recogen de forma adecuada las enseñanzas derivadas de ese episodio financiero.
La posición expresada por UBS no solo refleja preocupaciones internas sobre la sostenibilidad de su operativa bajo el nuevo esquema, sino que también alerta sobre las posibles consecuencias para la economía suiza en su conjunto. El banco subrayó a través del mismo medio que un endurecimiento excesivo en sus obligaciones de capital generaría un impacto estructural en la oferta de servicios bancarios, en las condiciones del mercado laboral del sector y en la percepción internacional de Suiza como lugar idóneo para las actividades financieras. Esta reacción del mayor banco helvético marca una diferencia de criterios con la posición de las autoridades federales y aviva el debate sobre el equilibrio entre solidez regulatoria y competitividad en el marco de la economía globalizada.
