La reciente decisión de la Fiscalía General de la Nación de anunciar cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y posteriormente revocar esa imputación, provocó una reacción pública de Andrés Barrios, concejal y figura cercana a Miguel Uribe Turbay.
Barrios acusa a la administración judicial liderada por Luz Adriana Camargo de operar bajo una lógica de protección política que daña la confianza institucional.
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En un mensaje publicado en su cuenta de X, Barrios expresó sin rodeos su desconfianza ante la situación: “Oigan, esto ya raya en el descaro. Lo que está pasando con la imputación que la fiscalía anunció contra el señor Augusto Rodríguez y que unas horas más tardes, después se echó para atrás, no es un error ni un enredo administrativo. Esto es una forma de operar que este Gobierno ha venido perfeccionando para buscar proteger a los suyos, porque Augusto Rodríguez no es un funcionario cualquiera”, dijo Barrios a través de su video.
La imputación, según el concejal, iba dirigida a “omisiones muy graves desde la Unidad Nacional de Protección frente al caso de Miguel”, y para él, esto evidencia dinámicas estructurales.
Barrios lo planteó en términos explícitos: “No se puede seguir fingiendo que la Fiscalía es un ente neutral cuando está dirigida por Luz Adriana Camargo, una fiscal que acumula más de 20 denuncias ante la Comisión de Acusación por presuntas injerencias en procesos sensibles, por falta de independencia y sobre todo decisiones que terminan beneficiando a los funcionarios y a los familiares y amigos del petrismo”, afirmó.
Para sustentar su argumento, Barrios trajo a colación otros episodios recientes: “Ese patrón ya lo vimos en el caso de Nicolás Petro. La fiscal tuvo que echarse para atrás después de intentar meter fiscales de apoyo en un proceso muy delicado, algo que fue leído como un intento de dirigir la investigación desde arriba y empujarla hacia unos resultados cómodos para ellos”, dijo Barrios.
De igual forma, señaló que la misma fiscal habría contribuido para beneficiar a cabecillas de grupos armados al margen de la ley: “Metió la mano para facilitar la liberación de cabecillas de las Farc, entre ellos el señor Calarcá, cuando los encontraron en camionetas de la Unidad Nacional de Protección con plata, armas y municiones”.
El concejal extendió la crítica al manejo del caso Ungrd, que implicaría irregularidades de alto perfil: “La fiscalía de Camargo está bajo indagación preliminar por su manejo del escándalo de la Ungrd, uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de nuestro país, que involucra a exfuncionarios muy cercanos al gobierno del famoso Cambio y donde, curiosamente, las imputaciones y las medidas de aseguramiento han sido completamente tímidas, lentas o inexistentes”, puntualizó.
Barrios cerró su señalamiento subrayando lo que considera un patrón de obstrucción institucional: “Aquí el mensaje es clarísimo: cuando se trata de buscar proteger ese círculo cercano del gobierno nacional, la fiscalía frena por completo los procesos. Cuando se trata de sacar a la luz los escándalos del petrismo, las investigaciones terminan alargadas y sin resultados”, sentenció.
Para el concejal, la actuación en el caso Augusto Rodríguez resultó emblemática: “La imputación a Augusto Rodríguez se anunció como si fuera un fuerte golpe y luego se apagó de la nada con una excusa técnica barata, como si en este país todos fuéramos estúpidos. Eso es protección sesgada de un grupo político y cada vez más gente viene entendiendo: bajo esta dirección, la fiscalía actúa más como una oficina de relaciones públicas del gobierno que como garante de la ley para todos los colombianos”.
