Durante la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó que el Ejecutivo se encuentra enfocado en promover iniciativas que priorizan la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y la democratización de la economía, en un contexto de debate parlamentario acerca de la prohibición del velo integral en espacios públicos. Según informó Europa Press, Díaz remarcó que el Gobierno de España se ocupa de aprobar medidas orientadas hacia el bienestar social y la ampliación de derechos, en contraste con las propuestas impulsadas por la oposición para restringir el uso del burka y el niqab.
El medio Europa Press detalló que Yolanda Díaz advirtió que la iniciativa de las derechas, promovida por Vox y respaldada con una iniciativa similar de Junts en el Congreso, vulnera los artículos 14 y 16 de la Constitución española. En sus declaraciones, mencionó que “la propuesta de las derechas españolas de prohibir el velo integral (burka y niqab) en el espacio público vulnera la Constitución española en su artículo 14 y 16, que también tiene que ver con la libertad religiosa”. El artículo 14 establece la igualdad ante la ley de todos los españoles, sin espacio para la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, mientras que el artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, limitando su manifestación solo en función del mantenimiento del orden público protegido por la ley.
Según publicó Europa Press, el martes el Pleno del Congreso debía votar la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica presentada por Vox, orientada a prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos, bajo el argumento de proteger la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana. Al respecto, la formación Junts anunció su rechazo a apoyar la iniciativa de Vox, pese a haber registrado un proyecto propio que también defiende la restricción del uso del velo integral. Fuentes de Junts, citadas por Europa Press, subrayaron que jamás han votado a favor de ninguna propuesta de Vox en el Congreso y manifestaron que no lo harán en esta ocasión porque consideran que la formación de Santiago Abascal “es un partido político anticatalán, antifeminista, en contra de los derechos humanos y que ha liderado la represión contra Cataluña”.
El medio Europa Press explicó que Junts presentó su propio proyecto de ley para regular la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos, recordando que ya habían defendido planteamientos similares en el Parlamento catalán. La formación insistió en que esta regulación debería estar vinculada al traspaso de competencias en materia de inmigración, una medida que afirman fue rechazada previamente en la cámara catalana por Vox, Podemos y Partido Popular. Junts defiende que la decisión final sobre la regulación del velo integral en Cataluña debe corresponder a las autoridades autonómicas.
En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Yolanda Díaz insistió en la prioridad que el Gobierno otorga a garantizar derechos y libertades fundamentales, destacando que las iniciativas en materia social y económica del Ejecutivo buscan, según sus propias palabras, “mejorar la vida de la gente” y “democratizar, feminizar y avanzar” en el país. Díaz subrayó que mientras una parte de la oposición dirige sus esfuerzos a propuestas que suponen restricciones, el Ejecutivo persiste en su línea de expansión de derechos y protección de garantías constitucionales.
Europa Press recordó que el debate en torno al uso del velo integral en los espacios públicos cuenta con diversas posiciones políticas y jurídicas en España, centradas principalmente en el equilibrio entre el derecho a la igualdad, la libertad religiosa y la protección del orden público. El artículo 16 de la Constitución, citado por la ministra, acota la libertad para profesar y manifestar creencias, sujetándola únicamente a las limitaciones necesarias para preservar el orden público según la ley, mientras que rechaza la existencia de una confesión estatal y la obligación de declarar las propias creencias ante la autoridad.
Según consignó Europa Press, las propuestas de Vox y Junts se insertan en un contexto donde la discusión sobre la manifestación de signos religiosos en el ámbito público sigue generando controversia política y legal en el país. Ambos partidos mantienen enfoques distintos sobre los fundamentos y la aplicación de la prohibición, a pesar de coincidir en la necesidad de regular el uso de prendas como el burka y el niqab. El Gobierno, por su parte, sostiene que tales iniciativas no se ajustan a los preceptos constitucionales, especialmente los referidos a la igualdad y la libertad religiosa y de culto.
