Al asumir su segunda presidencia, Donald Trump reforzó las políticas migratorias y comenzó una ola de deportaciones de miles de inmigrantes. Ahora, un informe reveló cómo es el negocio multimillonario que hay detrás de los procesos de deportación, entre el gobierno y las empresas privadas que los gestionan, con cifras que superan los US$13.000 millones.
Los gastos multimillonarios en las deportaciones masivas de inmigrantes de EE.UU.
Un artículo de The Wall Street Journal reveló que en los últimos diez años, los gobiernos estadounidenses gastaron más de US$13.000 millones en empresas privadas dedicadas a la deportación de migrantes. Incluso, entre enero y mayo de 2025, la Administración Trump aumentó un 50% el gasto en estas compañías, en comparación con el mismo período de cinco meses de 2024.
El informe analiza algunos de los diferentes gastos que emitió EE.UU. en empresas que manejan todos los niveles del proceso de deportación: desde la detención, el asilo, la comida, las llamadas telefónicas de los detenidos y hasta el transporte en avión de migrantes fuera del territorio estadounidense.
La deportación de un migrante expone los grandes gastos del gobierno
The Wall Street Journal decidió seguir la historia del venezolano Andry Blanco Bonilla, de 40 años, que comenzó su proceso de deportación en febrero de 2024 cuando un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) vio que tenía tatuajes que estaban en una base de inmigración en Dallas y, a pesar de no tener antecedentes penales, lo acusó de ser miembro de una banda delictiva.
El análisis abarca cada lugar en la que estuvo detenido el migrante y cómo, solo en su caso, las empresas se beneficiaron económicamente. Así, se observan los siguientes gastos federales:
Blanco fue detenido y enviado al suroeste al Centro de Detención Prairieland en Alvarado, Texas, un trabajo realizado por LaSalle Corrections. El gobierno paga a la institución carcelaria alrededor de US$17 millones al año. Concretamente, se abona US$89 al día por cada detenido.
Una semana después, el venezolano fue enviado al Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas que es propiedad de Management and Training Corp. La empresa además opera otros cuatro centros en todo el país norteamericano y ha recibido más de US$240 millones desde 2014 por recibir a migrantes detenidos, de acuerdo a datos federales.
Solo en Bluebonnet, que tiene una capacidad de 1062 reclusos, el gobierno estadounidense gasta entre US$48 y US$106 por día por cada detenido. Allí les sirven tres comidas al día a los detenidos y les proporcionan artículos de higiene. De acuerdo a la investigación, en los últimos años el gobierno ha gastado más de US$4 millones en alimentos y comida pre empaquetada en empresas como B&H International y My Own Meals.
En su caso, Blanco necesitó medicación para la presión arterial y para el insomnio. ICE ha realizado pagos a compañías relacionadas con la medicina como Arora Group y Amergis Healthcare Staffing que recibieron más de US$24 millones desde enero de este año.
También tuvo la posibilidad de llamar a su madre, Carmen Bonilla. Lo hizo aproximadamente tres veces por semana en teléfonos compartidos dentro del centro de detención. Los datos señalan gastos de US$678 en las cabinas telefónicas de un solo centro durante el 2023.
Tras estar dos meses detenido, el venezolano obtuvo su libertad y se le emitió un pedido de deportación. Al regresar a su vida habitual en Dallas, recibió una orden para reportarse al ICE en febrero. Fue detenido de nuevo y le dijo a su madre que primero lo enviarían a Oklahoma, pero no hay registro de ello. Unas semanas después llegó al Centro de Detención El Valle en Raymondville, Texas.
El 15 de marzo, Blanco y otras 260 personas fueron llevadas en avión desde Texas al Centro de Contención del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, acusados de ser miembros de pandillas sin un proceso judicial justo. Desde que Trump asumió su segunda presidencia, los gastos en contratos de viajes aéreos para deportaciones alcanzaron los US$167 millones. Además, para encarcelar a este tipo de inmigrantes, considerados delincuentes, Estados Unidos abona US$6 millones solo por este primer año.
