El plan nuclear argentino (PNA) anunciado antes de la Navidad de 2024 por el presidente Javier Milei y Demian Reidel, titular del nuevo Consejo Nuclear y NASA (Nucleoeléctrica Argentina) ya produjo una primera gran noticia, aunque llamativamente sin bombos ni platillos.
Según fuentes confiables del sector, una compañía inversora estadounidense –cuyo nombre se mantiene en reserva– adquirió la patente del reactor modular ACR300, diseñado y registrado en los Estados Unidos por la empresa estatal rionegrina Invap, con sede en Bariloche. Ambas compañías formaron una sociedad –con minoría de la subsidiaria de Invap constituida a tal efecto en ese país– para el diseño y la futura fabricación de estos reactores exportables de concepción argentina y 300 MWe de capacidad instalada.
El ACR300 pertenece a la familia de SMR (pequeños reactores modulares, por su sigla en inglés), cuya tecnología está transformando la oferta y demanda de energía nuclear en el mundo tras el freno que significó la explosión de Chernobyl. No solo por su menor tamaño y costo, sino por su capacidad de atender en menos tiempo a las nuevas, crecientes y localizadas demandas de electricidad, como centros de datos para inteligencia artificial (IA) o minería de criptomonedas, dispuestas a pagar tarifas considerablemente más altas que las del servicio público.
A 75 años de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la construcción con inversión privada de estos reactores modulares es el principal eje del nuevo PNA. A tal punto que prevé contar con 4 unidades en 2030 para equipar una cuarta central nuclear argentina (1200 MWe) en Atucha. Así se sumaría a Atucha I (de 362 MWe, que tras 50 años de operación está con un programa para extender 20 años su vida útil); Embalse (de 665 MWe, inaugurada en 1984, con vida útil extendida en 2015 por otros 30 años), y Atucha II (de 745 MWe, que arrancó en 2014 después de que su construcción estuviera paralizada entre 1994 y 2006). En conjunto, representan 7% de la matriz energética argentina.
Otros ejes del PNA son la intención de vincular las futuras exportaciones de reactores ACR300 con las de uranio (en cuya minería YPF prevé incursionar a partir de 2030) y la construcción de una “ciudad nuclear” en la Patagonia para atraer la instalación de centros de datos de IA. A estos se suma la desactivación del proyecto Carem, un prototipo de SMR (de 32 MWe) iniciado en 1984 por la CNEA, que permitió formar a generaciones de ingenieros nucleares y desarrollar tecnologías propias, aunque sin licenciar en ningún país y que en la actualidad resulta comercialmente inviable, según el presidente del organismo, Germán Guido Lavalle.
Para obtener mayores precisiones sobre el plan que, para algunos especialistas, contiene objetivos exageradamente ambiciosos, el autor de esta columna acordó el envío de un cuestionario a los presidentes de la NASA y la CNEA, que, inexplicablemente, decidieron no responder.
Alfredo Caro, reconocido físico nuclear y exdirector del emblemático Instituto Balseiro, considera una buena noticia que la patente del ACR300 sea desarrollada por un inversor privado. “La Argentina no está hoy en condiciones de afrontar la inversión que demanda ese desarrollo, que solo para el primer reactor demandará entre 2000 y 4000 millones de dólares. El Invap puede ganar mucho dinero con el uso de la patente, que al inversor debe haberle costado entre 20 y 30 millones. Pero este va a construir donde más le convenga”, sostiene.
Aun así considera que, con la apertura al capital privado, “el Gobierno podría contribuir a construirlo más rápido en la Argentina con la decisión de asignarle un sitio, que podría ser Atucha; reforzar la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), y obtener la licencia social, como lo hacen muchos países”.
“La Argentina es competitiva en este terreno. Un desarrollo así implica unos 2 millones de horas con 50 ingenieros nucleares trabajando a tiempo completo un par de años y a un costo menor que en otros países”, subraya.
Otro destacado especialista, Julián Gadano, sociólogo, profesor de la Universidad de San Andrés y exsubsecretario de Energía Nuclear (2015-2019), afirma que “la Argentina es el único país de Latinoamérica que puede construir SMR. Cuenta con una autoridad nuclear respetada en el mundo, un proceso de licenciamiento solvente que es garantía de calidad y una cadena de suministros confiables”.
Demanda global
También coincide en que “el Estado puede generar las condiciones para ayudar a que se fabriquen en la Argentina, con herramientas como el RIGI y la predisposición para recibir capital privado. El talento está”.
A juicio de Gadano, aunque al plan nuclear le faltan precisiones, su objetivo es responder a una necesidad global de demanda de energía eléctrica por data centers y transporte eléctrico. “La Argentina puede ofrecer que se instalen en el país, por ejemplo, con el clima frío de la Patagonia y alimentarlos con energía nuclear, o bien competir con otros países con reactores pequeños para responder a esa demanda tecnológica. Un centro de datos de IA –explica– puede consumir el equivalente a la capital de Córdoba y a eso sumar vehículos eléctricos”.
En cuanto a la posibilidad de contar en 2030 con una central de cuatro reactores ACR300, Caro afirma que “es impensable creer que podrán construirse en ese lapso a un costo total estimado de US$10.000 millones. Solo la autorización de la ARN demanda un par de años”.
“Debemos discutir además si son necesarios cuatro reactores para generar electricidad mucho más cara. Una central de 1200 MWe no beneficia a la Argentina, que no necesita energía eléctrica de origen nuclear, ya que cuenta con reservas de gas natural para varias décadas. Sería diferente –añade– si se instalaran en el país decenas de centros de datos dispuestos a pagar esa oferta energética, pero antes habría que resolver los problemas de conectividad digital en la Patagonia”.
“Yo juzgo razonable construir un reactor ACR300, ver si funciona, y lo mejor sería hacerlo en la Argentina. De lo contrario, terminarían siendo construidos en otros países, como Corea del Sur o Emiratos Árabes”, advierte.
El especialista elogia la capacidad del Invap al señalar que un reactor modular no es un desafío técnico, sino hacerlo comercialmente viable. “El ACR 300 –explica– está centrado en el aspecto económico de la construcción bajo tierra y con tecnología altamente probada.
Gadano tampoco cree que la cuarta central nuclear pueda tener cuatro reactores en cinco años, a la vez que considera que “si la ingeniería se desarrolla en el país, el negocio será vender el ACR300 en todo el mundo”.
Otra cuestión en debate es la producción y exportación de uranio. Si bien la Argentina cuenta con recursos cuantificados del orden de 34.000 toneladas y utiliza 200 por año como combustible para las tres centrales nucleares en operación, dejó de producir en 1997 ante la caída de los precios internacionales, que en los últimos años están recuperándose. A juicio de Caro, “el problema no es extraer el mineral, sino su enriquecimiento para uso en reactores nucleares, que es un proceso tecnológico complejo, extremadamente caro y está en manos de pocas fuentes en el mundo”.
Paralelamente, ambos especialistas coinciden en destacar la importancia de un reciente decreto (450/25), a través del cual se habilitan inversiones privadas en NASA, la empresa estatal que opera las centrales nucleares, y la exceptúa por la Ley Bases de la obligación legal de vender al costo de operación y mantenimiento sin generar utilidades. A partir del decreto, la empresa puede vender energía a precios de mercado, generar utilidades bajando costos, cotizar en el mercado de capitales y apuntar a una privatización parcial o total.
Reactores multipropósito
Mientras tanto, el Invap se encarga en Petten (Países Bajos) del diseño integral del reactor Pallas para asegurar la producción de radioisótopos médicos esenciales utilizados en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer. También lidera la ingeniería de detalle y aporta su experiencia como proveedor de tecnología nuclear de alta complejidad, tras haber ganado en 2015 una licitación internacional convocada por la Fundación Pallas en competencia con empresas europeas y asiáticas.
Una vez en funcionamiento, el reactor –que reemplazará a otro de los años 60 que está llegando al fin de su vida útil– permitirá atender a más de 30.000 pacientes por día y posicionar a Europa como un proveedor estratégico en el ámbito de la medicina nuclear.
Gadano destaca además que, a través del Invap, la Argentina es el primer exportador mundial de estos reactores multipropósito (tipo RA10) a países como Perú y Egipto (para investigación), Brasil (solo ingeniería), Australia (radioisótopos), Arabia Saudita (entrenamiento), Argelia (reactor completo), India y ahora Países Bajos.
Además de estas perspectivas nucleares, la Argentina dejó definitivamente atrás el contrato anunciado por el entonces presidente Alberto Fernández en 2022 para construir –casi llave en mano– la central nuclear Atucha III (de 1200 MWe) con tecnología y financiación de China. Este proyecto implicaba un endeudamiento público de US$12.000 millones, según el costo total que en su momento calculó y denunció Alfredo Caro.
No se trató ahora de una decisión política. El acuerdo firmado entonces por los titulares de la NASA y la CNNC (Corporación Nuclear Nacional China) quedó desactivado automáticamente porque ese mismo gobierno incumplió las condiciones preliminares que había aceptado al país asiático.
