A pesar del equilibrio fiscal alcanzado, la Argentina sigue sin poder administrar eficazmente su deuda pública. El problema no radica en un nivel de endeudamiento excesivo, sino en una credibilidad insuficiente. La solución dependerá, en gran medida, de la capacidad para acordar con la oposición dialoguista la ejecución del programa económico.
La calma inicial, producto del respaldo del presidente Trump y del secretario del Tesoro, fue efímera. Buscar un segundo salvataje a apenas seis meses de haber firmado un acuerdo con el FMI revela una señal de fragilidad, más aún cuando las cuentas públicas se han equilibrado.
La actual administración logró revertir un enorme déficit heredado y quebrar una larga tradición de desequilibrios fiscales crónicos en tiempo récord. De este modo, se redujo la necesidad de emisión monetaria y de acumulación de nueva deuda pública. Sin embargo, aunque el déficit fiscal esté bajo control, aún persiste el desafío de administrar la deuda heredada.
Según datos del Ministerio de Economía, entre 2019 y 2023 los déficits acumulados del Tesoro Nacional ascendieron a 122.000 millones de dólares. En ese mismo período, la deuda pública pasó de 323.000 a 425.000 millones de dólares, es decir, un incremento de 102.000 millones. En 2024, el Tesoro registró un superávit de 2000 millones, pero la deuda creció en 42.000 millones, alcanzando los 467.000 millones de dólares. La evidencia muestra que la situación heredada fue sumamente compleja debido a la acumulación de déficits pasados.
Incluso con superávit fiscal, la deuda del Tesoro continuó en aumento, principalmente por la absorción de las Leliq. Estos pasivos son el resultado de déficits anteriores financiados con emisión monetaria, que el Banco Central debió esterilizar emitiendo Leliq para evitar una aceleración inflacionaria.
Hoy, la deuda pública equivale aproximadamente al 65% del PBI, un nivel que no es elevado en comparación con otros países de la región: Uruguay tiene una deuda del 68% y Brasil del 76% del PBI. El problema, por tanto, no reside en el volumen de deuda, sino en la pérdida de credibilidad ante los mercados internacionales.
El riesgo país refleja que la Argentina no tiene acceso al crédito ni capacidad de refinanciamiento. La desconfianza no surge de los números, sino de los déficits de gestión política y técnica que hacen dudar de la sostenibilidad del equilibrio fiscal, más allá de la voluntad manifiesta de mantenerlo.
La incapacidad de bloquear proyectos legislativos que amenazan la estabilidad presupuestaria refuerza esa incertidumbre. No solo se dificulta avanzar con las reformas estructurales necesarias —en particular la modernización del Estado y la reforma previsional—, sino que también se erosionan las expectativas respecto de la continuidad del equilibrio fiscal recientemente alcanzado.
En definitiva, más allá del acuerdo con Estados Unidos o del resultado de las elecciones de medio término, la credibilidad del país dependerá de la capacidad para enviar señales claras y contundentes de que el equilibrio fiscal no se pondrá en riesgo.
