Madrid, 28 may (EFECOM).- Los municipios con instalaciones fotovoltaicas experimentan un crecimiento de la población de entre el 3 y el 7 %, lo que ayuda a combatir el despoblamiento rural, mientras que el número de empresas registradas en estos enclaves se incrementa un 2 %, sobre todo en construcción, hostelería y agricultura.
Son las conclusiones del estudio sobre el impacto socioeconómico de las inversiones en energía solar fotovoltaica, realizado por equipos de la Universidad Carlos III y la Universidad Complutense de Madrid, que detectan una subida media del 3 % en el precio de la vivienda en estos lugares, reflejo de una mayor demanda por el aumento de la población.
Según han explicado este miércoles en un acto convocado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), las plantas solares también crean empleo, especialmente durante la fase de construcción, reduciendo el desempleo en sectores como la industria y los servicios.
El estudio estima que la construcción de los parques solares fotovoltaicos supone un incremento medio de entre un 7 y un 13 % en el empleo en los municipios, efecto que es relativamente superior en los de menor tamaño.
Estos aspectos positivos, eso sí, disminuyen una vez que se ha puesto en marcha la planta.
El impacto cuantitativo se aprecia, igualmente, en la renta per cápita y las finanzas públicas, y es que los ingresos fiscales municipales crecen en torno al 11 %, proporcionando mayor margen de inversión en servicios públicos.
Además, se ha registrado un aumento de entre el 0,5 y el 1 % en los ingresos medios directos de los residentes.
Según la economista y profesora de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y directora del estudio cuantitativo, Natalia Fabra, los datos evidencian que la fotovoltaica «no sólo es esencial para mitigar el cambio climático, sino que también es una pieza clave para promover la cohesión territorial y el desarrollo local».
En concreto, la construcción de estas instalaciones «contribuye a reforzar el tejido empresarial e industrial» de estas zonas, ha añadido.
Los autores creen que, para maximizar las oportunidades que estas inversiones suponen para los municipios, las políticas públicas deben enfocarse en la formación de los trabajadores, el fortalecimiento del tejido industrial y el buen uso de los ingresos fiscales.
Por ello, si se mantienen y refuerzan las buenas prácticas de gobernanza, sostenibilidad y participación, las plantas fotovoltaicas pueden convertirse en un motor de desarrollo para municipios de muy diversas características, han apuntado.
Desde el punto de vista cualitativo, los resultados del trabajo de campo muestran que la percepción social es, en general, positiva y se asocia a la modernización y diversificación de la economía local.
No obstante, se identifican retos y nuevas oportunidades para un mayor impacto positivo y de consenso en los territorios.
Estos pasan por una mayor visibilidad sobre el impacto en la biodiversidad local, mejoras en los acuerdos para minimizar el impacto en el paisaje, mayor coordinación entre Administraciones y una regulación más clara que facilite la toma de decisiones, con procesos participativos y favoreciendo un diálogo transparente.
«Nuestro objetivo es que los parques solares sean un vecino más durante su vida útil, contribuyendo al desarrollo y prosperidad del municipio; y que el territorio donde se ubican quede, tras su paso, mejor de lo que estaba», ha comentado el director general de UNEF, José Donoso. EFECOM