El Parlamento de Ucrania ha aprobado este martes en segunda lectura una nueva ley que ‘de facto’ limita la autonomía de los principales organismos anticorrupción –NABU y SAPO–, en medio de un último escándalo relacionado con la filtración de documentación secreta a los servicios de Seguridad rusos a través de un antiguo diputado, Fedor Jristenko, quien ha sido ya acusado de alta traición.
La ley, que ha contado con el apoyo de 263 diputados, autoriza a la figura del fiscal general tener acceso a todas las investigaciones de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), así como a dar nuevas instrucciones, archivar los casos y firmar personalmente informes de acusación sobre altos cargos.
Asimismo, retira también funciones al jefe de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), un organismo independiente de la Fiscalía General que se encarga de supervisar los casos que investiga la NABU –principalmente contra altas figuras del Estado– para luego ser remitidos a los tribunales.
PIDEN A ZELENSKI NO SANCIONAR LA LEY
El jefe de la NABU, Semen Krivonos, ya ha pedido al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que no sancione esta ley y ha advertido de que la norma pone en riesgo los compromisos de transparencia y anticorrupción con organismos como la Unión Europea, que ya ha mostrado su preocupación por esta decisión.
«Dos instituciones independientes, la NABU y la SAPO, están siendo transferidas por completo a un régimen independiente. Nos oponemos categóricamente (…) Le pedimos que no firme dicho proyecto de ley», ha instado Krivonos.
En rueda de prensa, Krivonos ha reiterado que el hallazgo de funcionarios corruptos «no es motivo para destruir» toda la oficina. «Estamos a favor de una autolimpieza del sistema», ha señalado, recordando que ya se han descubierto «traidores» en otras oficinas sin que eso haya provocado el cierre de las mismas.
«Respetamos el trabajo de nuestros agentes del orden y nuestros colegas, pero enfatizamos que esto no puede servir de base para destruir las instituciones anticorrupción», ha instado, según recogen agencias de noticias ucranianas.
Por su parte, el jefe de la SAPO, Oleksander Klimenko, ha advertido de que con este nuevo texto aprobado por la Rada Suprema se está sellando «el fin de la labor independiente de las dos instituciones anticorrupción».
REGISTROS A GRAN ESCALA
La ley se ha aprobado después de que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) haya realizado registros a gran escala en las oficinas de la SAPO y de la NABU ante el temor de filtraciones a Rusia, en un momento además en el que Jristenko, exdiputado del partido prohibido Plataforma de Oposición por la Vida, ha sido señalado por estos hechos y acusado de alta traición.
Jristenko ha sido acusado de intentar influir desde el extranjero en la NABU a través de los vínculos que aún mantiene con algunos de los responsables de esa oficina, algunos de los cuales ya han sido detenidos ante las sospechas, según ha comunicado este martes la Fiscalía.
Entre los detenidos está Viktor Gusarov, empleado de una unidad de élite de la NABU y subordinado de Dimitro Ivantsov, quien trabaja para los servicios rusos y fue jefe adjunto de seguridad del expresidente Viktor Yanukovich, a quien ayudó en 2014 a salir rumbo a Rusia ante el avance de las protestas violentas contra él.
Se acusa a Gusarov de espionaje y de filtrar información clasificada, así como datos personales de agentes de seguridad ucranianos y otros ciudadanos, señala este martes la Fiscalía en un comunicado.
En las últimas horas también se han llevado a cabo registros en los domicilios de varios familiares de Jristenko, donde se ha encontrado documentación relacionada con varias investigaciones secretas realizadas por la NABU, así como decenas de cuestionarios sobre posibles candidatos a formar parte de la oficina.
La Fiscalía sostiene que Jristenko fue reclutado por el Servicio Federal de Seguridad durante el gobierno del ya citado Viktor Yanukovich y desde entonces ha maniobrado para facilitar no solo información confidencial a Rusia, sino también para ayudar a huir de Ucrania a sospechosos de corrupción.
