ROSARIO.-En septiembre de 2024, el blanco elegido por el Primer Comando Capital (PCC) era el secretario de Seguridad Pública del Estado de San Pablo, Guilherme Derrite. Este expolicía militar, que se transformó en funcionario del Partido Republicano, aliado de Jair Bolsonaro, había impulsado leyes más duras contra el crimen organizado, entre ellas, la eliminación de las llamadas “saidinhas”, las salidas transitorias de presos en fiestas de fin de año. Esto fue lo que llevó a PCC a planear su muerte.
El 2 de septiembre de 2024, la Policía brasileña detuvo a Marcelo Adelino de Moura, conocido como China, que planeaba llevar adelante un atentado contra el funcionario. El arma que iba a usar tenía la inscripción de la “Armada Argentina”, era de calibre 7,62 milímetros y había surgido de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán, situada a unos 15 kilómetros de Rosario. La ametralladora, conocida como MAG, tenía como número de serie “FN35643”.
“China”, uno de los jefes de PCC, tenía en su poder más de 2000 municiones, que iban a ser usadas, según las sospechas, en una emboscada contra el Secretario de Seguridad del Estado brasileño.
No era la primera vez que armamento de las Fuerzas Armadas argentinas aparecía en manos de PCC. Un estudio que realizó el “Instituto Sou da Paz”, una organización que trabaja temas vinculados a la reducción de violencia en Brasil, detectó que durante los últimos años los grupos criminales brasileños obtienen, entre otras fuentes, fusiles automáticos a raíz del desvío “ilegal” de armas que pertenecen a las Fuerzas Armadas y de seguridad de argentina. “Las más requeridas por las organizaciones criminales brasileñas son armas de alto calibre, como 9 mm, 50 y 7,62”, señaló Bruno Langeani, quien participó del informe que les llevó tres años. Explicó que otra arma usada por las bandas de San Pablo y Río de Janeiro es la ametralladora liviana FMK3, que también tiene como procedencia la Argentina.
Hace más de 20 años se detectaron en las favelas de Río de Janeiro la presencia de fusiles FAL que usaban los grupos narcos para controlar la zona y enfrentarse con las fuerzas de seguridad y con otras bandas. El problema nunca generó demasiado interés en las autoridades, sobre por qué desaparecían armas en los arsenales del Ejército Argentino y luego reaparecían en manos de mafiosos brasileños.
El llamativo desinterés por investigar el robo de armas en la Argentina tuvo una bisagra en junio de este año, cuando el fiscal federal Javier Arzubi Calvo rescató una vieja causa que estaba “escondida” en el despacho del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, quien renunció un mes más tarde, el 1° de julio, y actualmente está detenido en su domicilio por corrupción y acusado de proteger al narco Esteban Alvarado.
En junio fueron procesados siete militares por el robo de armamento, que podría llegar a unos 400 fusiles y 2500 partes de FAL que se sustrajeron del Batallón N° 603 de Fray Luis Beltrán, que está al lado de Fabricaciones Militares. Por este caso, el 18 de febrero de 2011, el sargento Hernán Diego Solís se suicidó con un disparo en la cabeza. Era el jefe de la Sección Armamento de ese batallón. En teoría, el responsable de controlar los FAL.
La causa se originó el 10 de mayo de 2011, en tiempos en que era ministro de Defensa Arturo Puricelli, cuando la División de Asuntos Internacionales de Interpol avisó a la Justicia Federal de Rosario que — según información de la Embajada de Brasil en Argentina- el 11 de febrero de ese año en Aracatuba, San Pablo, la Policía Federal de ese país secuestró un fusil FAL que tenía la particularidad de que varias partes del arma tenía cuatro numeraciones diferentes. Además, el fusil tenía grabado el escudo argentino y la inscripción Ejército Argentino. La hipótesis es que esas armas fueron adquiridas de manera ilegal por el PCC, según indicaron fuentes de la Justicia federal.
En Brasil se investigó y condenó a Getulio Morgado Sánchez, un narco que traficaba armas desde Paraguay. La Policía Federal de Brasil detuvo a este hombre y a Marcos Grubisich Junior, Gleizon Benites Gaona, William Roberto De Souza, acusados de tráfico ilegal de armamento y narcotráfico.
Cuando detuvieron a estos narcos, los efectivos brasileños secuestraron un fusil FAL que aparentemente provenía del Ejército Argentino. Ese fusil tenía varias partes con numeraciones distintas, como 15214, 07148, 15627 y 47202. Según expertos, es frecuente que en este tipo de armamento los grupos criminales intercambien partes para evitar que el arma sea identificada.
Se detectó luego que el fusil FAL N°15214 había desaparecido en el Batallón de Arsenales N°603, en Fray Luis Beltrán. El coronel Enrique Antonio Battezzatti, jefe del batallón, realizó la denuncia del faltante de ese fusil el 19 de febrero de 2011. En su presentación sostuvo que un día antes se había verificado que esa arma no estaba en el “depósito de armamento”. Claro: había aparecido una semana antes en San Pablo, a más de 2000 kilómetros de Rosario.
La fábrica
Langeani, del Instituto Sou da Paz, señaló que las políticas más flexibles que instauró el expresidente Jair Bolsonaro “colaboraron para que los principales grupos criminales de Brasil, como PCC y Comando Vermelho incrementaran su poder de fuego con armas de guerra de grueso calibre”. Según Langeani, “el acceso a este tipo de armamento pesado se da por distintas vías, entre ellas, la inversión que está haciendo PCC para instalar fábricas de fusiles de alta tecnología –dos fueron allanadas-, y contar con armamento propio. Pero sigue existiendo un ingreso importante de armas de Paraguay, Bolivia y la Argentina. En este último caso, lo que pudimos observar en el estudio es que los fusiles provienen de las fuerzas armadas”.
El estudio del Instituto Sou da Paz analizó las incautaciones de armas de fuego entre 2019 y 2023 en el sureste de Brasil, la región más grande del país y sede de las dos principales organizaciones criminales, como PCC y Comando Vermelho. Los investigadores revisaron los registros de casi 7000 armas incautadas, combinando datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información con registros policiales de los cuatro estados de la región. Los datos incluían fechas de incautación, lugares, tipos de delito y detalles de las armas. El trabajo reveló que se incrementó en un 11,4 por ciento los secuestros de armas de guerra durante el período de cinco años.
Este informe atribuye parte del aumento de armamento pesado en manos criminales a las regulaciones de armas más flexibles en Brasil durante el Gobierno del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien autorizó muchos tipos de armas que antes estaban restringidas al uso militar y policial para civiles, incluidas pistolas de 9 mm y algunos rifles semiautomáticos.
Según el estudio, la cantidad de armas de fuego en manos de civiles se duplicó, pasando de 1,3 millones a finales de 2018 a 2,9 millones en 2022. La sospecha es que parte de estas armas se desviaron al mercado ilegal tras un aumento en las denuncias de robo de armas a tiradores deportivos y coleccionistas.
Otro caso relevante que describe esta matriz ocurrió en 2019, cuando cuatro hombres de PCC planearon asaltar un camión blindado, en Rodovia Bunjiro Nakao, en el Estado de San Pablo. Para lograr ese objetivo incendiaron un auto en esa autopista con el objetivo de generar un caos de tránsito y poder emboscar al camión de caudales. Desde dos autos, le dispararon 37 tiros al blindado, que logró escapar. Luego, la policía detuvo a los asaltantes, que estaban fuertemente armados. Entre los fusiles que portaban, encontraron un FAL con el logo de FM (Fabricaciones Militares) y el escudo de la “Armada Argentina”.
En esa arma de guerra figuraba además que pertenecía a “Fábrica Militar de Armas Portátiles-Rosario”. Ese tipo de FAL se fabricaba en la planta Domingo Matheu, que fue cerrada por decisión del Gobierno de Carlos Menem en 1998 y parte de la producción se trasladó a Fray Luis Beltrán, que está al lado del Batallón 603, a unos 15 kilómetros de Rosario. Los asaltantes tenían balas de sobra, porque junto al FAL se secuestraron ocho cargadores de municiones para ese fusil.
En marzo de 2013, la Policía Federal de San Pablo descubrió un búnker de hormigón subterráneo, donde PCC guardaba cocaína –secuestraron 450 kilos de esa droga- y armas de grueso calibre. El operativo que llevó adelante la brigada de élite ROTA no pudo detener a Gilberto Aparecido dos Santos, alias Fuminho, uno de los principales líderes del Primer Comando de la Capital (PCC). Este hombre que se fugó de la cárcel en 1999 del penal de Carandiru –donde en 1992 se produjo una revuelta de internos que dejó 111 reclusos muertos- con el fundador de este grupo criminal, Marco Willians Herbas Camacho, conocido como Marcola.
En esa zona rural de Juquitiba, a unos 80 kilómetros de San Pablo, la policía no logró detener a Fuminho que se fugó a Bolivia, pero secuestró un arsenal, entre las que había tres subametralladoras, una de ellas con el escudo argentino. Una FMK3 fabricada en Fray Luis Beltrán.
Fumimho fue atrapado por la DEA en 2020 en Mozambique, África, después de estar casi 20 años prófugo. En uno de los países que estuvo de incógnito fue Argentina. Como publicó LA NACION, Fuminho vivió un tiempo en Buenos Aires con el boliviano Jorge Adalid Granier Ruiz, sospechado de ser un engranaje clave en la provisión de cocaína en el país, con eje en Rosario, según se desprende de una investigación que llevaron adelante los juzgados federales de Salta y Rosario, junto con la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar). Fuminho abandonó el país el 19 de marzo de 2018, cuando tomó un vuelo a Alemania. Tres años después fue detenido en Mozambique.
