WASHINGTON.– Si a cualquier ciudadano respetuoso de la ley se le advirtiera que robar un banco es un delito, probablemente se reiría y diría que el consejo es obvio e innecesario. Sin embargo, si esa persona estuviera planeando robar un banco –o ya lo hubiera hecho–, probablemente reaccionaría con fingida indignación frente a semejante insinuación de que podría cometer tan terrible delito.

De ahí la furia desmedida del presidente Donald Trump el 18 de noviembre, después de que seis congresistas demócratas –todos veteranos de las fuerzas militares o de inteligencia–, publicaran un video en el que les advierten a los militares que “pueden rechazar órdenes cuando son ilegales”. No es precisamente una novedad: un principio fundamental de las tropas norteamericanas es que “apoyen y defiendan la Constitución” de Estados Unidos y cumplan la ley.

Sin embargo, Trump reaccionó como si los legisladores estuvieran instando a los soldados a dar un golpe militar. Con su templanza proverbial, el presidente acusó a los demócratas de “comportamiento sedicioso” y escribió: “Cada uno de estos traidores a nuestro país debería ser detenido y juzgado”. Y por si fuera poco, agregó que su actitud era “punible con la muerte”.

Pete Hegseth, el obsequioso secretario de Defensa de Trump al que prefiere presentar como “secretario de guerra”, contraviniendo una ley del Congreso, se sumó de inmediato a la controversia en las redes sociales. Apodó a los demócratas como “los seis sediciosos”, y aunque lamentó que cinco de ellos no fueran sometidos a juicio militar, anunció que el Departamento de Defensa estaba revisando si Mark Kelly –senador demócrata por Arizona, capitán retirado de la Marina y astronauta–, podía ser llamado de nuevo al servicio activo para ser juzgado por una corte marcial.

Si el Pentágono cumple con la destemplada amenaza de Hegseth, es probable que el caso se desestime tan rápidamente como ocurrió con los procesos contra el exdirector del FBI, James B. Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que en ambos casos tenían motivaciones políticas. Cualquier funcionario que se sienta tentado de seguir las órdenes de Trump en el caso de Kelly debería buscar en Google “cláusula de libertad de expresión o debate”.

Pero el objetivo de esas amenazas no es realmente lograr una condena, sino intimidar a los oficiales en actividad o retirados que puedan sentirse tentados a denunciar a Trump y a Hegseth por intentar obligar a las Fuerzas Armadas a obedecer sus órdenes sin importar su legalidad. No es una preocupación abstracta: es algo que probablemente ya ocurrió y que probablemente vuelva a ocurrir.

La semana pasada, el diario The Washington Post informó que tras el primer ataque norteamericano contra un supuesto barco narcotraficante en el Caribe –un acto probablemente ilegal en sí mismo–, Hegseth dio personalmente la orden verbal de matar a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos del naufragio en llamas. El almirante Frank Bradley, jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC, por sus siglas en inglés), aparentemente transmitió la orden a sus fuerzas, que lanzaron un ataque adicional donde murieron los dos sobrevivientes indefensos.

Posteriormente, el JSOC afirmó que el segundo ataque se llevó a cabo para que los sobrevivientes no pudieran llamar a otros traficantes para que recuperaran el cargamento y para que el barco naufragado no quedara flotando y obstaculizara la navegación. Se trata de un sofisma descarado para encubrir el hecho evidente de que las personas declaradas “fuera de combate” –heridas o incapaces de luchar– no son objetivos legales.

Ni Estado Islámico ni los rusos

El Manual de Derecho de Guerra del Departamento de Defensa especifica: “Las órdenes de disparar contra los náufragos serían claramente ilegales”. Son acciones que cabe esperar de Estado Islámico o del Ejército ruso, no de las Fuerzas Armadas de una democracia.

Jack Goldsmith, profesor de derecho de Harvard y jefe de la Oficina Legal y Técnica durante el gobierno de George W. Bush, escribió en las redes: “Si la información del Post es correcta, se diría que cuando esos dos hombres volaron en pedazos las Fuerzas de Operaciones Especiales cometieron un asesinato”. También se sumó un grupo de trabajo de exfiscales generales: “La orden de matar a los sobrevivientes de un ataque naval es manifiestamente ilegal; cualquiera que emita o cumpla dichas órdenes puede y debe ser procesado por crímenes de guerra, asesinato o ambos”.

Los hechos son lo suficientemente graves como para impulsar incluso a las comisiones de control de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes y el Senado –ambas lideradas por los republicanos, normalmente reacios a cuestionar al gobierno– para que exijan respuestas al Pentágono. El domingo, Trump declaró ante la prensa que Hegseth dijo no tener conocimiento del segundo ataque.

Pero Hegseth es incorregible y escribió: “La matanza de narcoterroristas recién empezó” y publicó una foto “para su lista de deseos de Navidad” del personaje infantil Franklin la tortuga haciendo estallar barcos cargados de drogas. De hecho, el gobierno podría estar preparando un ataque armado contra Venezuela e intentar justificarlo como parte de su guerra contra las drogas, por más que Trump haya indultado en estos días al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que cumplía una condena de 45 años por narcotráfico en una prisión de Estados Unidos.

El indulto a Hernández es una burla a los esfuerzos de Trump por destituir al dictador venezolano Nicolás Maduro, acusado de cargos similares. Sin embargo, si Trump lo ordena, las Fuerzas Armadas seguirían estando obligadas a llevar a cabo un ataque contra bases militares u otros objetivos del régimen (no contra civiles). Eso entraría en la categoría de órdenes “horribles pero legítimas”. Sin embargo, los ataques contra los barcos parecen cruzar una línea legal, más aún si es para matar a sobrevivientes.

Hay una buena razón por la que Mark Kelly y los demás legisladores se sintieron obligados a advertirles a los militares que no cumplan órdenes que sean ilegales. Eso parece ser precisamente lo que el Ejército está haciendo ahora a instancias de un gobierno que desdeña cualquier límite a la autoridad imperial del presidente y se toma los crímenes de guerra como si fueran un chiste. No es Kelly quien debería enfrentar a la Justicia, sino Hegseth y el almirante que acató su orden.

Traducción de Jaime Arrambide