El periodista José Manuel Vega de la Cruz, fundador de El Periódico – Prensa Libre, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad de prensa en Colombia tras verse forzado al exilio debido a amenazas, agresiones físicas y una presunta persecución judicial que se desencadenó luego de sus investigaciones sobre corrupción en el Cesar.
Su caso, que fue revelado en la mañana del domingo 31 de agosto por la revista Cambio, ilustra los riesgos que enfrentan quienes desafían a los poderes políticos y económicos en regiones donde la prensa independiente es escasa y la violencia contra periodistas aumenta.
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Vega de la Cruz, comunicador vallenato, creó junto a un grupo de colegas un medio digital con el objetivo de investigar la contratación pública y exponer las irregularidades de la clase política local.
El Periódico – Prensa Libre nació en octubre de 2021 con la intención de incomodar al poder establecido en Valledupar, una ciudad que ha sido referente de la influencia de clanes políticos como el clan Gnecco. Apenas días después de la fundación del medio, Vega publicó su primera gran investigación, en la que señalaba a Andrés Arturo Fernández, exsecretario de Ambiente de Valledupar y miembro del clan Gnecco, por presuntamente favorecer a una empresa vinculada a su familia con un contrato de más de 1.700 millones de pesos.
La reacción de los implicados fue inmediata. Antes de que la investigación saliera a la luz, Fernández solicitó una reunión con Vega. El 20 de octubre de 2021, el periodista acudió al encuentro esperando obtener la versión del funcionario para su reportaje. Sin embargo, la cita se habría transformado en un episodio violento: Fernández habría descendido de su vehículo, amenazado y golpeado a Vega, mientras uno de sus escoltas le habría apuntado con un arma.
La intervención de una patrulla de Policía evitó que la situación escalara aún más. Fernández intentó justificar la agresión acusando al periodista de extorsión, pero los agentes no aceptaron la denuncia por falta de pruebas. Por el contrario, Vega denunció a Fernández por lesiones personales y, posteriormente, por amenazas.
La denuncia de Fernández fue archivada en 2022 por falta de sustento, pero la presión sobre Vega y su equipo no cesó. El medio continuó publicando investigaciones que incomodaron a figuras poderosas del Cesar, lo que desencadenó una persecución judicial que, según infomación conocida por Cambio, solo es posible cuando quienes ostentan el poder logran influir en la administración de justicia o presionan a jueces y fiscales.
Entre las publicaciones más relevantes de El Periódico – Prensa Libre se encuentran reportajes sobre irregularidades en contratos de la Gobernación del Cesar, adjudicaciones sospechosas de servicios ambientales y la construcción de infraestructura deportiva con inversiones millonarias y escasa proyección social. En una de sus notas, el medio tituló: “Inversiones solo para los juegos”, en referencia a obras realizadas exclusivamente para los Juegos Bolivarianos.
La cronología de los hechos mostraría una escalada de represalias. El 29 de marzo de 2023, Vega publicó una investigación sobre irregularidades en una póliza de la Gobernación del Cesar que logró detener la adjudicación.
El 3 de mayo de ese año, tituló un nuevo informe con la frase: “La orden es asesinarme”, tras establecer que sus detractores habrían puesto precio a su cabeza. El 4 de septiembre rindió declaración jurada ante la Fiscalía sobre el atentado y las amenazas sufridas en 2021. El medio también reveló cómo se repartieron 618.000 millones de pesos del Oocad Paz en el Cesar, fondos destinados a proyectos en municipios afectados por la violencia, que terminaron en manos de comisionistas, funcionarios y alcaldes aliados.
La persecución judicial se intensificó en 2024. En enero, la Fiscalía imputó a Fernández por amenazas agravadas, pero en abril reabrió el proceso por extorsión contra Vega, un caso que había sido archivado dos años antes y para el cual, según la defensa del periodista, no existía ninguna prueba nueva.
El equipo legal de Vega, representado por El Veinte, solicitó a la Fiscalía el documento que justificara la reapertura del caso, sin obtener respuesta. Paralelamente, surgieron nuevas denuncias de funcionarios y contratistas contra el periodista, lo que han catalogado como un caso de acoso judicial que coincidió con su salida del país junto a su familia. El Periódico – Prensa Libre dejó de publicarse en medio de esta crisis.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en 2024 se registraron 530 agresiones contra periodistas en Colombia, un incremento del 13% respecto al año anterior. Ese mismo año, se reportaron 20 casos de desplazamiento forzado y cuatro de exilio, lo que confirma el alto riesgo que implica ejercer el periodismo en el país.
La Flip también advirtió sobre el “desierto informativo” que afecta a 666 municipios colombianos, donde la ausencia de medios locales es consecuencia directa de la presión y el silenciamiento que enfrentan los periodistas regionales.
Actualmente, el caso de Vega sigue abierto. La Fiscalía, citada por Cambio, explicó que el proceso se encontraba inactivo en Valledupar porque el periodista solicitó el cambio de fiscal por falta de garantías en el Cesar.
Por razones de transparencia, el caso fue asignado a un nuevo fiscal en Cúcuta, quien reactivó el proceso y citó a Vega a una audiencia de imputación y medida de aseguramiento, programada para el 20 de agosto de 2025 en el Juzgado Tercero Penal Municipal de Valledupar. Amparado por la red de abogados pro bono de El Veinte, Vega asistió a la audiencia y solicitó su reprogramación para contar con su apoderado de confianza y todas las garantías para su defensa. La nueva fecha quedó fijada para el 3 de septiembre.
El diario nacional intentó obtener declaraciones de Andrés Arturo Fernández, pero este se negó a responder y remitió al medio a su abogado. Por su parte, fuentes de la Fiscalía reiteraron que la reactivación del proceso contra Vega obedeció a la reasignación del caso a un fiscal en Cúcuta, quien decidió citarlo a imputación.
