Las investigaciones de la Fiscalía, respaldadas por testimonios y registros de recorrido vehicular, sostienen que Betssy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, intentó refugiarse en la Embajada de México en Lima el 7 de diciembre de 2022, poco después de la fallida proclamación de un golpe de Estado. Casi tres años más tarde, concretaría ese mismo objetivo: logró obtener asilo político del gobierno mexicano, ya no como acto inmediato tras el colapso de la administración castillista, sino como estrategia para evadir la acción de la justicia peruana que la procesa por rebelión y conspiración.
Desde el inicio de las pesquisas, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos incluyó entre sus hipótesis que Chávez y otros miembros del círculo cercano a Castillo buscaron en esa jornada tumultuosa ampararse bajo la protección diplomática mexicana para evitar ser detenidos por las autoridades.
Esta versión se vio reforzada con el testimonio del chofer Cristian Martínez Valencia, quien declaró ante el Ministerio Público que, tras la detención del expresidente, la propia expremier le ordenó dirigirse a la Embajada de México. “Ella misma me dijo: ‘Vamos a la embajada de México, por favor’. Se notaba que la señora Chávez Chino estaba muy apurada”, ratificó Martínez en el juicio oral.
En contraste, Betssy Chávez siempre ha negado esta versión. Durante el debate procesal, se adhirió al pedido fiscal para que la sala admitiera como nuevo elemento de prueba un informe de geolocalización del vehículo oficial que la transportó ese día. Solicitó que el análisis del GPS cubra no solo el tramo posterior a la detención de Castillo, sino todo el intervalo entre las 7:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, argumentando que así se establecería que su destino era su domicilio particular y no la misión diplomática mexicana.
“Cuando me lleva a premierato y de premierato salimos a la una de la tarde con la pretensión de ir a mi domicilio que justamente es en La Rambla y no como se especulaba que me estaba yendo a los Estados Unidos de México, a la embajada”, declaró la expremier ante el tribunal.
Pese a esta narrativa, la hipótesis fiscal persistió a lo largo de los meses: la cercanía de varios ex altos funcionarios con la Embajada de México y la experiencia reciente con Pedro Castillo —quien sí buscó el auxilio diplomático mexicano tras el golpe fallido— refuerzan la interpretación de un plan de fuga frustrado. El registro de recorridos y las declaraciones del personal de seguridad alimentaron este escenario, detallando movimientos sospechosos y la presencia de vehículos oficiales en las inmediaciones de la sede diplomática.
El giro en el caso se produjo en noviembre de 2025. Tras un periodo en prisión preventiva y su posterior liberación, ordenada por el Tribunal Constitucional por irregularidades en la prolongación de la medida, Betssy Chávez terminó presentando formalmente una solicitud de asilo ante la Embajada de México en Lima.
La respuesta mexicana fue inmediata: el gobierno la reconoció como perseguida política y le otorgó el beneficio solicitado. La concesión de asilo, confirmada oficialmente por el canciller Hugo de Zela, representó el desenlace de una estrategia que la Fiscalía había documentado desde diciembre de 2022 y que la acusación considera parte de una conducta destinada a evitar la acción de la justicia ordinaria peruana.
La reacción del gobierno de Perú fue contundente. Hugo de Zela afirmó que el asilo otorgado representa un acto inamistoso y “una flagrante injerencia en procesos judiciales internos”. Señaló que México ha intervenido reiteradamente en temas internos peruanos a través de la protección a ex funcionarios procesados por delitos graves, por lo que anunció la ruptura formal de las relaciones diplomáticas, dejando únicamente en pie la atención consular para nacionales de ambos países.
