El PP llevará la próxima semana a votación en el Congreso una propuesta para que el Tribunal de Cuentas realice un informe de fiscalización sobre la restitución al PNV del palacete de París que ocupó el gobierno vasco en el exilio y que alberga la sede del Instituto Cervantes en la capital francesa.
Así lo defenderá el próximo martes ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, un órgano en el que los ‘populares’ y Vox suman mayoría, por lo que la iniciativa tiene visos de salir adelante.
En concreto, lo que plantea el PP es que el órgano que preside Enriqueta Chicano lleve a cabo una fiscalización de la devolución a los nacionalistas vascos del inmueble sito en el número 11 de la parisina Avenue Marceau, y sobre la compensación por otros dos inmuebles ya inexistentes en las ciudades de Noyon y Compans, respectivamente.
Esta medida iba en el decreto ley ómnibus del Gobierno que la oposición tumbó en enero y se repitió en la versión posterior que sí fue convalidada por el Congreso. El PNV alega que el edifico fue comprado por ellos como sede del Gobierno vasco en el exilio y que fue incautado por al dictadura, pero los ‘populares’ y Vox siempre cuestionaron esa devolución.
OCULTAN LOS INFORMES
El PP sostiene que el Gobierno ha «ocultado» los informes patrimoniales y jurídicos en los que basó esta decisión, así como su compromiso de pagar un millón de euros al PNV durante seis años en concepto de alquiler, para que el Instituto Cervantes mantenga su sede en París hasta el 31 de diciembre de 2030.
El pasado lunes, durante la comparecencia en el Senado del director general del Patrimonio del Estado, Juan Tejedor Carnero, el portavoz de Hacienda del PP en el Senado, Alfonso Polanco, denunció que lo que hizo el Gobierno fue una «privatización encubierta» del inmueble.
Polanco recordó que en 2003 el Tribunal Supremo rechazó la cesión de este edificio a los nacionalistas vascos por considerar que su titularidad no estaba clara y que la documentación disponible atribuía la atribuía al Gobierno vasco en el exilio, «no al partido».
También insistió en que los tribunales franceses fallaron en contra del PNV en sendas sentencias en 1943, 1949 y 1951.
Además, el portavoz de Hacienda del PP en la Cámara Alta denunció que la valoración del coste de la cesión del palacete se sitúa cerca de los 25 millones de euros (15 millones de la valoración de mercado, seis del alquiler anual hasta 2030 y otros 3,8 millones de compensación al PNV por pérdida de uso de los edificios Noyon y Compans).
IMPACTO CONTABLE, NO PRESUPUESTARIO
Por su parte, el director general de Patrimonio del Estado, insistió en que la medida no ha tenido impacto presupuestario, pero sí contable, puesto que el inmueble se ha dado de baja en la contabilidad patrimonial del Estado y que, en todo caso, el Instituto Cervantes podrá seguir ocupando el inmueble hasta el 31 de diciembre de 2030, abonando desde el 1 de enero una renta de mercado.
Respecto a la sentencia del Supremo de 2003 que alega el PP, Tejedor Carnero explicó que se desestimó la restitución al PNV porque en la ley vigente en aquel momento, que databa de 1998, «solo se admitían supuestos de incautación, no de restituciones del Gobierno español en virtud de sentencia judicial». Pero ahora se basan en la última Ley de Memoria Democrática, que sí da amparo legal a la operación.
El PP también advirtió de que la entrega de ese inmueble al PNV también puede tener consecuencias en los estados contables del partido nacionalista, ya que supone unos ingresos que pueden suponer una financiación extraordinaria o una donación al margen de la ley.
