La detención del presidente y del CEO de la aerolínea Plus Ultra, vinculadas a una investigación sobre presunto blanqueo de capitales, motivó que la vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, planteara ante la Comisión Europea la necesidad de un examen minucioso sobre el destino de ayudas públicas y la prevención de la corrupción por parte del Gobierno de España. Según informó el medio proporcionado, la dirigente solicitó que Bruselas determine si las actuaciones de los organismos estatales y de la citada compañía podrían haber conducido a infracciones ocultas de la normativa europea sobre ayudas estatales, lo que representaría un riesgo significativo para el marco democrático.
El medio precisó que Montserrat dirigió varias preguntas formales a la Comisión Europea. En su consulta, la eurodiputada detalló las recientes investigaciones policiales y judiciales que llevaron a arrestos en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y en Plus Ultra, bajo la presunción de delitos como fraude, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Montserrat subrayó la relevancia de que estos operativos afectaran a entidades «clave» de la administración pública, entre ellas SEPI, SEPIDES, Enusa y Mercasa, organismos con capacidad de intervenir en programas de apoyo empresarial.
De acuerdo con la información publicada, la representante del Grupo Popular Europeo solicitó a la Comisión que pida información formal a las autoridades españolas para precisar si las actividades objeto de investigación generaron “ventajas económicas selectivas o encubiertas” a favor de determinadas empresas. Esta petición se ampara en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que regulan la concesión de ayudas estatales y su compatibilidad con las normas del mercado interior.
Durante su intervención en el Parlamento Europeo, Montserrat destacó que la entrega por parte del Gobierno de España de 53 millones de euros a Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) exige una “verificación a posteriori” del cumplimiento de las directrices comunitarias sobre ayudas de Estado. Según el medio, la vicepresidenta del PPE argumentó que la gravedad de los hechos hace necesarios mecanismos de control independientes y alejado de toda interferencia política.
El medio señaló que la fuente popular aludió explícitamente a la gestión institucional bajo el presidente Pedro Sánchez. Montserrat expresó que, a su juicio, las investigaciones actuales apuntan a la existencia de redes de influencia y a decisiones que no se ajustan a los principios de un Estado de Derecho. Añadió que, bajo estas condiciones, las instituciones públicas estarían funcionando como un “sistema paralelo” sujeto a intereses oscuros, lo cual, según sus palabras recogidas por el medio, “pone en riesgo la democracia”. La eurodiputada sostuvo además que “cuando las instituciones empiezan a parecerse demasiado al mundo del revés, es la democracia la que está en riesgo”.
El medio proporcionado también reprodujo la comparación de Montserrat entre la situación institucional española y el «Upside Down de Stranger Things», apuntando a una percepción de desorden y manipulación en instancias públicas que, según la política, deberían estar al servicio de la ciudadanía.
Las preguntas planteadas a la Comisión Europea también buscan esclarecer si hubo irregularidades en la protección del presupuesto comunitario, en particular respecto al control del uso de fondos de la Unión. El medio informó que Montserrat exigió a Bruselas comprobar específicamente si el Gobierno español ha velado por los estándares exigidos en prevención del fraude y la corrupción, recordando que en sus palabras debe comprobarse si los mecanismos de control han funcionado sin interferencias políticas.
La investigación judicial sobre la SEPI, según reportó la fuente, involucra a su expresidente Vicente Fernández en calidad de detenido y bajo sospecha de fraude y otros delitos. Este hecho amplía el alcance del caso, al estar SEPI involucrada en varios programas empresariales y contar con vínculos con otras entidades investigadas como SEPIDES, Enusa y Mercasa.
El artículo original añadió que Montserrat caracterizó el contexto actual como un “tsunami” de presunta corrupción que, en su opinión, requiere de una respuesta rigurosa por parte de las instituciones europeas y que ponga bajo revisión el uso potencialmente irregular, opaco o contrario a la competencia de los recursos públicos. La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo reclamó reiteradamente a la Comisión Europea que actúe y realice las comprobaciones “necesarias” para aclarar si las actividades bajo investigación encajan en la legalidad comunitaria y si se han respetado todos los procedimientos de vigilancia de fondos públicos.
La petición formal presentada ante Bruselas refleja inquietud sobre el alcance de las pesquisas policiales y judiciales que afectan a organismos del Estado y a empresas subvencionadas. De acuerdo con el medio, estas actuaciones han motivado un llamado a una revisión exhaustiva por parte de la Comisión Europea sobre el cumplimiento de las reglas de competencia y la integridad de la gestión de fondos estatales y europeos por parte del Gobierno español.