La comisión del Senado que investiga la gestión institucional ante la dana en Valencia ha sumado en las últimas semanas una presión adicional para ampliar el listado de responsables que deberán comparecer, una evolución motivada por el calendario parlamentario y la coincidencia de fechas clave en el Congreso, donde también se examina el caso. Según informó Europa Press, el Partido Popular, que controla la mesa del órgano en la Cámara Alta, prevé reactivar la actividad de la comisión y convocar a nuevos testigos antes de que finalice el año, incluyendo la intención de citar a cargos políticos principales. Esta medida responde tanto al debate interno sobre la conveniencia de mantener abierta la investigación como a las exigencias sociales sobre transparencia en la gestión de la tragedia, que dejó más de 225 personas fallecidas en la provincia de Valencia.
De acuerdo con Europa Press, el Partido Popular ha fijado para este jueves una nueva reunión de la mesa de la comisión, con la meta de reajustar el calendario de comparecencias y estudiar la convocatoria formal de altos cargos del Gobierno central y de la Generalitat Valenciana. El partido tiene mayoría absoluta en ese órgano, lo que determina el rumbo de la investigación en el Senado. Europa Press detalló que entre las novedades figura la previsión de citar a personas a comparecer durante la semana del 15 de diciembre, coincidiendo en el tiempo con la exposición prevista de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien deberá rendir cuentas ante la comisión homóloga en el Congreso de los Diputados. Esta coincidencia en calendarios implica que tanto el Senado como el Congreso centran su atención de manera simultánea en las actuaciones institucionales durante la emergencia.
Desde la creación de la comisión en enero de este año, la actividad ha sido escasa. Según recogió Europa Press, hasta el momento el foro solo ha contado con 18 comparecientes, todos ellos de perfil técnico, como docentes universitarios en el campo de la ingeniería y el derecho, así como arquitectos y especialistas en gestión de recursos hídricos. Las últimas comparecencias realizadas, el 20 de octubre, involucraron tanto a Ignacio Valero Garcés, jefe de Área del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar, como a Ricardo Domínguez Lillo, jefe de Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos del mismo organismo. En estos casi once meses de funcionamiento, la comisión no ha interrogado a responsables políticos, pese a que en el listado de futuros interpelados figuran nombres como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y varios ministros.
Europa Press reportó que esta ausencia de comparecencias políticas ha generado cuestionamientos dentro del mismo Partido Popular en el Senado. Según fuentes parlamentarias citadas por el medio, algunos senadores consideran que la continuidad de la comisión supone un riesgo para la imagen del partido, ya que cada sesión reactiva el debate público sobre la gestión de la emergencia y mantiene la exposición mediática semana tras semana, en paralelo a las investigaciones que mantiene la justicia sobre las posibles responsabilidades de la Generalitat Valenciana. Así, dentro del grupo parlamentario del PP han surgido dudas acerca del beneficio político derivado de mantener activa la comisión, con el temor de que las pesquisas terminen desviándose hacia responsabilidades propias y no solo del Gobierno central, como se pretendía inicialmente.
El medio Europa Press consignó que la creación de la comisión en la Cámara Alta tuvo como objetivo inicial acotar el alcance de las investigaciones que se realizaban en el Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular carece de mayoría suficiente para controlar la agenda y el desarrollo de las preguntas. La estrategia consistía en centrar el foco sobre la actuación del Ejecutivo central, relegando a un segundo plano el análisis del papel de otras administraciones durante la tragedia. Este planteamiento ha recibido críticas desde la bancada socialista, cuyo portavoz ha denunciado reiteradamente que la composición de los comparecientes priorizaba perfiles técnicos y prescindía de responsables políticos. Según la valoración de estos representantes, recogida por Europa Press, el PP habría intentado condicionar el relato del episodio y limitar el alcance de las conclusiones políticas, actitud que, a juicio de los socialistas, estaría quedando desmentida por las nuevas informaciones judiciales y lo expuesto en la instrucción de los tribunales.
Las tensiones internas en el seno del Partido Popular se han reflejado en el debate sobre la utilidad de la comisión, pues entre algunos cargos predomina la percepción de que la investigación lejos de favorecer electoralmente al partido puede convertirse en un problema, especialmente por la superposición con la causa judicial que sigue abierta y que también examina la actuación de la administración autonómica durante el episodio catastrófico.
Europa Press informó también que la reunión de la mesa programada para esta semana se perfila como clave para determinar si se amplía la lista de interpelados de cara a los meses finales del año. Esta decisión busca responder tanto a la presión de los senadores críticos, que exigen mayor transparencia y responsabilidades políticas, como a las demandas de la opinión pública por un mayor control parlamentario en torno a la tragedia que afectó a Valencia.
Durante el periodo en que ha funcionado la comisión, cada sesión ha estado marcada por un avance limitado y por la ausencia de preguntas a los principales responsables institucionales, escenario que ha generado discusión en el Partido Popular y también entre el resto de los grupos parlamentarios. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, los representantes del PSOE insisten en el argumento de que la exclusiva presencia de expertos técnicos ha obstaculizado la posibilidad de esclarecer las decisiones tomadas por los diferentes niveles de la Administración durante la crisis.
Finalmente, el anuncio de que antes de terminar el año se convocará a nuevos comparecientes responde a la necesidad de dar un nuevo impulso político a la investigación en el Senado. Según fuentes citadas por Europa Press, la inclusión prevista de cargos políticos en las próximas rondas de comparecencias puede alterar la dinámica que ha imperado hasta el momento, abriendo el debate sobre la responsabilidad de las instituciones y la gestión política de la tragedia de la dana, un episodio cuyas consecuencias aún centran la atención de la sociedad y el foco de los distintos poderes del Estado.
