Fuentes del Partido Popular han señalado que, tras el caso de Francisco Salazar, la reacción del Partido Socialista ha generado una “brecha” en el respaldo del electorado femenino y que dicha situación, a su juicio, afecta la confianza de las mujeres en el PSOE. Según informó el medio, la dirección nacional del Partido Popular sostiene que la gestión de los socialistas ante la denuncia de acoso sexual evidencia la importancia de contar con mecanismos internos eficaces y transparentes. La noticia principal gira en torno a la reivindicación del PP de sus propios protocolos internos frente a los procedimientos aplicados por el PSOE en este caso.
De acuerdo con el medio digital, los responsables del PP destacaron que su partido dispone de un canal interno y de un protocolo específico preparado para activarse automáticamente ante denuncias de acoso sexual, lo que permite la investigación inmediata de los hechos. Han insistido en que, en contraposición al PSOE, su formación ha implementado un sistema en el que las denuncias pasan a manos de una Oficina de Cumplimiento Normativo que, según describen, analiza cada caso bajo estrictos estándares internos. Tal como recoge el medio, los dirigentes del PP aseguran que su procedimiento abarca también el trámite de audiencia de las partes implicadas, reforzando la transparencia y la capacidad de respuesta.
La dirección popular, en declaraciones recogidas por la misma publicación, remarcó que no busca silenciar ni evitar el avance de las investigaciones internas. Argumentan que lo fundamental no es la ausencia de denuncias en las organizaciones, sino la forma en la que éstas se abordan cuando surgen. El medio indicó que el PP recuerda otros episodios en la esfera socialista, como las conversaciones atribuidas a José Luis Ábalos y Koldo García, las rebajas de penas y excarcelaciones vinculadas a la conocida Ley del “solo sí es sí”, así como los recientes fallos en el uso de pulseras antimaltrato, para subrayar sus críticas sobre la gestión socialista.
El partido presidido por Alberto Núñez Feijóo enfatizó, según consignó el medio digital, que su proceso de recepción y análisis de denuncias tiene como base un “procedimiento distinto de raíz” al aplicado por Ferraz. Recalcan que disponen de un canal interno específico, donde cada denuncia es revisada por funcionarios asignados para dar seguimiento e investigar los hechos en todos los niveles del partido. Añaden que nunca solicitan a las víctimas que desistan en sus reclamos ni se intenta “cerrar” anticipadamente una investigación, afirmando que el eje rector es el principio de: “quien la hace, la paga y se va del partido”.
El medio explicó que, en la reciente sesión de control en el Congreso de los Diputados, las tensiones entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo aumentaron cuando el presidente del Gobierno acusó a la coalición de PP y Vox de convertirse en “una amenaza para las mujeres”. Ante esta situación, los dirigentes populares defendieron que dentro de sus filas ni de las de Vox existen casos similares a los que afectan al ex dirigente socialista Francisco Salazar y negaron haber encubierto conductas de esa naturaleza.
El Código Ético y de Conducta del PP, según reprodujo el medio, prohíbe expresamente cualquier forma de acoso, tanto moral como sexual, en el ámbito laboral y político. Esta normativa se actualizó durante el congreso nacional de julio, cuando el PP anunció formalmente la creación de la Oficina de Cumplimiento Normativo como medida para reforzar la prevención y seguimiento de estos casos, así como para asegurar la aplicación efectiva de los estatutos internos.
El medio digital agregó que el propósito central de esta normativa radica en aplicar el criterio de “quien la hace, la paga y se va del partido” no solo en incidentes de corrupción sino en cualquier conducta incompatible con los valores de la organización. Funcionarios del PP declararon al medio que los casos de acoso sexual aparecen en entidades de todo tipo, incluidas empresas y no solo en el ámbito político, pero insisten en que la diferencia fundamental está en el rigor y el modo en que cada estructura reacciona y actúa tras recibir una denuncia.
El Partido Popular argumenta que la diferencia en el tratamiento interno de acusaciones fortalece su posición ante la opinión pública y, a su entender, deja al PSOE en una situación de pérdida de credibilidad tanto en temas de feminismo como en otros casos recientes mencionados. Según expresaron al medio, consideran que, tras la gestión del caso Salazar y otros incidentes, la dirección socialista no puede “dar lecciones” en materia de ética ni en políticas de igualdad.
El medio informó que, dentro de la estructura interna popular, cada denuncia se atiende bajo protocolos estrictos desde la recepción hasta la resolución, reiterando la intención de su Oficina de Cumplimiento Normativo de supervisar la eficacia de los procedimientos y asegurar la protección de la víctima, así como el esclarecimiento de los hechos. Los dirigentes del PP han alertado, según las declaraciones recogidas por el medio, que el intento del PSOE de clausurar el caso Salazar podría tener consecuencias duraderas sobre la confianza ciudadana, especialmente entre las mujeres. Añaden que la recuperación del apoyo femenino podría ser lenta y que la integridad del procedimiento es un elemento clave para la credibilidad de cualquier organización política frente a este tipo de denuncias.
De acuerdo con las opiniones reflejadas por el medio digital, desde la sede central del PP en la calle Génova recalcan que su enfoque no reside en negar la existencia de casos sino en establecer sistemas internos claramente definidos para impedir que se repitan episodios de encubrimiento o falta de transparencia. Reiteran que la existencia de cauces internos diferenciados y la intervención de la Oficina de Cumplimiento Normativo constituyen una garantía frente a situaciones similares, subrayando que la absorción y ejecución de su código ético es central para su línea política y organizativa.
El medio concluyó que, tras los recientes acontecimientos vinculados al caso Salazar y los debates en el Congreso, la estrategia del Partido Popular se orienta a remarcar la diferencia fundamental entre ambos grandes partidos en la gestión de denuncias internas, siendo su objetivo central restaurar y preservar la confianza de la ciudadanía a través de sus propios mecanismos de control y prevención.
