El señalamiento de vínculos profesionales entre Vicente Fernández y la vicepresidenta María Jesús Montero, así como el traspaso de Fernández a la empresa Servinabar tras dirigir la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), fueron resaltados por voces del Partido Popular como “indicios de amaños” en la adjudicación de contratos públicos, en tanto que dichos movimientos forman parte de las indagaciones que desembocaron en recientes detenciones de exdirigentes socialistas. Según indicó Europa Press, estas circunstancias han nutrido la presión ejercida sobre el Gobierno por la oposición y han provocado un fuerte incremento de las exigencias parlamentarias de responsabilidades ante lo que el PP describe como una descomposición institucional.
De acuerdo con Europa Press, el clima político español vivió un aumento de tensión luego de que la Guardia Civil, tras recibir instrucciones de la Fiscalía Anticorrupción y a petición de la Audiencia Nacional, efectuó una serie de arrestos de figuras que ocuparon cargos destacados en la administración y en la estructura orgánica del Partido Socialista Obrero Español. Entre quienes han pasado a calidad de detenidos aparecen Leire Díez, exmilitante socialista, y Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI. Además, se produjo la renuncia del presidente de la Diputación de Lugo, tras haber sido denunciado por supuesto acoso sexual. Estas actuaciones policiales todavía permanecen bajo secreto de sumario por decisión de la Audiencia Nacional, dado el alcance de las investigaciones y la complejidad de los cargos estudiados.
Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, difundió una reacción desde la red social X, donde ironizó acerca del volumen creciente de arrestos, proponiendo que las cárceles terminarán “quedándose pequeñas” si prosigue la tendencia de detenidos vinculados al PSOE. El mensaje forma parte de una estrategia comunicativa que se expandió, según reportó Europa Press, mediante la difusión de imágenes del presidente Pedro Sánchez junto a Leire Díez en plataformas digitales, pretendiendo contraponer la supuesta cercanía entre ambos a las declaraciones públicas de Sánchez desvinculándose de los implicados.
Ester Muñoz, portavoz popular en el Congreso, expresó a los medios en sede parlamentaria que la sucesión de escándalos y dimisiones dentro del entorno socialista debilita las opciones del presidente del Gobierno para culminar la legislatura cuyo final estaría previsto en 2027. “Cada vez que escucho a Pedro Sánchez decir que va a aguantar hasta 2027, pues con el ritmo de escándalos que llevamos, yo creo que en 2027 del PSOE no van a quedar ni las raspas. Y al ritmo de detenciones de socialistas o exsocialistas, probablemente las cárceles se queden pequeñas”, sostuvo Muñoz, según transcribió Europa Press.
Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, aprovechó la misma plataforma digital para remarcar el carácter simbólico de los arrestos de afectados considerados próximos a la vicepresidenta Montero tanto en el Ejecutivo nacional como en épocas anteriores de gestión autonómica. Según publicó Europa Press, Bendodo afirmó que la situación representa “la agonía de un Gobierno podrido y acabado”, intensificando la retórica dirigida contra el grupo gubernamental.
La serie de imágenes compartidas por el Partido Popular en su cuenta oficial, en las que se observa a Pedro Sánchez acompañado de Leire Díez, servía al propósito de remarcar la presunta proximidad entre las principales figuras señaladas en la operación judicial y el presidente, pese a los intentos desde el Gobierno de distanciarse públicamente de la implicada. Una de las publicaciones ironizó afirmando: “La Guardia Civil detiene a una señora que Pedro Sánchez no conoce de nada”, según reportó Europa Press.
En cuanto al proceso judicial, Europa Press detalló que la investigación liderada por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional pone el foco en supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, afectando a exresponsables con protagonismo clave en la administración y en la estructura del partido gobernante. Tanto la detención de Leire Díez como la de Vicente Fernández, junto a la dimisión que se produjo en la Diputación de Lugo, han generado presión mediática e institucional sobre el Ejecutivo y han sido eje de nuevas acusaciones del PP en diferentes esferas.
En las intervenciones públicas, los portavoces populares han sostenido repetidamente que el volumen y la gravedad de los casos activos abonan su diagnóstico de “descomposición institucional”. Según recogen las declaraciones a Europa Press, la sucesión de escándalos, arrestos y dimisiones impulsa una mayor incertidumbre sobre la viabilidad política del actual Ejecutivo, planteando interrogantes sobre la estabilidad futura del Gobierno y la posibilidad de Pedro Sánchez para mantenerse al frente hasta el fin de la legislatura anunciado.
La cobertura de Europa Press subraya que la implicación de antiguos altos cargos vinculados a la gestión de contratos añade peso mediático a la operación, cuyo secreto de sumario persiste debido a la complejidad e impacto de las figuras concernidas. El Partido Popular, por su parte, ha mantenido la presión a través de comunicados, publicaciones digitales y declaraciones en sede parlamentaria, empleando tanto discursos de Tellado, Muñoz como de Bendodo para sostener el argumento de una creciente crisis institucional en el país.
El despliegue policial y judicial, indicaron fuentes consultadas por Europa Press, ha modificado el escenario político y ha aumentado la atención pública sobre los movimientos tanto del partido gobernante como de la oposición. Mientras continúan las diligencias, se intensifican los cuestionamientos sobre la capacidad del Gobierno de gestionar la crisis y sobre las posibles consecuencias para la estructura interna del partido socialista. Según las valoraciones difundidas por Europa Press, la evolución de la investigación podría deparar nuevas comparecencias, dimisiones adicionales y un reforzamiento de la vigilancia sobre el Ejecutivo, en un periodo caracterizado por la volatilidad y el seguimiento institucional a cada etapa del proceso.