La controversia se ha concentrado en torno al uso de la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) en el Senado, que ha permitido impulsar un procedimiento formal de reclamación institucional. Según informó Europa Press, la Cámara Alta sometió a votación la presentación de un conflicto de atribuciones ante el Congreso de los Diputados y el Gobierno, como reacción al veto impuesto por el Ejecutivo sobre dos enmiendas clave relacionadas con financiación de la movilidad sostenible y compensaciones para contratos públicos.
De acuerdo con Europa Press, el enfrentamiento quedó formalizado tras el rechazo ejecutivo a las enmiendas 118 y 148, promovidas por el PP, centradas en obligaciones de financiación anual para la movilidad sostenible y previsiones de indemnizaciones para contratos públicos actuales. El veto gubernamental, ejercido en la última fase del proceso legislativo, se justificó por el posible desequilibrio presupuestario que introducirían estas medidas, bloqueando así su incorporación al texto definitivo de la Ley de Movilidad Sostenible.
Europa Press detalló que la primera enmienda afectada, correspondiente al artículo 61 bis, proponía que el Ministerio de Transportes destinara cada año, a través de los Presupuestos Generales del Estado, fondos específicos para fomentar la movilidad sostenible fuera de las áreas urbanas e interurbanas. Este apartado buscaba impulsar la instalación de puntos de recarga de acceso público, especialmente en zonas interurbanas con baja significación estratégica, y promover la renovación de flotas de transporte de pasajeros y mercancías por alternativas con menor impacto ambiental, utilizando exenciones fiscales y subsidios como mecanismos financieros.
La segunda enmienda, tal como reportó Europa Press, se recogía en la disposición transitoria undécima, e incluía una garantía de compensación económica para los titulares de contratos públicos vigentes que fueran afectados por las nuevas exigencias de la ley. Planteaba que los órganos responsables de la contratación debían prever indemnizaciones siempre que la aplicación de las nuevas normas implicara un aumento en los costes operativos de los contratistas.
El desencadenante de la actual disputa institucional, según destacó Europa Press, fue la decisión del Gobierno liderado por Pedro Sánchez de vetar las dos enmiendas antes de la aprobación final de la ley en el Congreso. La argumentación oficial se centró en que la aceptación de las propuestas modificaría el equilibrio económico acordado, y que el procedimiento legislativo permite al Ejecutivo intervenir y bloquear disposiciones que afecten de forma directa los compromisos financieros del Estado.
El reglamento parlamentario, según reseñó Europa Press, contempla un protocolo específico cuando una de las cámaras parlamentarias considera que su capacidad de acción ha sido limitada injustificadamente por la otra o por el Gobierno. En tales casos, se activa un proceso formal de reclamación: una vez comunicado el conflicto, el Congreso y el Gobierno disponen de un mes para responder. Concluido ese plazo, con o sin contestación, el Senado puede decidir si traslada la controversia al Tribunal Constitucional para que determine los límites exactos de las atribuciones de cada poder del Estado en relación a la tramitación de propuestas legislativas con impacto presupuestario.
Según consignó Europa Press, este procedimiento de reclamación institucional no representa un hecho aislado en la legislatura actual. Otras disputas similiares han surgido alrededor de la Ley de Amnistía, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y distintas reformas de importancia, poniendo de manifiesto la existencia de divisiones entre la mayoría del Senado y el Gobierno central sobre cuestiones institucionales y de procedimiento legislativo.
En el análisis de fondo, informó Europa Press, el meollo de la discusión se asienta en la interpretación de las competencias constitucionales: por un lado, se encuentra la autonomía del Senado para introducir modificaciones en los textos normativos; por el otro, la habilitación del Ejecutivo para vetar propuestas que impliquen cambios materiales en el gasto o los ingresos públicos. El resultado final dependerá de la evolución de los plazos reglamentarios y del diálogo entre las cámaras, mientras se mantiene abierta la posibilidad de una intervención del Tribunal Constitucional si persiste el desacuerdo.
A lo largo de la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible, señaló Europa Press, el Congreso aceptó múltiples enmiendas provenientes del Senado y del PP, aunque las relativas a financiación y compensaciones no avanzaron por la objeción expresa del Ejecutivo. Esta decisión llevó al PP a emplear la vía institucional contemplada en el reglamento del Senado para denunciar lo que considera una restricción indebida de su capacidad de influencia en la ley.
Si al acabar el periodo otorgado para las contestaciones formales no se produce una resolución consensuada, el Senado podrá elevar el caso al Tribunal Constitucional. Este órgano será el encargado de decidir sobre el alcance de las prerrogativas parlamentarias y ejecutivas en el marco de la tramitación de leyes que impliquen compromisos económicos. Según recapitula Europa Press, el trámite abierto representa una nueva manifestación de las tensiones existentes entre las instituciones del Estado y evidencia las dificultades para articular consensos plenos en reformas con amplia repercusión.
