Ser joven hoy en día es aceptar que no tendrás una hipoteca con la misma facilidad que lo hicieron tus padres. El acceso a la vivienda se deteriora a pasos agigantados, y tras siete años de promesas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez -a lo que hay que añadir el bloqueo de las comunidades del PP-, la situación sigue siendo dramática. Y es que hay que tener en cuenta una cosa: los sueldos han subido, sí, pero el aumento entre 2015 y 2022 ha sido un 42% menos que la escalada de precios inmobiliarios y de alquiler.
En contraste, el salario medio bruto mensual de los trabajadores jóvenes, tanto del grupo de 16 a 24 años como del de 25 a 34 años, solo se incrementó un 25% acumulado en términos nominales durante el mismo periodo, según el Índice de Precios de Vivienda que recoge el libro Economía de la vivienda (2025), coordinado por José García Montalvo y Josep María Raya Vílchez, con la colaboración de 18 investigadores.
Y lo mismo ocurre en el mercado del alquiler, en el que la brecha también crece. El precio medio del alquiler por metro cuadrado del stock de viviendas arrendadas aumentó un 28,5% en términos acumulados nominales entre 2015 y 2022, superando también el aumento salarial de los jóvenes. “De este modo, los colectivos jóvenes, con unos menores ingresos y una mayor incertidumbre laboral, habrían experimentado un deterioro en las condiciones de acceso ala vivienda y se habría incrementado el esfuerzo, en términos de renta, asociado al gasto en vivienda de alquiler”, dicta el documento.
La vida está muy cara para los jóvenes
Aunque es recurrente el tema de la brecha generacional (a las nuevas generaciones les espera un peor futuro que el que tuvieron las pasadas), el deterioro generalizado de la distribución de la renta y la riqueza en los países desarrollados es una cuestión que preocupa desde los años 90. Las rentas de los jóvenes no suben lo suficiente y la precariedad laboral aumenta. Esto es lo que provoca el deterioro en las condiciones del acceso a la vivienda, obligando al colectivo al mercado del alquiler, aunque no sea la mejor opción ya que es un 83% más caro que pagar la cuota de una hipoteca, según un estudio de Idealista.
Volviendo al libro publicado por García y Raya, el esfuerzo mediano para los hogares arrendatarios españoles que se encuentran en el primer quintil de la distribución de la renta bruta alcanzó el 43,1% en 2022, una cifra que supera ampliamente el esfuerzo mediano registrado en la Unión Europea (UE−27) del 31,9%. De hecho, España destaca como la economía europea con una mayor proporción de la población en alquiler en riesgo de pobreza o exclusión social, situándose alrededor del 45% en el promedio del periodo 2015-2022.
La emancipación en España roza los 30
Este panorama económico desfavorable se traduce directamente en un retraso progresivo en la edad de emancipación. La edad media en la que los jóvenes españoles se van de casa se sitúa en los 29,4 años, una de las más altas de Europa. Y tiene sentido: la dificultad de los jóvenes para generar el ahorro necesario para la entrada de una vivienda, combinada con unos estándares crediticios más prudentes por parte de las entidades financieras desde la crisis de 2008, han desviado gran parte de la demanda de la compra al alquiler.
Las entidades bancarias han mantenido estándares de crédito prudentes, con la ratio promedio entre el importe del préstamo hipotecario y el precio de compra de la vivienda (LTP) situándose en torno al 80% desde 2014, y cayendo al 75% en 2023.
A pesar de que el porcentaje de hogares jóvenes en alquiler ha aumentado sustancialmente desde 2008, el escaso dinamismo de la oferta de vivienda nueva y la rigidez de la oferta de alquiler, que en el corto plazo es muy inelástica, han provocado que el crecimiento de la demanda se traduzca en presiones al alza sobre los precios.
Vivienda pública que brilla por su ausencia
El problema de la asequibilidad se agrava por la casi inexistente dimensión del parque de alquiler social en España. Es muy reducido, estimado en 2023 en unas 300.000 unidades, lo que representa aproximadamente el 1.5% de las viviendas principales. Esta ratio contrasta fuertemente con la media del 7% en las economías europeas y de la OCDE. No obstante, no siempre ha sido así. España tenía vivienda pública pero las descalificaciones masivas hicieron que pasara de lo que podría haber sido un 38% en 2025 a un raquítico 2,5%, según las estimaciones del Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).
Mientras no se incremente sustancialmente la inversión pública en la generación de un parque de vivienda social suficiente (lo que podría llevar varias décadas, incluso a un buen ritmo), las ayudas directas al alquiler son económicamente necesarias para paliar el problema de acceso. Sin embargo, la literatura económica advierte que una parte de estas ayudas es a menudo captada por los propietarios mediante el aumento de precios. En Cataluña, por ejemplo, se ha observado que los pisos cuyo inquilino recibe una ayuda al cambiar de contrato experimentan un aumento de precio de casi 7 puntos porcentuales más en relación al contrato anterior, en comparación con aquellos que no reciben ayuda.
