Al mencionar que el Partido Comunista Polaco (KPP) carece de representación tanto en el Parlamento, como en el Senado, los gobiernos locales y el Parlamento Europeo, la moción presentada por el presidente polaco Karol Nawrocki ante el Tribunal Constitucional ha reavivado el debate sobre la legalidad de la organización. De acuerdo con la información publicada por la cadena polaca TVP, el mandatario solicitó al alto tribunal prohibir formalmente la existencia del KPP, argumentando que sus fines y actividades replican mecanismos y métodos totalitarios vinculados al comunismo y hacen referencia expresa al uso de la violencia como herramienta política.
Según informó TVP, Nawrocki fundamentó su pedido en la Ley de Partidos Políticos de Polonia, que otorga al Tribunal Constitucional la facultad de eliminar del registro aquellos partidos cuyos programas o actividades sean incompatibles con la Constitución. La presentación formal establece que tanto la doctrina como las acciones del KPP incluyen “prácticas totalitarias del comunismo” y contemplan el empleo de la fuerza para influir en la vida política nacional. En el texto presentado por Nawrocki y recogido por el medio polaco, se manifiesta la preocupación de que la permanencia del partido pueda suponer una amenaza para el orden democrático y constitucional del país.
La acción promovida por el presidente aún no ha recibido respuesta oficial ni del propio KPP ni del tribunal encargado de resolver el expediente. El medio TVP puntualizó que este recurso no constituye el primer intento de ilegalización de la agrupación comunista. En diciembre de 2020, la Fiscalía y el entonces ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, también impulsaron la disolución del partido utilizando como argumento una supuesta incitación al totalitarismo en sus estatutos. En aquel momento, el funcionario, vinculado al partido nacionalista Ley y Justicia (PiS), acusó al KPP de alinearse con prácticas antidemocráticas prohibidas por la Constitución.
TVP detalló la situación legal de Ziobro, quien actualmente reside en Hungría y es requerido por la Fiscalía polaca bajo 26 cargos, incluyendo la presunta dirección de una organización criminal y el manejo indebido de cerca de 150 millones de zlotys (equivalentes a 35 millones de euros). El expresidente de la cartera de Justicia es investigado, entre otras acusaciones, por el financiamiento del software de espionaje israelí Pegasus, una herramienta supuestamente utilizada para vigilar a empresarios, políticos y periodistas opositores a su gestión.
El KPP, a la espera de responder formalmente a la moción presentada por Narwocki, ya había recurrido a la defensa de su legalidad durante el proceso promovido por Ziobro en 2020. En ese momento, la agrupación contestó que los cargos se basaban estrictamente en consideraciones de carácter histórico y apuntó que se le intenta responsabilizar indiscriminadamente por los hechos del régimen comunista que gobernó Polonia entre 1945 y 1989. El propio partido aclaró que la estructura política de aquella época no representaba al comunismo, sino un intento pragmático de establecer el socialismo, cuyo balance positivo destacaron por las reformas sociales implementadas.
El debate abierto tras la presentación de la moción de Nawrocki se inscribe en un contexto político donde las referencias al pasado comunista conservan un peso simbólico importante en la memoria social y en el marco legal polaco. Tal como reportó TVP, la evolución de este proceso dependerá en última instancia de la interpretación que haga el Tribunal Constitucional sobre el marco normativo y sobre la compatibilidad de los principios y actividades del KPP con el ordenamiento constitucional vigente. La decisión de la justicia polaca sobre la continuidad o abolición del Partido Comunista Polaco permanece pendiente, mientras la organización prepara sus argumentos en defensa de su permanencia en la vida política legal del país.
