El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, se presentó ante el fiscal porteño Maximiliano Vence, se negó a declarar y adelantó que en los próximos días presentará un descargo por escrito respecto de las acusaciones surgidas tras la difusión pública de una cámara oculta en la que se lo vio guardarse en el bolsillo interno de su saco un fajo de billetes que le dio una empresaria de medios platense que le pedía, a cambio de la “donación”, que fichara a su hijo en las inferiores azulgranas.
Pero detrás de la presentación de Moretti persiste un conflicto de competencia entre la Justicia nacional y la de la Ciudad que en los próximos días puede agravarse. Es que una y otra tienen causas abiertas contra el mandamás del “Santo” por el mismo delito y bajo el mismo tipo penal. Hay reclamos mutuos de declinación de la competencia y, ahora, una denuncia grave.
Vence, que inició la causa “de oficio”, reclama que la jueza nacional Laura Bruniard se inhiba de continuar en el caso porque su expediente es previo y porque, además, investiga un delito de competencia de la Ciudad, por haber pagado, de la cuenta de San Lorenzo, más de 200.000 dólares para pagar avión y hotel en Quito para una delegación que incluía a 30 hinchas connotados del Ciclón para un partido de Copa Libertadores.
Y la fiscal Mónica Cuñarro, que lleva adelante la investigación a partir de la unificación de sendas denuncias de la oposición azulgrana, presentó su dictamen en el que le pidió a Bruniard que rechace la declinatoria de competencia por considerar que el delito que se le atribuye a Moretti (defraudación por administración infiel en perjuicio del club San Lorenzo de Almagro, en los términos del artículo 173, inciso 7 del Código Penal) es de competencia exclusiva de la Justicia nacional con asiento en la Capital porque no figura en ninguno de los acuerdos de transferencia de competencias penales a la Ciudad.
Le solicitó, en consecuencia, que le pida a la Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4 porteña que “decline su competencia en favor del fuero nacional” y fije nueva fecha para indagar a Moretti.
Pero planteó un tema aún más grave que aquella discusión “técnico-legal”. Sostuvo que la defensa de Moretti y la representación legal del club en este caso actuaron de forma coordinada para “digitar” el proceso de forma de que continúe en manos del fiscal Vence y de que, al mismo tiempo, no avance la causa en la Justicia nacional.
En su dictamen, al que tuvo acceso LA NACION, Cuñarro repasó los acontecimientos que, según su criterio, le permitían “sospechar fundadamente de una maniobra de ‘fórum shopping’ llevada a cabo por la defensa de Moretti, a fin de garantizar la intervención del Dr. Vence, aún cuando parte de los hechos investigados exceden notoriamente su competencia material”.
Detalló, en tal sentido, los intentos desplegados por un representante legal del club para que tres empleados de la Tesorería de San Lorenzo no se presentaran a prestar declaración testimonial en la Fiscalía Nacional N°8; las citaciones de Vence a los mismos testigos, en ocasiones, en las mismas fechas, y, finalmente, el llamado a presentarse como imputado en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas especializada en delitos vinculados a los espectáculos deportivos realizado un día antes de que debiera concretarse la indagatoria de Moretti ante la jueza nacional Bruniard, que debió suspender el acto por pedido de la defensa, que también solicitó la declinatoria en favor de la Justicia de la Ciudad.
