El Senado de Pakistán retornó a debate una serie de cambios constitucionales el jueves para ratificar modificaciones hechas por la Asamblea Nacional, en el contexto de una profunda transformación legal que otorga inmunidad de por vida al presidente y al jefe del Ejército. Estos pasos se produjeron después de la aprobación inicial en ambas cámaras, marcando la entrada de la reforma en la Constitución nacional, informó la televisora estatal PTV. La noticia principal gira en torno a que el presidente Asif Ali Zardari firmó oficialmente esta reforma constitucional, que incluye el blindaje legal permanente tanto para él como para el comandante del Ejército, además de restringir las facultades del Tribunal Supremo y crear un nuevo tribunal para casos constitucionales, según consignó PTV.
De acuerdo con lo publicado por PTV, la firma presidencial sobre el proyecto de ley llegó inmediatamente después de que el Senado aprobara en segunda votación la enmienda constitucional, con un resultado de 64 votos a favor y cuatro en contra, mientras que los legisladores de la oposición abandonaron la sesión como manifestación de rechazo. Durante la sesión, se escucharon consignas como “inaceptable destrucción de la Constitución” por parte de quienes se oponen a la medida. El boicot opositor también había tenido presencia durante el trámite legislativo anterior.
El proyecto fue aprobado por la Asamblea Nacional el miércoles precedente, tras recibir la primera luz verde en el Senado el lunes. En la Cámara Baja obtuvo 234 votos a favor y cuatro en contra, aunque fueron incorporadas varias cláusulas que exigieron una nueva revisión en la Cámara Alta antes de la rúbrica presidencial. El proceso legislativo avanzó en medio de advertencias desde sectores opositores sobre un giro hacia el autoritarismo y la consolidación del poder militar, consigna PTV.
Entre los principales cambios introducidos, la reforma asegura inmunidad vitalicia al presidente para evitar la apertura de procesos penales en su contra. Este privilegio legal también se extiende al actual jefe del Ejército, Asim Munir. Según detalló la televisora estatal, la nueva legislación amplía las atribuciones de Munir, quien asumirá el mando de la Armada y de la Fuerza Aérea además del Ejército, bajo el nuevo título de jefe de las Fuerzas de Defensa.
El paquete de modificaciones también incluye la creación del Tribunal Constitucional Federal. Esta nueva instancia asumirá la responsabilidad exclusiva de dirimir asuntos constitucionales, función que hasta ahora correspondía al Tribunal Supremo. De acuerdo con la enmienda, el Ejecutivo designará a quienes ocupen los cargos de jueces en este organismo. Según citó PTV, en los últimos años el Tribunal Supremo ha bloqueado políticas impulsadas por el Ejecutivo y destituido a primeros ministros, lo que llevó a algunos analistas a interpretar la creación del nuevo tribunal como una reacción a la intervención judicial en la política nacional.
Sectores críticos, según reportes del medio Geo, interpretan estos cambios como un paso destinado a reforzar la supremacía de los militares en asuntos de Estado, debilitando la independencia del poder judicial y limitando la capacidad de control sobre el Ejecutivo. Las protestas y el boicot de la oposición durante la aprobación fueron acompañadas de denuncias verbales respecto a los riesgos que la nueva configuración institucional representa para la vigencia de las libertades y el equilibrio entre poderes.
En paralelo a la reforma constitucional, la Asamblea Nacional examinó este jueves otro proyecto de ley orientado a modificar la legislación militar. Tal como informó la cadena de televisión Geo, la propuesta establece que el mandato del jefe de las Fuerzas de Defensa tendrá una duración de cinco años contados a partir de su designación oficial. Este nuevo marco legal refuerza el control ejercido por el mando militar sobre instituciones castrenses y la organización jerárquica de las fuerzas armadas.
Las reformas recibieron críticas en medios locales e internacionales por el procedimiento parlamentario y el efecto que generan sobre el orden democrático. Según los detractores entrevistados en diversos espacios, también enumerados por PTV y Geo, la sanción y promulgación aceleradas sin participación de la oposición legítima impulsan tendencias autoritarias en el país sudasiático.
La secuencia legislativa desatada a partir de la presentación del proyecto y su rápida conversión en ley ha intensificado el debate público sobre la correlación de fuerzas entre el poder civil, el estamento militar y los órganos judiciales de Pakistán, como pudo observarse en los debates parlamentarios transmitidos por la televisión estatal.
