La referencia al reciente ingreso de fuerzas ecuatorianas en la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas ha situado en el centro del debate regional el respeto irrestricto a la legalidad internacional y a los principios de inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Este precedente ha cobrado particular relevancia en el contexto peruano luego de que el primer ministro Ernesto Álvarez descartara cualquier posibilidad de que las autoridades ingresen en la Embajada de México en Lima para ejecutar la orden de captura contra Betssy Chávez, contradiciendo de manera abierta las declaraciones previas del presidente José Jerí sobre la disposición gubernamental a proceder si fuera necesario. La controversia sobre la aplicación de la justicia frente a las obligaciones internacionales adquiridas por Perú ha acentuado las divisiones dentro del Ejecutivo, en medio de una crisis política e institucional que continúa captando la atención de observadores globales, según detalló la cadena peruana RPP.
El primer ministro Álvarez, acompañado del canciller Hugo de Zela, manifestó tras una conferencia en los exteriores del Congreso que toda acción de ingreso o intervención en la Embajada mexicana queda «descartada», debido al marco normativo nacional e internacional que gobierna la protección de sedes diplomáticas. RPP reportó que Álvarez apoyó su argumento señalando tanto su experiencia pasada como presidente del Tribunal Constitucional como la reconocida trayectoria del jefe de la diplomacia peruana en asuntos exteriores, lo cual reforzó la posición institucional de acatamiento estricto a las normas internacionales. El medio subrayó la importancia de estas declaraciones en momentos en que parte del Ejecutivo y de la sociedad peruana reclama acciones expedidas para cumplir la orden judicial que afecta a Betssy Chávez, ex primera ministra y actual solicitante de asilo en dependencias mexicanas en Lima.
Las tensiones escalaron tras las palabras de Jerí, quien días antes expresó abiertamente la posibilidad de una operación en la sede diplomática mexicana si la justicia así lo exigía. Según publicó RPP, esas declaraciones no solo encontraron el rechazo inmediato del canciller De Zela, cuyo posicionamiento remarcó el respeto al Derecho Internacional, sino que también activaron el debate interno en el gabinete y generaron cuestionamientos en sectores diplomáticos peruanos e internacionales. La disidencia pública entre el presidente y el primer ministro marcó un nuevo episodio en la secuencia de desafíos institucionales derivados de la crisis generada desde diciembre de 2022, cuando la gestión de Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción, hechos que derivaron en su destitución y detención inmediata.
El caso de Betssy Chávez, actualmente bajo solicitud de asilo diplomático en la Embajada de México, mantiene a Perú bajo foco internacional. Según indicó RPP, la ex primera ministra enfrenta acusaciones de presunta coautoría en el delito de rebelión, vinculadas a los sucesos protagonizados por Castillo. La Fiscalía ha pedido una condena de 25 años de prisión y dos años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El Tribunal Supremo dispuso además una medida de cinco meses de prisión preventiva. La postura del Ministerio Público y el desarrollo de la causa judicial se han convertido en elementos de presión interna para que el gobierno actúe con celeridad y efectividad, mientras que las consideraciones sobre la inmunidad diplomática complican la toma de decisiones del Ejecutivo.
El antecedente ecuatoriano, en el que la irrupción policial en una embajada derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas bilaterales y en reprimendas internacionales, se ha convertido en punto de comparación insoslayable para el tratamiento actual del caso Chávez en Perú. Según consignó RPP, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó recientemente la obligación de todos los Estados de respetar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, subrayando que así lo estipulan los compromisos multilaterales asumidos por la comunidad internacional. Sheinbaum advirtió que México no contempla ningún escenario que implique el uso de la fuerza dentro de la Embajada y precisó que las protecciones a las legaciones diplomáticas constituyen uno de los pilares del sistema internacional.
RPP especificó que, dentro del gabinete peruano, las posiciones resultan antagónicas: mientras un sector respalda el respeto estricto al Derecho Internacional y la no intervención en dependencias diplomáticas extranjeras, otro grupo interno aboga por medidas más activas para satisfacer las demandas judiciales y sociales. Las declaraciones de Álvarez acerca de la postura presidencial reflejan, según sostuvo el propio primer ministro, el sentir de una parte considerable de la ciudadanía, en especial dada la evolución del proceso contra Chávez y la presión mediática local.
La cadena también destacó que, hasta la fecha, la Embajada de México en Lima continúa operando con normalidad y no se ha informado sobre ningún cambio ni alteración en la política oficial peruana respecto al respeto de la sede y su personal. No obstante, la comunidad internacional permanece pendiente del desenlace del conflicto, reconociendo que lo que ocurra con Betssy Chávez puede fijar un nuevo antecedente en la región sobre el alcance del asilo diplomático, la soberanía estatal y la gestión de conflictos políticos y judiciales de alta tensión.
El proceso y las disputas derivadas han propiciado un análisis profundo en la opinión pública y en el sector jurídico peruano, donde el caso se percibe como un detonante para el debate sobre los límites legales y diplomáticos del Estado en contextos críticos. De acuerdo con RPP, la forma en que las autoridades peruanas y mexicanas resuelvan la controversia determinará no solo los vínculos bilaterales, sino también las reglas futuras para la resolución de crisis similares en Latinoamérica.
El caso Betssy Chávez, convertido en eje del debate institucional, resalta la compleja interacción entre justicia interna, obligaciones internacionales y consideraciones políticas, sin novedades hasta el momento en la situación de la Embajada de México y con las partes bajo la mirada atenta tanto de la población nacional como de actores internacionales, según insistió RPP.
