En la temporada 2015-2016, distintos clubes de la Segunda División española, entre los que se encontraban entidades como Alavés, Albacete, Córdoba, Elche, Girona, Huesca, Leganés, Mallorca, Osasuna, Real Oviedo, Tenerife, Real Valladolid y Real Zaragoza, según detalló Europa Press, dejaron de recibir aproximadamente 88 millones de euros tras la aplicación de una fórmula de reparto de derechos audiovisuales implementada por LaLiga, que el Real Madrid consideró contraria a la legislación vigente. Sobre esa base, el Tribunal Supremo resolvió anular la Disposición Adicional Segunda de los estatutos de LaLiga que había alterado el sistema de distribución de los ingresos televisivos sin habilitación legal expresa, favoreciendo al club blanco, que resultó privado de forma ilegítima de alrededor de 8,8 millones de euros durante ese periodo, y ordenando el pago de dicha suma al club presidido por Florentino Pérez.
De acuerdo con Europa Press, este fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo responde al recurso presentado por el Real Madrid y valida la postura que el club había mantenido, en el sentido de que la reforma introducida por LaLiga no respetó los parámetros legales existentes. La normativa en vigor establecía la obligación de asignar el 60% de los ingresos audiovisuales a Primera División y el 40% a Segunda División, con la salvedad de que el reparto en cada categoría debía realizarse en partes iguales entre los equipos respectivos. El Tribunal Supremo ratificó la postura del club blanco y desestimó íntegramente el recurso presentado por LaLiga, ratificando a su vez la posición adoptada por la Audiencia Nacional y respaldando la interpretación defendida por el Real Madrid sobre la ilegalidad de la disposición estatutaria.
Tal como publicó Europa Press, tanto el Real Madrid como los equipos de Segunda División mencionados experimentaron una merma económica como consecuencia de la aplicación de la fórmula transitoria de reparto, aplicada por LaLiga al justificar un vacío de normativa durante el citado curso liguero. A través de un comunicado oficial, el Real Madrid manifestó que la decisión del Tribunal Supremo avalaba plenamente sus posiciones y argumentó que el reparto llevado a cabo vulneró la legalidad, perjudicando no solo a la entidad blanca, sino también a numerosos clubes de la categoría de plata.
La sentencia judicial, según lo consignado por Europa Press, no solo reconoce el derecho de compensación al Real Madrid, sino que enfatiza la necesidad de ajustarse al marco legal y velar por la transparencia al tomar decisiones económicas de alcance en el fútbol profesional. Al mismo tiempo, el fallo marca la obligación de ceñirse a los estándares legales en cada actividad relacionada con la racionalización y el reparto de recursos generado a partir de la explotación de los derechos audiovisuales.
En reacción al fallo, LaLiga emitió un comunicado, al que refiere Europa Press, donde rechaza lo que califica como una “lectura sesgada y oportunista” atribuida al Real Madrid respecto a la interpretación de la resolución judicial, y adujo que la sentencia solo afecta a un aspecto técnico y limitado de la reforma. La organización de clubes remarcó que la disposición estudiada era una solución transitoria que buscaba cubrir un vacío regulatorio previo a la entrada en vigor de la legislación específica en la materia. De acuerdo con LaLiga, el Tribunal Supremo únicamente invalidó esa medida puntual y en ningún caso establece un nuevo modelo de reparto ni determina rehacer los ingresos que ya se distribuyeron en dicha temporada.
Europa Press detalló que LaLiga hizo referencia explícita al Real Decreto-ley 5/2015, que actualmente regula la atribución de los ingresos audiovisuales de la liga española. Ese decreto-ley asigna el 90% de la recaudación a los clubes de Primera División y el 10% a los de Segunda, incluyendo también como criterio el desempeño deportivo para determinar la cuota individual de cada equipo. Según LaLiga, este método ya se implementó durante la campaña 2015-2016 y constituye la referencia que se mantiene activa en los repartos subsiguientes, negando que el fallo judicial implique un reconocimiento explícito a los argumentos del Real Madrid ni una alteración de los principios de distribución vigentes en la actualidad.
La organización de los clubes también recalcó, de acuerdo a Europa Press, que el Real Madrid es el único club que compareció en el proceso judicial, sin que ninguna otra entidad de Primera o Segunda División haya cuestionado formalmente los acuerdos de reparto de ingresos audiovisuales alcanzados por las vías asociativas internas. LaLiga subrayó además que tanto las entidades de Primera como de Segunda División respaldaron el cambio estatutario en cuestión y el pacto económico del curso relevante dentro de los cauces institucionales establecidos.
Europa Press reflejó que, en su comunicado, LaLiga defendió la transparencia y el apego a la legalidad de sus actuaciones, justificando los mecanismos de transición como estrategias imprescindibles para evitar vacíos legales o desajustes que pusieran en riesgo la regularidad y la estabilidad de la competición. La entidad aseguró que la sentencia no establece la devolución de cantidades ya entregadas ni obliga a rectificar los acuerdos suscritos durante la temporada objeto de litigio. En sus palabras, la prioridad institucional consiste en “defender la integridad de la competición y la igualdad competitiva entre los clubes”, con el objetivo de garantizar un reparto de recursos previsible y equilibrado dentro del sistema futbolístico nacional.
Según informó Europa Press, LaLiga mantuvo que la reciente sentencia no reconoce compensaciones para clubes de Segunda ni para el propio Real Madrid, y tampoco exige anular los repartos previamente aprobados para la campaña 2015-2016. La organización comunicó que continuará respetando el marco legal definido por el Real Decreto-ley 5/2015 y reiteró que el fallo solo afecta una previsión estatutaria provisional de alcance limitado, sin modificar el fundamento general sobre el que se sustentan las decisiones económicas posteriores.
Desde la óptica del Real Madrid, la resolución del Supremo constituye un precedente que, a criterio del club, “restablece la legalidad” y reafirma la importancia de que todas las resoluciones relevantes para el fútbol profesional español se alineen estrictamente con la legislación y los principios de transparencia y proporcionalidad. El club blanco insistió en que tanto él mismo como los clubes de Segunda División mencionados resultaron perjudicados de forma ilegítima por la actuación estatutaria que la sentencia declaró contraria a la ley.
Europa Press documentó que el conflicto entre el Real Madrid y el órgano rector de los clubes españoles forma parte de un debate prolongado sobre la gestión de los ingresos generados por los derechos audiovisuales. Estas discrepancias han acentuado la tensión entre el club de mayor peso institucional y el conjunto asociativo, cuya capacidad de decisión se ha visto puesta en tela de juicio cuando surgen debates sobre mecanismos de reparto.
Frente a la interpretación ofrecida por el Real Madrid sobre el alcance de la sentencia y la validez de sus argumentos, LaLiga desacreditó cualquier atribución de efectos generalizados o implicaciones más allá del caso específico evaluado. El organismo consideró que las medidas transitorias aprobadas pretendieron en todo momento mantener la viabilidad y el equilibrio competitivo, y recordó que ningún club diverso al Real Madrid promovió acciones legales al respecto.
La resolución judicial dictada por el Tribunal Supremo, según lo recogido por Europa Press, pone fin a una fase del procedimiento judicial abierto por el Real Madrid en defensa de sus intereses sobre el reparto de los derechos televisivos, reforzando la exigencia de atenerse a las normas legales y a la transparencia en el marco de la economía del deporte profesional.
