José Luis Espert representa el primer sacrificio que Javier Milei ofrenda para aplacar la rebelión de las fuerzas del mercado en su contra. Un movimiento casi tan indómito como el de las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo, acaso el sector del oficialismo más satisfecho con el rito de la entrega que se vio obligado a practicar el Presidente, en apariencia, reacio a cambios que impliquen admitir el daño causado por la derrota del 7 de septiembre, origen de la pérdida de confianza en el Gobierno que mantiene sacudido al mercado cambiario.
Conocida por el nombre artístico de Karen Reichhardt, Karina Vázquez corrió el riesgo de ser parte de ese rito para justificar el ascenso purificador de Diego Santilli, otrora introductor en Pro de Espert, para completar el aire vago de tragedia dramática que rodea a esta supuesta sanación. Espert renunció a ser el primer candidato a diputado bonaerense del oficialismo por el presunto financiamiento narco que recibió. Reichardt lo secundaba en la lista y se especuló con que lo imite para que el tercero, Santilli, sea el primero.
La Justicia electoral confirmó a Reichardt en ese lugar. La Libertad Avanza confía en que la Cámara Nacional Electoral revierta ese fallo. Algunas versiones sostienen que la confianza de Caputo en Santlli para descontar los 14 puntos de ventaja obtenidos por Fuerza Patria en la elección anterior, se funda en el torrente recíproco nacido cuando la consultora Move incorporó de cliente a la Legislatura porteña administrada por Santilli en su condición de vicejefe de gobierno. Un comentario igual de malicioso al que alude a la prolongación de esos lazos hacia otras personas que ahora son funcionarios del Gobierno, como el titular del Arca, Juan Pazos. De ser cierto, la tensión promovida por la elección del 26 de octubre encubriría una lucha subterránea por espacios de poder, lo que le daría cierta lógica a que Milei resista cambios, sobre todo en un período de inestabilidad, donde podrían ser asociados a una pérdida de posiciones en esa disputa. Igual que antes Espert, si Reichardt figura en las listas del oficialismo es por una decisión exclusiva de Milei. Pero sin el aval de su hermana y de Caputo.
Santilli atravesó varias peripecias para trepar del quinto al tercer puesto. Desoído por Caputo pero también por Javier y Karina Milei en tiempos más prósperos que este, el veto de Mauricio Macri fue una de ellas. No es la única razón que hace comprensible la desconfianza de Macri en alcanzar un acuerdo luego del 26 de octubre. En especial por el silencio que Caputo y Karina habrían guardado y que no quebraron durante la reunión que mantuvo en Olivos con Milei y en la que le reclamó rectificaciones.
El cambio de expectativa de los inversores con los libertarios es proporcional al de Milei con Santilli. Pero para tranquilizar a los mercados, el Presidente depende de un golpe de efecto que supere el respaldo del secretario del Tesoro, Scott Bessen, y el acto catártico en el Movistar Arena. Nadie sabe si tendrá lugar al regreso del ministro de Economía, Luis Caputo, de los Estados Unidos o en la visita que Milei efectuará a Donald Trump el martes. Probablemente obnubilado por esa urgencia pierda de vista que incurre en contradicciones.
Lisandro Catalán, anunció que el Gobierno pagará 14 millones de dólares si la Junta Electoral bonaerense autoriza la reimpresión de la Boleta Única de Papel (BUP) adecuada a la nueva grilla de candidatos libertarios. El ministro del Interior adelantó que lo harían con ahorros de otras partidas. La necesidad de preservar el superávit fiscal de la tendencia al despilfarro de “la casta” fue el argumento de Milei para vetar leyes que incrementarían el gasto público.
No hay que descartar que la emergencia electoral haga que la supuesta propensión a la chapucería que se le endilga sea un detalle secundario para el oficialismo. Al kirchnerismo le sirve de consuelo. Las fisuras que observa en el Gobierno le permiten disimular las suyas. Al menos por este tiempo. El gobierno bonaerense asegura estar excluido de una campaña que Axel Kicillof llevaría adelante con la única asistencia de su voluntad. Los recursos, se quejan, los concentra el Instituto Patria.
Abogada, Cristina cree que se trata de una cuestión abstracta. Los fondos necesarios para costear la campaña brillarían por su ausencia. Algunos intendentes evitan tramitar en la Justicia permisos para visitarla por temor a que la expresidente les exija aportes extraordinarios. Tal vez se trate de una cadena de insatisfacciones. Los delegados de los intendentes en la Legislatura no autorizarán a Kicillof a tomar deuda por mil millones de dólares si no distribuye entre ellos una parte de eso fondos.
El consenso entre los del peronismo es que Kicillof pretende cubrir con esa suma el ejercicio de 2027. La presunción es que ya tiene resuelto el del año que viene. Esa prevención le permitiría sortear una Legislatura donde La Cámpora cobrará mayor poder si las exigencias para sancionar el presupuesto bordean lo inadmisible para el Ejecutivo. El parecido entre gobierno nacional y el bonaerense es tan notable que podría espantar al que no lo note primero. La concentración exclusiva en la coyuntura distrae su atención de temas inquietantes. Como la extravagante orden emitida por Juan Pablo Masi a Adrían González Charvay el 1° de octubre para que se inhiba de seguir investigando a Jorge D’Onofrio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y le remita todas sus actuaciones. Masi es el juez de Garantías N°4 de La Plata y González Charvay, el juez federal de Campana que ayer rechazó esa pretensión por escrito. D’Onofrio está imputado en una causa donde se investiga una estafa al Estado bonaerense con las fotomultas mientras fue ministro de Transporte de Kicillof.
Dos días después de intimar a González Charvay, Masi revocó a Secuntrans el carácter de querellante. Secutrans es la empresa concesionaria de fotumultas damnificada con esa maniobra. En 2019, la Corte suspendió 90 días a Masi por sobreseer a Daniel Scioli y al titular de Lotería, Luis “Chice” Peluso a los 13 días de declararse competente en una denuncia en su contra por enriquecimiento ilícito. Massi fue defendido entonces por Javier Percow, actual abogado de D’Onofrio. No es la única anomalía cursada en el Poder Judicial. Patricia Ochoa hizo su mejor esfuerzo para cumplir con un sueño reñido con las reglas de la Corte: tomarle juramento a Sebastián Carreira Ochoa. Patricia Ochoa es fiscal general de La Matanza y su hijo fue designado vocal en la Cámara de Apelaciones de esa jurisdicción mientras su madre representaba al ministerio público fiscal en el Consejo de la Magistratura. Tampoco todo es lo malo que parece. Precavida, Ochoa se ausentó de la sesión en la que su hijo fue elegido. Si el hecho no cobró notoriedad fue por el triple crimen de Florencio Varela, que conmocionó a la fiscalía general de La Matanza.
La volatilidad de los mercados también dejó en segundo plano la declaración que Martin Mena prestará el martes en el Consejo de la Magistratura. El ministro de Justicia bonaerense se presentará en la comisión de Disciplina, donde el voto de Luis Juez le permitió al kirchnerismo avanzar en una denuncia contra María Eugenia Capuchetti por su desempeño en la causa del atentado contra Cristina. La intervención de la jueza federal fue decisiva para capturar a Brenda Uriarte mientras huía y frente a la inacción de la Policía Federal. Uriarte y Sabag Montiel fueron condenados a 8 y 10 años de prisión por tentativa de homicidio contra Cristina. Mena le entregó a Capuchetti el teléfono de Sabag Montiel. El entonces viceministro de Justicia de Alberto Fernández acusó a la jueza de borrar su contenido. Capucetti lo denunció por falso testimonio. La magistrada está enfocada en investigar la actuación policial. Sobre todo la del comisario general Alejandro Ñamandú, el encargado de recomendarle a Capucetti el perito que terminó por inutilizar el teléfono de Sabag Montiel. Ñamandú reportaba al entonces ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, otro viejo amigo de Mena. La denuncia de Capuchetti contra Mena no registró actividad en los dos años que estuvo en poder de Ariel Lijo. Ni ahora con Julián Ercolini. El voto de Juez sorprendió a los vocales de la oposición tanto como que se ausentara del almuerzo posterior al que se había comprometido a asistir.
Si la comisión de Disciplina con mayoría kirchnerista resuelve sancionar a la jueza, debería someter esa moción al plenario donde no contaría con votos para ratificarla. Lo mismo que en la comisión de Acusación donde se sustancian juicios políticos. Juez mantiene su alianza en Córdoba con La Libertad Avanza con la intención de ser candidato a gobernador. Por eso le solicitó al bloque de Pro en el Senado ocupar una silla en el Consejo de la Magistratura y tener un escenario desde donde catapultarse. ¿Contendrá su voto el sacrificio necesario para el ascenso purificador de una causa desconocida? Por ahora, Juez también guarda silencio.
