El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los principales sindicatos del sector público introduce una revalorización salarial total del 11% para los empleados públicos en el periodo 2025-2028, aunque los sindicatos calculan que el aumento acumulado real podría llegar hasta el 11,5% debido al efecto de arrastre que generan los distintos incrementos anuales. Según informó el medio original, la subida para el año 2026 tendrá un componente fijo del 1,5%, al que se podrá sumar un 0,5% adicional si la inflación iguala o supera el porcentaje base acordado, beneficiando a más de 3,5 millones de trabajadores y afectando a todo el sector público: estatal, autonómico y local.
El Ministerio de Función Pública, junto con UGT, CSIF y, posteriormente, CCOO, firmaron lo estipulado en el ‘Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía’. Según detalló el medio, el incremento del 1,5% sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025 operará desde el 1 de enero de 2026, pero si la tasa de inflación interanual al cierre de ese año es igual o superior a esa cifra, se añadiría otro 0,5%, llegando hasta un 2% total. Ese tramo variable, en caso de activarse, se pagaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos desde el inicio de 2026.
El del año 2026 será el único incremento que combina una parte fija y otra potencialmente variable. Para el resto de años del ciclo pactado, los incrementos serán exclusivamente fijos: en 2025 se prevé una subida del 2,5% y para los ejercicios 2027 y 2028, incrementos del 4,5% y 2% respectivamente, de acuerdo con la información revelada por el medio. Estas mejoras salariales forman parte de la estrategia del Gobierno para actualizar las condiciones laborales en el sector público, en un contexto en el que la reforma ha recibido apoyo parlamentario mayoritario, con excepción de Vox, que votó en contra, y la abstención de Junts, tal como publicó el medio.
La ratificación de estos incrementos se materializó tras la convalidación en diciembre del real decreto ley que regula, de forma detallada, la subida retributiva del personal dependiente del sector público y asegura que los aumentos establecidos podrán entrar en vigor con efectos retroactivos desde el 1 de enero de los respectivos años, consignó el medio. Este marco normativo abarca a todos los ámbitos de la administración, garantizando que el incremento de 2025 se haga efectivo en diciembre, cubriendo los atrasos desde principios de ese año. La forma de pago y el calendario de abono para ejercicios futuros dependerá de la negociación sindical propia de cada administración, previéndose varias opciones de distribución temporal hasta 2028 o el pago único en diciembre de 2025.
Según informó el medio, además de los cambios retributivos, el Ministerio de Función Pública ha adquirido compromisos adicionales, como la negociación para instaurar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado. UGT informó que el objetivo es que esta medida pueda aplicarse entre febrero y marzo, tras las rondas de negociación programadas para el inicio de 2026. De forma paralela, el Ejecutivo se comprometió a delimitar el teletrabajo para el personal público, situando este tema en la agenda de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.
Estos avances forman parte de las medidas pendientes dentro del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, pactado en octubre de 2022, cuya implementación progresiva implica también la formación de una comisión encargada de monitorizar el cumplimiento de los objetivos suscritos entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO. De acuerdo con la información del medio original, dentro del acuerdo vigente se contemplan mejoras en ámbito de las condiciones laborales como la supresión de la tasa de reposición —lo que facilita el reemplazo y ampliación de plantillas—, la simplificación de los procedimientos selectivos para nuevos funcionarios y el incremento de personal en los servicios de atención al público.
También se ha acordado el rediseño del sistema de clasificación de puestos de trabajo para adaptarlo a funciones efectivas, experiencia y formación profesional, según precisó el medio. Se implantarán procedimientos de promoción interna mediante concursos selectivos y la introducción de convocatorias abiertas y permanentes, favoreciendo la movilidad y el desarrollo profesional dentro del sector público.
El texto del acuerdo recoge además la revisión de los complementos de residencia e insularidad, la actualización de las indemnizaciones por razón de servicio y la reducción de desigualdades retributivas entre empleados públicos. Otras medidas engloban el fortalecimiento de los servicios de atención al ciudadano, mejoras en los permisos y políticas de conciliación, mayor protección en materia de salud laboral (incluyendo asistencia psicológica y medidas frente a agresiones), y la actualización de las condiciones económicas del personal laboral en el extranjero.
En cuanto a la jubilación, el acuerdo incorpora la articulación de mecanismos para optimizar esta etapa y refuerza el sistema del Mutualismo Administrativo, que abarca instituciones como Muface, Mugeju e Isfas, mejorando la calidad asistencial, detalla el medio. La comisión bilateral formada entre el Ministerio y los sindicatos supervisará la implementación de cada punto recogido, reflejando así el esfuerzo conjunto por modernizar la función pública, consolidar derechos laborales y asegurar la estabilidad de las plantillas a corto y medio plazo.
