El sector eléctrico colombiano requiere $40 billones para evitar una crisis de abastecimiento

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El desglose de los $40 billones necesarios para evitar una crisis energética revela la magnitud del reto: $18 billones deben dirigirse a generación, con el objetivo de sumar 2.500 MW de capacidad instalada - crédito Europa Press

El temor a un nuevo apagón en Colombia, como el que marcó al país en los años 90, vuelve a surgir ante la advertencia de expertos y gremios del sector energético: si no se aseguran inversiones por al menos $40 billones en la próxima década, el sistema eléctrico nacional podría enfrentar una crisis de abastecimiento.

El crecimiento sostenido de la demanda, junto con la insuficiencia de nuevos proyectos de generación, ha encendido las alarmas entre operadores, asociaciones y analistas, que insisten en la urgencia de atraer capital privado para evitar racionamientos y alzas en las tarifas de energía. Así lo reportó El Colombiano, que recogió las voces de los principales actores del sector y detalló la magnitud del desafío financiero.

De acuerdo con datos de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), la capacidad de generación incorporada en los últimos cinco años ha quedado muy por debajo de lo necesario para cubrir la demanda. En 2021 solo se sumó el 7% de la energía prevista; en 2022, el 28%; en 2023, el 17%; en 2024, el 25%; y en lo que va de 2025 apenas el 1,4%, equivalente a 50 megavatios (MW) de los 3.517 MW proyectados.

Esta brecha llevó a XM a advertir ante el Consejo Nacional de Operación (CNO) sobre el riesgo creciente de insuficiencia energética, señalando que, sin una expansión decidida de la capacidad instalada, el país podría enfrentar apagones. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) estima que será necesario aumentar entre 2.500 y 3.000 MW para garantizar el abastecimiento, ya que se proyecta un déficit del 4% para 2028 y del 6% para 2030.

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El modelo de inversión en el sector eléctrico colombiano se basa en un esquema de mercado regulado y competitivo. El Estado define las reglas, pero la mayor parte de los recursos proviene de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, que asumen el riesgo de financiar proyectos de generación, transmisión y distribución.

Estas compañías recuperan su inversión a través de tarifas y contratos de venta de energía. En 2024, las empresas afiliadas a la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) destinaron cerca de $2,65 billones a proyectos de generación, mientras que la inversión extranjera en el sector alcanzó USD 222 millones en el primer trimestre del año, un aumento del 89% respecto al mismo periodo de 2024, según el Banco de la República.

El desglose de los $40 billones necesarios para evitar una crisis energética revela la magnitud del reto: $18 billones deben dirigirse a generación, con el objetivo de sumar 2.500 MW de capacidad instalada, de los cuales entre 700 y 800 MW deberían provenir de fuentes térmicas para garantizar energía firme hacia 2028, según Alejandro Castañeda, presidente de Andeg.

El desglose de los $40 billones necesarios para evitar una crisis energética revela la magnitud del reto - crédito Pixabay

La distribución requiere más de $10 billones y la transmisión cerca de $12 billones adicionales. Castañeda subrayó en El Colombiano que estos recursos no provendrán del sector público, debido a las restricciones fiscales, sino que dependerán del esfuerzo de los privados. “El capital que se necesita el Gobierno no lo tiene que poner, simplemente tiene que dar señales claras y efectivas para que los inversionistas confíen e inviertan, porque son contratos a muy largo plazo”, afirmó.

Sin embargo, atraer ese volumen de inversión privada enfrenta obstáculos significativos. Munir Jalil, economista jefe para la región Andina de BTG Pactual, explicó a El Colombiano que las altas tasas de interés actuales dificultan el acceso a créditos y afectan la rentabilidad de los proyectos. Además, la percepción de un riesgo país elevado, la confianza institucional y la falta de respaldo estatal al sector energético, en comparación con otros países de la región, complican aún más el panorama.

Jalil señaló que, mientras en países como México, Brasil, Chile o Perú existe un mayor apoyo a estos sectores, en Colombia la transición energética se ha planteado como una sustitución y no como una complementariedad, lo que desincentiva la inversión.

El Estado define las reglas, pero la mayor parte de los recursos proviene de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, que asumen el riesgo de financiar proyectos de generación, transmisión y distribución - crédito EFE

Julián Torrado, jefe de la Banca Corporativa y de Inversión de CIBC Latam, coincidió en que el interés por invertir en Colombia existe, pero las condiciones de mercado han cambiado de forma drástica. Antes de la pandemia, un proyecto de energía en operación podía negociarse con tasas de entre el 10% y el 11% en dólares; hoy esas tasas se ubican entre el 15% y el 16%.

Torrado atribuyó este aumento a la pérdida del grado de inversión del país y a las presiones fiscales. Además, advirtió que la incertidumbre sobre los tiempos de obtención de licencias y permisos desincentiva a los inversionistas, quienes prefieren opciones más seguras y rentables. Esta situación repercute directamente en los usuarios, ya que las tarifas de energía tienden a subir para cubrir los mayores costos financieros y operativos. Jalil agregó que, para compensar estos costos, el precio de generación debería ser mucho más alto, algo que resulta impopular.

Julián Torrado, jefe de la Banca Corporativa y de Inversión de CIBC Latam, coincidió en que el interés por invertir en Colombia existe, pero las condiciones de mercado han cambiado de forma drástica - crédito EFE

Las preocupaciones de los inversionistas no se limitan a las condiciones financieras. Según una encuesta de Acolgen citada por El Colombiano, persisten inquietudes sobre la estabilidad de las reglas del mercado, la dificultad para obtener permisos y licencias, la seguridad en las zonas donde se desarrollan los proyectos y el riesgo de impago por parte de los compradores de energía.

Este último aspecto está relacionado con los retrasos en el pago de subsidios, la opción tarifaria y las deudas acumuladas por entidades públicas, que, según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), suman $6,1 billones a agosto de este año. El gremio advirtió que esta situación incrementa el riesgo de cartera y pone en peligro la estabilidad financiera del sector, con el potencial de desencadenar un “apagón financiero”.

Las dificultades varían según el tamaño de las empresas. Las firmas pequeñas y entrantes muestran mayor preocupación por la depreciación del peso, las restricciones en el acceso al crédito y su alto costo, mientras que las grandes compañías priorizan los riesgos regulatorios, de impago y los conflictos con las comunidades.

A pesar de este panorama desafiante, el sector energético colombiano mantiene una notable capacidad de adaptación. De acuerdo con una encuesta de Acolgen, una mayoría de empresas planea incrementar sus inversiones en generación durante 2025, con una parte significativa de los recursos orientados a la modernización de proyectos hidroeléctricos y térmicos, así como al desarrollo de energías renovables, innovación e investigación, factores que serán determinantes para la evolución tecnológica y la seguridad energética del país.

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