La normativa, impulsada por el diputado Facundo Tignanelli, fue sancionada por unanimidad y blinda a hospitales, escuelas, clubes de barrio y asociaciones civiles ante el impacto de las tarifas.
En una decisión de fuerte contenido social, el Senado de la provincia de Buenos Aires sancionó una ley que impide el corte de servicios públicos esenciales a instituciones sociales, educativas y sanitarias, en el marco de las dificultades generadas por el aumento de tarifas. La iniciativa, presentada por el diputado Facundo Tignanelli (Unión por la Patria), fue aprobada por unanimidad con el acompañamiento de los bloques opositores y el aval del gobernador Axel Kicillof.
La normativa establece que las empresas prestatarias de electricidad, gas, agua potable y servicios cloacales no podrán interrumpir el suministro a asociaciones civiles sin fines de lucro, municipios y sus dependencias, hospitales y escuelas de gestión pública provincial y municipal, incluso en casos de deuda o aviso de corte.
Justicia social y protección comunitaria
“Es un proyecto que tiene una profunda justicia social y que se da en un contexto en el que las tarifas se volvieron impagables. No puede ser que un club, una escuela o un hospital tenga que elegir entre ayudar a la gente o pagar la boleta”, expresó Tignanelli durante el debate legislativo.
El legislador remarcó que la medida busca resguardar el entramado social y comunitario que sostienen estas organizaciones, muchas de las cuales operan con recursos limitados y cumplen funciones esenciales en sus territorios.
Planes de pago y sanciones a prestatarias
La ley también obliga a las empresas de servicios públicos de jurisdicción provincial a ofrecer planes de pago en cuotas mensuales, con condiciones diferenciadas respecto del usuario residencial o comercial. El objetivo es evitar la acumulación de deudas y facilitar la regularización de las obligaciones pendientes.
En caso de incumplimiento, el Ejecutivo bonaerense podrá aplicar sanciones económicas a las prestatarias, fijando multas según la gravedad y reiteración de la infracción.
Impacto territorial y antecedentes
La medida impactará en las zonas de Edesur y Edenor bajo jurisdicción provincial, y se enmarca en una serie de reclamos judiciales presentados por municipios como La Matanza, Pilar, Moreno, Tigre y San Fernando, que lograron frenar cortes de servicio mediante amparos.
El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2024 y obtuvo sanción definitiva el pasado 2 de octubre, durante la tercera sesión ordinaria del Senado provincial.
