El análisis de la documentación presentada por la candidata a la dirección de la cátedra de innovación en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se ha situado en el centro de la investigación, con atención especial a los informes académicos que respaldaron su idoneidad para el puesto y al proceso de justificación de sus competencias profesionales. Bajo este contexto, la comisión parlamentaria busca esclarecer la transparencia de los procedimientos de selección, la posible influencia de actores externos en el proceso, y la legalidad de la gestión de los fondos asociados a la cátedra. La noticia principal gira en torno al interrogatorio en el Senado a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Planificación y Relaciones Institucionales de la UCM y testigo en el denominado ‘caso Begoña Gómez’, junto a la revisión de la intervención de empresarios como Juan Carlos Barrabés, uno de los principales impulsores de la cátedra, en la conformación y funcionamiento de iniciativas académicas vinculadas al sector privado.
Según informó Europa Press, la comisión parlamentaria ha concentrado su estrategia en analizar cómo se determinó la idoneidad de Begoña Gómez para la dirección de la cátedra y si la experiencia en el sector privado, la participación en programas de máster y los vínculos con entidades empresariales considerados durante el proceso se ajustaron a los mecanismos reglados por la universidad. El Senado expuso en estas sesiones a Doadrio, quien también actúa como testigo ante instancias judiciales, para que explicara los detalles del procedimiento seguido durante el nombramiento. Doadrio afirmó ante los parlamentarios que, aunque la candidata no poseía un título académico superior, la normativa interna de la UCM contemplaba la posibilidad de acreditar competencias basadas en la experiencia profesional, siempre que la evaluación superara las fases y controles institucionales establecidos.
De acuerdo con los datos publicados por Europa Press, la comparecencia de diversos responsables universitarios y empresariales ante la comisión responde al objetivo de despejar dudas sobre la transparencia en la selección de directivos de iniciativas financiadas o apoyadas por empresas. Las preguntas dirigidas a los comparecientes han buscado determinar si la experiencia laboral ajena al ámbito universitario se ajustó a los estándares requeridos, y si existieron controles internos suficientes para garantizar la equidad del proceso.
La investigación tiene como uno de sus propósitos primordiales la revisión exhaustiva de la legalidad de cada fase administrativa, impulsada tras una iniciativa parlamentaria del Partido Popular que solicitó verificar la transparencia de los criterios de selección y la eventual existencia de injerencias externas, según consignó Europa Press. Las pesquisas incluyen la posible malversación de fondos, tráfico de influencias y prácticas de corrupción, no solo en la gestión de la cátedra de innovación en la UCM, sino en otras estructuras académicas similares que podrían haber enfrentado situaciones afines.
El medio Europa Press detalló que el ámbito de análisis abarca, además, la utilización de programas informáticos vinculados al ámbito universitario, incluyendo investigaciones para determinar si existió una apropiación de recursos con fines ajenos a los objetivos institucionales. La comisión parlamentaria solicitó información sobre la justificación de competencias profesionales de los aspirantes y el control de los procedimientos para verificar los méritos presentados por los candidatos a cargos directivos universitarios, prestando atención a la solidez técnica de cada candidato.
Durante su declaración, Doadrio aseguró que el trámite de presentación de candidaturas respetó los cauces formales establecidos, y que el rector de la UCM tomó decisiones respaldado por la documentación presentada y los dictámenes de los órganos encargados de la evaluación, sin desviarse de la regulación vigente. Europa Press indica que los informes favorables emitidos por los órganos competentes resultaron indispensables en el proceso previo a la designación oficial de Gómez, constituyendo un requisito reglamentario antes de cualquier nombramiento.
La cobertura de Europa Press señala que la comisión parlamentaria planea dar continuidad a la investigación a través de nuevas sesiones, citando en el futuro a otros responsables de la UCM implicados en la creación, aprobación y gestión de la cátedra, así como en iniciativas desarrolladas en colaboración con empresas privadas. Esta metodología de trabajo pretende identificar posibles patrones en los procedimientos de selección, nombramiento y autorización de responsables académicos en universidades públicas, ampliando el foco hacia entidades tanto internas como externas.
El seguimiento parlamentario de este caso ha generado efectos directos en la agenda pública, al abrir una reflexión sobre la fiabilidad de los sistemas de acceso a puestos de responsabilidad, la eficacia de los controles internos y la incidencia de intereses empresariales o políticos en las decisiones institucionales universitarias, según lo reportado por Europa Press. El impacto de estas investigaciones se extiende a la reputación de la UCM y la percepción social de la transparencia en los procedimientos administrativos.
Sobre el marco normativo que regula el acceso a cargos directivos en la universidad, el análisis llevado a cabo por los órganos parlamentarios y judiciales pone en cuestión si la equiparación entre competencias profesionales y titulaciones responde a los principios de mérito y capacidad exigidos por la función pública universitaria. Además, se examina si los documentos y certificados aportados por los candidatos satisfacen los requisitos legales y académicos recogidos en los reglamentos internos de la institución.
Europa Press destaca que la comisión realiza un examen minucioso de los expedientes, entrevistas y pruebas aportadas por los comparecientes, con la finalidad de establecer si las actuaciones administrativas se ajustaron a las normas internas o si existieron desviaciones. El objetivo de este proceso de revisión es establecer la imparcialidad y transparencia en los nombramientos y en la gestión de las cátedras universitarias financiadas o impulsadas por entidades externas, así como fortalecer la confianza en los procedimientos de la universidad pública.
Las próximas sesiones previstas por la comisión incorporarán nuevos testimonios y revisión documental adicional para profundizar en los métodos aplicados en la acreditación de competencias y en la administración de recursos relacionados con los cargos directivos universitarios. Según ha indicado Europa Press, la investigación sobre la cátedra de innovación de la UCM se enmarca en un contexto más amplio de revisión de las relaciones entre universidad pública y sector privado, y de las garantías para la selección de líderes académicos basadas en principios institucionales de transparencia y mérito.
