El Gobierno de Javier Milei se encamina a enfrentar este jueves un nuevo escenario adverso en el Senado, que se dispone a sesionar con un temario a contramano de los deseos de la Casa Rosada y, lo más grave, promete convertirse en caja de resonancia para las críticas de la oposición por las denuncias sobre presuntos actos de corrupción que salpican a la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe del Estado, Karina Milei.
A priori, el principal foco de tensión que podría tener la sesión, cuyo plan de labor se resolverá hoy en reunión de jefes de bloque, es la intención del kirchnerismo de impulsar un pedido de interpelación a Karina Milei para que responda sobre el escándalo en torno al manejo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Sin dictamen de comisión, la iniciativa necesitará del apoyo de los dos tercios de los presentes para habilitar su debate sobre tablas, una mayoría que parece lejana por el momento ya que en el resto de la oposición no hay, por el momento, demasiado interés en convertirse en furgón de cola la estrategia electoral del kirchnerismo.
La sesión es un hecho. “Hay unos cincuenta senadores que quieren sesionar, no hay forma de impedirlo”, le confió a LA NACION un colaborador de Victoria Villarruel, siempre blanco de las críticas de la Casa Rosada cada vez que la oposición la obliga a abrir el recinto de la Cámara alta. En esta oportunidad, la vicepresidenta no estará en la sesión, ya que estará a cargo de la jefatura del Estado por el viaje de Milei a la costa oeste estadounidense.
Los dos temas que casi con seguridad estarán en el temario del debate de este jueves serán la insistencia en la ley que declara la emergencia en la atención sanitaria a la discapacidad y una nueva reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
Vetada por Milei, la ley en emergencia en discapacidad fue insistida por amplia mayoría la semana pasada por la Cámara de Diputados y si el Senado hace lo mismo este jueves, quedará ratificada y promulgada. También en este caso la oposición necesitará reunir el apoyo de los dos tercios de los presentes para habilitar su debate sin tener dictamen de comisión previo.
Todo indica que estarían las mayorías requeridas para insistir con la ley. De ser así, sería la primera norma sancionada por el Congreso que logra romper el cerco del veto presidencial desde que Javier Milei empezó a aplicar la herramienta constitucional para tachar leyes que no son del agrado de su administración.
El otro tema que se discutiría el jueves es un proyecto que busca modificar la ley de trámite legislativo para aplicar un criterio restrictivo al tratamiento parlamentario que el Congreso debe darla a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y de facultades delegadas que emita el Poder Ejecutivo.
Sancionada en 2006 por impulso de Cristina Kirchner, la ley 26.122 estableció un mecanismo controversial conocido como sanción ficta, según el cual el silencio del Congreso implica la aprobación tácita de los decretos. Además, la norma redactada de puño y letra por la por entonces senadora y primera dama, estableció la obligación del rechazo de las dos cámaras legislativas para derogar un DNU.
El texto que obtuvo dictamen hace más de una semana – en un trámite por demás desprolijo, ya que el despacho terminó firmándose en los despachos de los senadores y no en el recinto de la comisión como establece el Reglamento- marcha en sentido contrario a la reglamentación vigente.
Así, el proyecto termina con la sanción ficta ya que establece un plazo de 90 días para que ambas cámaras del Congreso ratifiquen los decretos. Si en ese plazo no consigue respaldo, queda derogado de manera automática.
Como si fuera poco, la iniciativa establece que el rechazo de una cámara también alcanza para dejar sin efecto cualquier medida tomada a partir de un decreto de necesidad y urgencia o en uso de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo.
Es el peor escenario para este Gobierno, que hoy es minoría en las dos alas del Congreso y que, con suerte y algunas alianzas parlamentarias de por medio, podría llegar a tener mayoría en la Cámara de Diputados a partir de diciembre próximo si es que lo acompaña el resultado en las elecciones de medio término del 26 de octubre.
Según coincidieron varias fuentes legislativas, la jugada fue pergeñada por los gobernadores como una forma más de mostrarle su poder de fuego a Javier Milei tras la ruptura de relaciones como consecuencia de algunas promesas incumplidas por parte del Poder Ejecutivo y tras el traumático cierre de listas electorales en varias provincias.
De todas maneras y en caso de que sea aprobado, el proyecto pasará a Diputados, que actuará como cámara revisora. Esto le da al Gobierno tiempo para negociar o intentar bloquear su sanción definitiva. El terreno parece fértil si se toma en cuenta que es una materia en la que no hay unanimidad de criterios y que no se trata de un tema de urgencia o de alto voltaje social que unifique a la oposición, como fueron los casos de la recomposición a los jubilados, el apoyo financiero a las universidades y al Hospital Garrahan
