La administración municipal de Broadview, en Chicago, anunció la entrada en vigor de una emergencia civil debido a un conjunto de incidentes que, según las autoridades, comprometen la seguridad de funcionarios, empleados y residentes. Las tensiones en el suburbio se intensificaron a partir del flujo de protestas alrededor del centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Emergencia civil en Broadview tras las protestas contra el ICE

Las manifestaciones, algunas provenientes de grupos ajenos a la comunidad, según el comunicado oficial, derivaron en enfrentamientos que incluyeron personas detenidas y agentes lesionados.

Además, la alcaldesa Katrina Thompson denunció y notificó al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) recibir una amenaza de muerte considerada creíble, a la cual se sumó una amenaza de bomba dirigida al edificio del Ayuntamiento.

“Desde la redada del ICE en Midway y las posteriores protestas cada vez más intensas, las graves y creíbles amenazas de bomba y muerte, así como la amenaza de perturbar el gobierno municipal, no me dejaron otra alternativa que declarar el estado de emergencia civil en Broadview”, notificó Thompson.

La declaración de emergencia civil impacta el funcionamiento de la Junta de Síndicos, un órgano colegiado de gobierno y supervisión, cuyas reuniones deberán realizarse sin presencia física hasta nuevo aviso. Su decisión busca reducir la exposición de las autoridades locales ante posibles intentos de irrumpir en instalaciones municipales o repetir episodios violentos.

Protestas en el centro del ICE en el suburbio de Chicago

Las manifestaciones más recientes ocurrieron cerca del centro de procesamiento del ICE ubicado en Broadview, el mismo al que son trasladadas las personas detenidas en la operación federal denominada “Midway Blitz”.

Durante los eventos del sábado 15 de noviembre, previo a la declaración de emergencia, se registraron lesiones en dos agentes de la policía local. Según el reporte oficial, los oficiales resultaron heridos cuando los manifestantes superaron las barreras de seguridad.

En total, 21 personas fueron arrestadas ese día. Antes de esta última protesta, el suburbio había enfrentado manifestaciones recurrentes durante varios meses. La alcaldesa indicó que una de las causas de las tensiones es la ubicación del centro de procesamiento del ICE dentro del suburbio.

Previamente, el 13 de octubre, Thompson recibió una amenaza de muerte, que fue evaluada por las autoridades locales como específica y creíble. Un mes antes, el 4 de septiembre, personal municipal atendió una llamada telefónica que advertía sobre un posible artefacto explosivo en el edificio del ayuntamiento. El FBI fue informado de ambos incidentes y mantiene comunicación con la policía local.

Estos hechos se suman a las tensiones durante la manifestación del 15 de noviembre, cuando un grupo de protestantes de fuera de Broadview intentó ingresar por la fuerza al edificio municipal.

La respuesta a estos hechos llevó a la emisión de la orden ejecutiva de emergencia civil, que habilita a la administración a implementar medidas adicionales si se considera necesario.

Declaración de emergencia y detalles de la orden ejecutiva

La orden ejecutiva firmada por Thompson establece que la emergencia civil se activa con efecto inmediato debido a la combinación de amenazas dirigidas a funcionarios y propiedades municipales, así como a la continuidad de enfrentamientos vinculados a las protestas.

El documento cita las normas del Código de Ordenanzas de la Villa de Broadview que permiten al ejecutivo municipal actuar en situaciones que comprometen la continuidad de las funciones públicas.

La medida determina que las reuniones presenciales de la Junta de Síndicos quedan suspendidas mientras persista el riesgo señalado. Por lo tanto, las sesiones se llevarán a cabo de forma remota a través de una transmisión digital, en la que los miembros de la junta podrán participar y el público tendrá acceso para escuchar y enviar comentarios previamente al secretario municipal.

“No permitiré que las amenazas de violencia o intimidación interrumpan las funciones esenciales de nuestro gobierno, ni que otros funcionarios electos, el personal del ayuntamiento o los residentes corran peligro”, declaró Thompson sobre su decisión.

La orden se mantendrá vigente hasta que la alcaldesa considere que la amenaza inmediata ha cesado.